Según especialistas, las declaraciones del ex ejecutivo de Odebrecht Marcos Grillo apuntan a que el contrato por la conferencia que dio en mayo del 2012 en Sao Paulo el ex presidente Alan García fue una simulación relativa que esconde un negocio distinto
«De las 33 conferencias que dio el ex presidente, después de dejar el gobierno, la de Brasil fue la más cara». (Elaboración: El Comercio)Josefina Miró Quesada26.02.2019 / 10:10 am
Como parte de los interrogatorios a los ex ejecutivos de Odebrecht, el pasado lunes, Marcos Grillo, encargado de generar recursos para la caja 2 de la constructora brasileña, afirmó a los fiscales del equipo especial Lava Jato que el contrato por la conferencia del ex presidente Alan García del 25 de mayo del 2012 en Sao Paulo fue simulado.
Según Grillo, Jorge Barata le ordenó realizar el pago de US$100.000 por la exposición y le pidió que no dijera que venía de Odebrecht. Por eso, buscó al abogado Américo Spinola para que la transferencia se hiciera a través de su estudio jurídico.
Grillo, además, confirmó la autenticidad de los correos que intercambió con Spinola un mes después de la conferencia en junio para coordinar el pago. En su cuenta de Twitter, García descartó que se tratara de una coima y agregó que pagó impuesto a la Sunat por el pago recibido.
1. El contrato simulado
Los contratos simulados no son per se ilícitos. Dos personas, por ejemplo, pueden hacer creer a terceros, por razones de seguridad, que uno ha vendido ciertos bienes, aunque en realidad sigue siendo el dueño.
El Código Civil regula el llamado acto jurídico simulado, pero le impone una limitación: el acuerdo no debe afectar a terceros. En esos casos, el derecho no protegería la compraventa que se realiza para defraudar el pago de una reparación civil o un embargo.
Según la abogada civilista Nuria Allemant, la simulación no necesariamente implica que el acuerdo declarado es sobre algo inexistente. Eso ocurre con la simulación “absoluta”, donde, por ejemplo, las partes dicen que X prestó un servicio, pero nunca lo dio.
La simulación, sin embargo, puede ser también “relativa”, donde existe un contrato celebrado (“real”) distinto al declarado (“aparente”). “Por ejemplo, yo le pido a un amigo que aparezca como comprador de una casa, pero en realidad el dinero es mío y yo vivo en ella; es lo que ocurre con los testaferros”, explica el profesor de Derecho Civil de la PUCP Rómulo Morales.
Allemant y Morales coinciden en que el caso de García muestra un contrato de simulación relativa. “En este caso, el acto simulado es el pago por la conferencia, pero el acto real podría ser que se hizo por un soborno previo y el contrato sirvió para justificar su patrimonio. Lo que falta demostrar es el negocio real”, señala Allemant.
2. La conferencia en Brasil
Aunque el pago salió de la caja 2 de Odebrecht, García dice que la conferencia fue para la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp). El contrato se firmó con el estudio de abogados Spinola y tiene registrada como fecha el 5 de abril del 2012.
Los correos entre Grillo, generador de fondos de la caja 2, y Américo Spinola dan cuenta de que las fechas se modificaron y que la transferencia en realidad se efectuó el 9 de julio (dos meses después de la conferencia).
Según el abogado de García, Erasmo Reyna, las fechas se cambiaron para formalizar el contrato y posibilitar el pago en julio, dado que el acuerdo se dio en abril, cuando Barata le trasladó la propuesta de la Fiesp a García.
“Quien encargó al Estudio Spinola fue la Fiesp, situación que no era ajena a este tipo de eventos; García ya había sido contratado a través de terceros para dar conferencias”, señala a este Diario.
Según informó El Comercio en diciembre pasado, de las 33 conferencias que dio el ex presidente, después de dejar el gobierno, entre el 2011 y 2015, la de Brasil fue la más cara.
Para Morales, que el pago fuera ordenado por Odebrecht, a través del Estudio Spinola, refuerza la tesis de que hubo un contrato simulado por el uso de testaferros, ya que quien realmente pagó no fue ni la Fiesp ni el estudio –que fue el intermediario–, sino la constructora.
Agrega que el monto también es un indicador de la simulación: “La fiscalía debe preguntarse por qué se usó un testaferro y por qué se pagaron US$100.000? ¿Cuesta realmente eso o el propósito fue otro?”. Reyna sostiene que Grillo dijo el lunes que no conoció a García, que nunca tuvo coordinaciones con él y que solo acató lo que le ordenó Barata. Según Morales, es irrelevante que este sepa o no del acuerdo real, pues este actuó solo como un mandatario.
“Lo importante es la orden de Barata a Grillo de pagarle a Alan García con los fondos de la caja 2”, precisó. La fiscalía, en este caso, debe probar que este último sabía de la simulación. Una vez identificado el contrato “real”, agrega Morales, le corresponderá ver qué delito hay detrás.
3. Lavado de activos: suma de indicios
Por este caso, García es investigado por los delitos de tráfico de influencias, colusión agravada y lavado de activos. La fiscalía sostiene que el dinero por la conferencia es, en realidad, el pago de una coima, bajo la tesis de que García habría favorecido a Odebrecht cuando fue presidente (2006-2011) con un marco legal que le permitió adjudicarse el tramo 1 del metro de Lima (colusión) y que, además, habría influenciado al entonces comité de selección que dio la buena pro (tráfico de influencias).
Dado que el dinero es de origen ilícito por venir de la caja 2, utilizada para pagar sobornos, sostiene que también habría cometido lavado de activos.Para la penalista Vanessa Valverde, las declaraciones de Grillo sobre el contrato simulado refuerzan la tesis de la fiscalía. “Nadie discute que la conferencia se dio, sino si el pago era o no para esa conferencia”.
Explica así que se trata de un pago que, en su opinión, no corresponde al “rol que hace un típico conferencista” y añade que es irrelevante que se hayan pagado impuestos.
Sobre el delito de lavado activos, explica que las declaraciones de Grillo refuerzan la idea de que el delito previo habría sido corrupción y que el contrato de la conferencia pretendió darle legalidad.
ALD/ElComercio
