Los testimonios brindados por ex directivos de Odebrechtseñalan a ocho líderes políticos y dos ex congresistas como beneficiarios de aportes económicos a sus campañas electorales. El monto total inyectado de forma ilícita por esta compañía y la constructora OAS para esos fines alcanzó, entre el 2006 y el 2013, US$8,5 millones.
A diferencia de los casos en que se procesa por corrupción a funcionarios acusados de haber recibido sobornos a cambio de licitaciones, la fiscalía observa estos casos bajo la lupa del lavado de activos. Tres penalistas analizan el valor de los indicios conocidos hasta el momento sobre los políticos implicados.
Los expertos coinciden en que para procesar a una persona por lavado de activos no hace falta que el imputado haya conocido plenamente que el dinero recibido era fruto de un delito concreto. Explican que basta con que la fiscalía compruebe que los sujetos podían haber conocido que el dinero provenía de una actividad delictiva.
“La fiscalía dirá: tú podías conocer, ¿por qué podías conocer que provenía de alguna actividad delictiva? [Por] el monto que te dan, cómo te lo dan, en efectivo, clandestinamente, porque no opera manifestación ni declaración ni paga tributos, y por lo que haces posteriormente con los activos entregados”, afirma el ex procurador Yván Montoya Vivanco.
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El caso que más ha avanzado es el del ex presidente Ollanta Humala, en el que la fiscalía se encuentra próxima a presentar su acusación. En este –a diferencia de los otros–, están incluidos los aportes procedentes de dos fuentes: el Gobierno de Venezuela para la campaña del 2006 y Odebrecht en el 2011.
Para Rafael Chanjan, investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica, la veta de investigación venezolana es más fuerte, pues era más fácil que Humala presumiera que el dinero provenía de la defraudación de las arcas de ese país.
En la indagación que comprende a Odebrecht, es esencial corroborar los aportes de los colaboradores eficaces, afirma.Montoya coincide con este análisis al sostener que la ruta de recepción y gasto está mejor delineada en la campaña del 2006. En cambio, en los aportes de Odebrecht, los testimonios de los ex funcionarios llegan hasta la entrega del dinero en efectivo a Heredia, pero no se sabe qué ocurrió después. El ex procurador señala que la declaración de Barata, programada a partir del 12 de marzo, será clave.
El segundo caso que ha avanzado ostensiblemente es el de Keiko Fujimori, recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, y la cúpula del partido Fuerza Popular. En las audiencias de prisión preventiva, el fiscal José Domingo Pérez relató un conjunto de indicios con los que sustenta que el partido hizo una serie de inyecciones de aportes bajo la modalidad del ‘pitufeo’ para camuflar el origen del dinero.
El penalista Luis Lamas Puccio indica que cualquiera que reciba una donación puede presumir que el dinero es ilícito por la forma en que se lo entregan. Los aportes deben seguir procedimientos establecidos: ser bancarizados, pagar impuestos, tener un acuerdo de directorio en el caso de que provengan de una empresa, entre otros.
La justificación planteada por el ex secretario Jaime Yoshiyama, quien aseguró que el dinero fue entregado por el fallecido empresario Juan Rassmuss, no es sólida, según los penalistas. “Ese es un argumento que se usa mucho en el derecho: échale la culpa al muerto. Además, hay que considerar que esta es otra versión de Yoshiyama, antes dijo que no recibió”, afirma Chanjan.
Montoya plantea una línea de trabajo adicional que debería tener en cuenta la fiscalía para probar que la cúpula de Fuerza Popular utilizó dinero que sabía que era ilícito: el delito tributario. Al aceptar la donación de US$1 millón, se debió pagar un impuesto que ascendía al 30% del monto, afirma. En lugar de pagar los US$300 mil que correspondían a tributos, inyectaron el total del aporte como microaportes en las cuentas del partido.
—Curso de las investigaciones—
Los casos de donaciones a las campañas de los tres ex presidentes, que según Jorge Barata recibieron aportes en las campañas del 2006 y 2011 [ver infografía], aún no han avanzado tanto como los primeros dos.
Para el ex procurador Montoya, el reto es conseguir colaboradores internos en Perú Posible, Peruanos por el Kambio y el Partido Aprista que den pistas para descubrir transferencias bancarias realizadas con esas donaciones.
“Se sabe que hay aportes, se menciona a los enlaces, se está precisando cómo llegaron, pero no sabemos aun más detalles [sobre el uso del dinero]. Esos datos sirven para hacer algunos operativos de allanamiento, investigaciones preparatorias, impedimentos de salida, que como efecto colateral conseguirán colaboraciones”, señala Montoya.
Según Lamas, es relativo el argumento planteado por la defensa de algunos investigados de que Odebrecht tenía buena reputación. “Si mañana tengo un cliente que es un hombre prestigioso, no puedo obviar las exigencias de la ley. Tengo que pagar impuestos y cumplir una serie de exigencias”, afirma.
El caso más reciente es el de la lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano. Hasta ahora, ella es la única que ha reconocido que el dinero ingresó a su campaña en el 2010, aunque ha asegurado que Horacio Cánepa –su ex colaborador– tuvo acceso exclusivo y control sobre ese aporte.
Para Lamas, hay varios puntos que analizar. El primero es que Flores Nano tiene conocimientos sobre lavado de activos, pues fue abogada de César Cataño en un proceso de este tipo. El segundo es que el dinero debió ingresar a la contabilidad del partido siguiendo los procedimientos regulares. Además, ella no debió mantenerse en silencio al conocer el origen del dinero.
Por otro lado, los penalistas afirman que en el proceso a la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán se debe prestar atención al análisis contable de sus finanzas, pues ella fue autoridad pública durante el presunto aporte a la campaña contra la revocación.
“[Además] no es un elemento determinante si lo usó [el aporte] en provecho personal o no. En el lavado de activos, lo que importa es que luego de recibir el dinero algún subordinado le ha dado apariencia de legalidad camuflándolo con cócteles, aportes ‘pitufos’, etc.”, precisa Chanjan.
Un elemento por evaluar en todos los casos es para qué se entregó dinero. “¿Porque me cae bien o porque me voy a congraciar contigo?”, pregunta Lamas.
ALD/ElComercio
