Juan Carlos Galindo, Investigador y Perito Judicial en Delitos Económicos y Societarios, Experto en Prevención y lucha contra el Blanqueo de Capitales y el Cibercrimen, nos habla sobre el fraude de millones de euros en la EMT de Valencia.
Antilavadodediero / LaVanguardia
«Tal día como hoy, pero de hace dos años, el por entonces gerente de la EMT de Valencia, Garcia Alemany, presentaba en el grupo de delitos telemáticos de la Jefatura provincial de la policía nacional, denuncia por estafa de más de cuatro millones de euros en la EMT de Valencia.
El día anterior, el Sr Garcia recibió una llamada del Sr Gonzalez, empleado de CAIXABANK solicitando confirmación de ciertas operaciones (transferencias). Tras las comprobaciones pertinentes se descubre la estafa, se deniega la novena transferencia y se solicita al banco la retrocesión de todas las transferencias realizadas.
Así se destapo la trama. Trama que para algunas personas se ha convertido en un verdadero drama personal y familiar. En cambio, para otros, tan solo ha sido una mera anécdota, una muesca mas en su “revolver político”. Pero para muchos, es el mayor escándalo en cuanto a gestión de riesgos de una empresa publica en España. ¡La madre de todas las estafas! cuatro millones estafados, mas 500.000 euros en gastos directos e indirectos derivados de la misma. En total, nos ha costado a los valencianos 4,5 millones de euros. La mayor estafa consumada en una empresa pública en toda la historia de España.
Desde La Vanguardia, edición comunidad valenciana, hemos dado cumplida información al respecto de esta estafa que por desgracia nos ha tocado sufrir. En primer lugar, por el hecho en sí de su comisión. Recordemos que es una ciberestafa con una tipología muy concreta conocida como EL FRAUDE DEL CEO y, en segundo lugar, por la nefasta gestión posterior por parte de los responsables políticos que son los que gestionan la empresa municipal de transportes.
Han pasado dos años y todavía no tenemos nada claro, bueno si, que la culpa de todo esto la tiene una empleada con 38 años de antigüedad. ¿No les recuerda esto, salvando las distancias y los hechos, al fatídico accidente de metro donde la culpa la tenía el conductor? Reitero, salvando las distancias y los hechos. La culpa jamás la tienen los políticos.
Durante estos dos años se han abierto varias vías: la política, con una comisión de investigación. La penal, apresurándose en el juzgado de lo penal, instrucción por un delito de estafa y en el ámbito laboral, juicio por despido improcedente a la empleada injustamente despedida. Quedaría la civil, que entiende de ella el juzgado de instrucción 18 de Valencia , al ser una derivada de este.
LA COMISION DE INVESTIGACION
Una pantomima, una pérdida de tiempo y un insulto a la inteligencia. La comisión de investigación fue lo más parecido a un sainete, pero de los malos. No se quiso llegar al fondo de la cuestión, que no era otro, que dirimir quien tuvo la responsabilidad de lo ocurrido.
Dio igual que se aportarán informes policiales, técnicos, de la Sindicatura de Comptes, de ciberseguridad, aludiendo de forma clara que la empleada no tuvo nada que ver, que en la empresa no existan las medidas de ciberseguridad mínimas y que jamás se había formado a los empleados en materia de prevención de riesgos penales.
Ellos/as ( PSPV y Compromis) ya tenían su hoja de ruta predefinida, ya tenían escrito de antemano el final. Es más, hasta utilizaron su derecho de veto para usarlo con determinados profesionales para que no asistieran a esa comisión de investigación para que aportaran sus conocimientos.
Uno siente cierta vergüenza e impotencia, ante comportamientos impropios de ciertos políticos con responsabilidad pública. En ocasiones, y esta es una de ellas, siento que el tiempo de espera de cuatro años entre elecciones municipales es demasiado tiempo. Mucho tiempo. No se quiso llegar al fondo del asunto.
EL JUZGADO DE LO PENAL
Prosigue la investigación policial y judicial. En estos momentos se está esperando sendas comisiones rogatorias (son peticiones de información a otros países entre juzgados) solicitadas por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la UDEF. Ya que los “malotes” utilizaron distintas direcciones IPs ( número que se te asigna dentro de la red, y que es la manera que tiene Internet de saber quién es quién.
Una especie de «matrícula» para identificarte cuando estás conectado.) y números de teléfono. Así pues, se ha solicitado Comisión Rogatoria Internacional a las autoridades de Kenia, para la averiguación de datos relativos al número +254 XX XX 864, identificado como uno de los que había realizado llamadas al teléfono 96.315.85.09, siendo el prefijo internacional (+254) procedente de Kenia y a ISRAEL (+972) a fin de que, por las autoridades que corresponda, se proceda a:
1.- Obtener datos del titular de la IP (+fecha y hora-UTC), números de teléfono, dirección de facturación, otros teléfonos asociados, nombre y apellidos, documentación aportada para dar de alta la línea:
46.XX .85.X4X — 09/09/2019 a las 09:38:35 horario UTC
46.X9.XX .X44 — 09/09/2019 a las 09:38:37 horario UTC
2.- Obtener datos del titular del teléfono +972 X46 XXX 52X, dirección de facturación, otros teléfonos asociados, nombre y apellidos, documentación aportada para dar de alta la línea, en dicho rango de fecha
En el momento se dispongan de ellas se continuarán con las actuaciones de instrucción. Aunque lo más probable es que los titulares de las líneas sean a su vez personas o sociedades interpuestas y estas a su vez los sean de nuevo y así hasta agotar los plazos judiciales, ya qué será imposible su localización real. De ahí que cobre fuerza que la acusación (de la EMT) centre sus esfuerzos en demostrar que CaixaBank es responsable civil subsidiario de la estafa, ya que junto con la empleada Celia Zafra son los únicos investigados.
Todavía no se ha cerrado este capítulo tan sangrante para nuestra ciudad, queda mucho por hacer y determinar. Y en algunos asuntos como el laboral, puede sentar unas bases muy peligrosas para cualquier empleado que trabaje en una empresa pública. Ya que en segunda instancia (TSJCV) ha considerado procedente el despido. Si tener en consideración la falta de medidas de prevención implantadas en la EMT y la falta de formación e información de los empleados al respecto de ciberseguridad.
En definitiva, seguiremos atentos. Todavía no se ha escrito la última palabra. Pero eso sí, sin esperar ninguna asunción de responsabilidades políticas o públicas, para ellos este tema está ya amortizado».
