La Fiscalía General de la República (FGR) deberá devolver una residencia valuada en 38 millones de pesos a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Esta decisión surge tras el fallo de Ana Lilia Osorno Arroyo, Jueza Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, quien encontró improcedente la demanda de extinción de dominio presentada por la FGR.
De acuerdo con una investigación de la revista Emeequis, la jueza argumentó que la aplicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019 no corresponde a este caso, ya que Lozoya adquirió la propiedad en 2012. Este razonamiento se basa en que el delito de lavado de dinero, relacionado con la compra del inmueble, no figuraba en 2012 en el artículo 22 constitucional como causa para ejercer la acción de extinción de dominio.
La resolución tiene un impacto significativo en el caso de Lozoya, ya que se trata de un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este fallo estipula que la extinción de dominio solo procede en los supuestos previos a la entrada en vigor de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Otras propiedades en juego
Este caso podría influir en otro proceso similar, en el que la FGR busca la extinción de dominio de otra residencia de Lozoya ubicada en Ixtapa-Zihuatanejo. Los argumentos de la FGR en ambos casos son similares, lo que podría llevar a una decisión similar por parte del juez correspondiente.
Los abogados de Lozoya, Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso, han adoptado una estrategia de defensa que combina negociación con el Estado y preparación de recursos legales. Esta estrategia ha resultado exitosa en desarmar tanto los procesos penales como los de extinción de dominio.
Desafíos de la FGR
La FGR, enfrentando dificultades en sus casos contra Lozoya, puede apelar esta resolución. Esto permitiría que un tribunal Colegiado revise y resuelva finalmente el caso.
En los últimos años, la FGR no ha logrado concretar sentencias contra funcionarios públicos en casos notorios. Estos incluyen la compra de Agronitrogenados, la trama de corrupción Odebrecht, y otros casos de alto perfil.
