Es una prioridad para el país contar con jueces y fiscales que revisen exclusivamente casos de corrupción, vinculados a la administración pública.
Así lo anunció el secretario Anticorrupción, Iván Granda, cuando a nombre del presidente Lenín Moreno entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial que viabiliza la iniciativa.
Necesitamos que jueces y fiscales se pongan la camiseta de la ciudadanía, nunca más una justicia del lado de los corruptos y que libere a delincuentes”, Iván Granda, secretario Anticorrupción
Y como una prioridad será tratada en el Legislativo, según el titular de ese organismo, César Litardo, para demostrar «cómo las instituciones del Estado debemos trabajar en cojunto en procesos que permitan mejorar herramientas en la lucha anticorrupción…».
Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo encontró reparos entre juristas, expertos en Derecho Penal y asambleístas. Unos cuestionan que se haya buscado concretar la iniciativa mediante reformas al Código de la Función Judicial y otros que la propuesta sea abanderada por el Gobierno.
La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) se atribuye la idea de los jueces anticorrupción que fue compartida con la ciudadanía en múltiples foros.
El doctor en Jurisprudencia Alfonso Zambrano Pasquel dice que si se tratara de prioridad, el Ejecutivo no hubiera planteado la propuesta a través de un proyecto de reformas.
El asambleísta Henry Cucalón (PSC) indica que esa necesidad que usa el Gobierno como premisa para la creación de una especialidad para temas de corrupción debería utilizarse para otros delitos penales que preocupan también a la ciudadanía.
“Porque luchar contra la corrupción es importante, pero igual de prioritario es el delito contra la vida, debería haber jueces de violencia contra la mujer, o jueces para temas de asesinatos y violaciones que también son importantes…”.
Esteban Torres (Cambio-PSC) sostiene que la propuesta es positiva, pero tardía frente a los casos que ya se están ventilando en las cortes de Justicia y sostiene que el tratamiento de esas reformas en la Asamblea podría durar mucho tiempo.Esto durará bastante tiempo, porque las reformas al Código de la Función Judicial fueron propuestas hace algunos años y nunca han pasado en la Comisión de Justicia; entonces se debería aprovechar para reactivar el debate”,Esteban Torres, legislador (Cambio-PSC)
Y esa demora, sostiene el legislador, debería ser aprovechada por la Función Judicial para capacitar a los jueces justamente en materia de anticorrupción.
Esa capacitación, manifiesta Zambrano Pasquel, tiene que fortalecerse también en el Ministerio Público, y no crear en esta institución una unidad anticorrupción, porque ya cuenta con la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional y la Fiscalía Especializada en Administración Pública.
“La Fiscalía tiene ya compartimentada la estructura orgánica (…) La pregunta es: ¿están suficientemente preparados? En tema de droga más o menos tienen buen entrenamiento, en otro tipo de delitos contra la administración pública hay que reconocer que hay que fortalecer la capacitación y el conocimiento de la Fiscalía…”.
Y Zambrano cita como ejemplo la Fiscalía de Brasil y los resultados del caso Lavajato, relacionado con la trama de corrupción de Odebrecht, el mismo tema que en Perú ha permitido el procesamiento y apresamiento de exfuncionarios de alto rango. «En Perú la lucha contra la corrupción es una lucha real, han metido preso a expresidentes de la República, excandidatos, y uno que decidió suicidarse; es una justicia que demuestra, hasta hoy, que es incorruptible…».
Hernán Ulloa, jurista y vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana, sostiene que cualquier reforma a la ley de la Función Judicial debe ser iniciativa de la Corte Nacional de Justicia, pero no de la actual, sino de la que resulte después del proceso de evaluación que realiza la Judicatura.La Función Judicial siempre ha sido el pastel codiciado por el poder político y cualquier reforma que provenga del Ejecutivo no va a terminar en buenos resultados”, Hernán Ulloa, jurista y vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana.
Y recuerda la injerencia en la Justicia que, según los testimonios y supuestas evidencias en el caso Sobornos 2012-2016, tuvo el régimen del expresidente Rafael Correa. «El ambiente tan delicado que vive la Función Judicial por la injerencia del Gobierno anterior, no permite que la justicia del Ecuador empate con la confianza del pueblo ecuatoriano…».
Otro tema que genera incertidumbre es el mecanismo por el que tanto fiscales como jueces anticorrupción serán escogidos. Unos proponen que la misma CNJ sea la que escoja, en el caso de los jueces; y otros que debería ser a través de un concurso liderado por organismos internacionales.
ALD/ElUniverso
