Héctor Cid Pérez, también conocido como ‘el asesor’, entró en el Centro Penitenciario de Fontcalent durante el día de ayer acusado de un delito continuado de estafa agravada tras estafar 33.000.000 euros en criptomonedas; la estafa más grande en moneda digital conocida en España. El investigado se encuentra en prisión sin fianza tras ser denunciado y querellado por distintos inversores, a quienes dejó de pagar los beneficios y las rentabilidades comprometidas en los contratos y no devolvió las cantidades invertidas.
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La investigación exhaustiva de Julio Sanchez Abogados y de JFSTAR Detectives ha comprobado que el acusado había realizado numerosos contratos bajo la denominación «Contratos de gestión en inversiones financieras y de nuevas tecnologías» bajo la representación de la mercantil RENTBITCOIN S.A. y RENTBITCOIN PLC., mercantiles inexistentes. Se trata de una actividad que comenzó en el año 2018, que llegó a su punto álgido de actividad durante el transcurso del 2019 y a principios del 2020 y que implica alrededor de 140 perjudicados.
Su buena «fama de trader» y la alta rentabilidad que ofrecía en sus contratos fueron los factores que le llevaron a conseguir una amplia cartera de clientes, cuyos ingresos eran transferidos a una o varias wallets, conformando un total de 27 cuentas desde las cuales él mismo realizaba las operaciones de trading en la plataforma Binance sin distinguir las inversiones de cada cliente.
Aunque la investigación también implica a otros miembros, Cid será juzgado como el cabecilla de la trama al ser el principal controlador de las de las inversiones de las clientes y las posteriores operaciones. Entre los delitos por los que se está investigando al acusado se encuentran la estafa y/o apropiación indebida, falsedad documental, pertenencia a organización y grupo criminal y blanqueo de capitales.
La gravedad de los hechos de los que se le acusan y el riesgo de fuga y la manipulación o afectación a las pruebas existentes no solo en ordenadores y dispositivos telefónicos, sino también en contratos físicos, explican la medida de prisión provisional sin fianza. En este sentido, la falta de colaboración por parte de Héctor Cid ante la petición judicial de apertura de dispositivos electrónicos el día 3 de junio también ha favorecido en el procedimiento del juzgado.
Asimismo, Héctor Cid está acusado de suscribir contratos bajo el posible nombre falso de Máximo Cid González.
Tras los procesos de investigación realizados y las declaraciones realizadas por miembros que presuntamente estarían involucrados, de nacionalidad española, italiana y argentina -Rubén Giner, Goiga Benidini y Mikaela Batricevic-, se deduce que se han creado dos bandos que intentan apuntar al contrario como culpable. Sin embargo, lo que está claro hasta el momento es que las mercantiles creadas eran fantasmas y no existía ningún tipo de reserva de bitcoins, ni fianzas o avales.
En la trama, también se ha visto involucrada la sociedad Seomarkets Business Solutions S.l, propiedad de Alejandro Molla Consuelo y gestionada con ayuda de Nuria Gómez y Rafael Ramos, con la que establecieron un acuerdo de ‘tradeo’.
