En la investigación contra políticos y ex legisladores que presuntamente recibieron sobornos de Odebrecht para aprobar la reforma energética, a la Fiscalía General de la República (FGR) se le «extraviaron» la evaluación y declaraciones patrimoniales de Emilio Lozoya.
AntilavadoDeDinero / elnorte.com
De acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación, en la indagatoria aparece un oficio que especifica la inclusión de esos documentos; sin embargo, las 51 páginas con la información patrimonial del ex director de Pemex no están agregadas en el expediente.
El ex senador panista Jorge Luis Lavalle solicitó a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte una audiencia, cuyo propósito es hacer comparecer a los fiscales federales para que expliquen por qué omitieron u «ocultaron» dichas pruebas.
De momento, el juez responsable de la solicitud no ha acordado una fecha de audiencia, debido a la pandemia de Covid-19.
El reclamo de estos documentos llegó hasta la justicia federal porque Lavalle antes los pidió a la FGR; sin embargo, el 23 de enero ésta rechazó proporcionarlos, argumentando que el oficio no tiene relación con la investigación contra los políticos y ex funcionarios denunciados por el ex director de Petróleos Mexicanos.
La evaluación y declaraciones patrimoniales omitidas en esta indagatoria fueron clave para que la SFP inhabilitara al ex director de Pemex por un periodo de 10 años para ocupar cualquier cargo público a nivel federal, una sanción dictada en mayo de 2019.
El pasado 26 de enero Lavalle estaba citado para una audiencia inicial donde la FGR iba a imputarle los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, derivado de la denuncia que Lozoya presentó el 11 de agosto pasado.
No obstante, un día antes la FGR solicitó cancelar y diferir indefinidamente dicha diligencia, ya que reportó que los fiscales que formularían la imputación tenían síntomas de Covid-19.
En la querella presentada por Lozoya, en la que busca el criterio de oportunidad o inmunidad penal, acusa a 16 políticos y ex altos funcionarios de ser los destinatarios del dinero que en un primer momento él recibió de la constructora Odebrecht.
En esa lista incluye al ex Secretario de Hacienda Luis Videgaray y los panistas Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Ricardo Anaya y Jorge Luis Lavalle, así como a David Penchyna, José Antonio Meade, Ernesto Cordero, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño.
La finalidad de los sobornos era que el Gobierno de Enrique Peña Nieto consiguiera la aprobación de las reformas estructurales en el Poder Legislativo, según el denunciante.
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