El presidente del Colegio de la Abogacía de Santa Fe, Andrés Abramovich, rechazó el proyecto del Gobierno Nacional de Argentina, que propone obligar a los abogados a reportar las operaciones sospechosas de lavado de dinero de sus clientes.
“Como profesionales del derecho no tenemos ninguna obligación de informar acciones sospechosas de lavado de dinero ante la Unidad de Información Financiera. Ya hay organismos que lo hacen y están obligados a informar, como el Registro de la Propiedad de Inmuebles, el Registro Público de Comercio, los escribanos y los contadores” precisó Abramovich en diálogo con “Primera Mañana”.
El letrado remarcó que los abogados cuentan con el secreto profesional, que es un pilar de la profesión. “Confidencialidad y derecho de defensa surgen de la Constitución Nacional” aclaró el titular del Colegio y agregó que “no se trata de amparar delincuentes, sino que las personas puedan ejercer debidamente su derecho de defensa y que se evite la condenar a inocentes”.
En relación al proyecto que impulsa el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona, Abramovich aseguró que “es un ataque a la Constitución Nacional, es un ataque al Estado de Derecho y, por supuesto, todas las organizaciones que defendemos los derechos e intereses de las personas, vamos a salir a plantear evidentemente las acciones judiciales correspondientes, en el caso que prospere estas iniciativas”.
Consultado si el gobierno nacional tiene una “obsesión con la abogacía” por los diferentes proyectos que impulsa, el dirigente sostuvo que “este ataque a la abogacía es justamente con la intención de fulminar derechos, de dejar de lado que las personas y sobre todo los más vulnerables, aquellos que necesitan acceder a la información, que necesitan conocer sus derechos y sus garantías, puedan ejercerlo, puedan hacerlo valer.
Por eso el ataque a la abogacía no es un ataque directo contra personas que ejercemos la abogacía, sino que lo que tiende es a disminuir derechos de las personas que son más vulnerables”.
