El fiscal Germán Juárez volvió a dar un golpe. Esta vez lo hizo en el caso de los 19 árbitros que presuntamente cobraron coimas a Odebrecht para emitir laudos arbitrales en favor de los consorcios o concesiones que encabezaba la empresa brasileña.
Ayer, tras recibir la orden del juez Manuel Chuyo, Juárez lideró el allanamiento de 14 inmuebles, junto a equipos de fiscales y de la Policía, en los distritos Surco, San Isidro, La Molina, Miraflores, Punta Hermosa, Lince y Ate.
De acuerdo a la resolución, a la que accedió Perú21, la autorización judicial fue para intervenir las propiedades de los ex árbitros Luis Felipe Pardo Narvaez, Randol Edgard Campos Flores, Franz Nunzio Fernando Kundmuller Caminite y Fernando Cantuarias Salaverry.
Asimismo, hacer lo propio en las viviendas del ex procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Jaime José Valés Carrillo, y del ex director de concesiones del mismo ministerio, Celso Martín Gamarra Roig.
El objetivo de las diligencias fue encontrar documentación y evidencias que demuestren la hipótesis del Ministerio Público: que los arbitrajes entre Odebrecht y el Estado peruano estaban amañados en favor de la constructora.
La delación
La medida se sustentó en lo declarado por el colaborador eficaz 14-2017. El colaborador contó que, en abril de 2012, existió un encuentro en la oficina del entonces funcionario público Gamarra Roig, en el que participaron el árbitro Horacio Cánepa; su colega Cantuarias Salaverry; y el abogado de Odebrecht, Ronny Javier Loor Campoverde.
En esa reunión se acordó someter a un “arbitraje ad hoc” los gastos adicionales en la Vía Evitamiento de la carretera Interoceánica Norte, ubicada en Tarapoto, por los que Odebrecht reclamaba más de US$28 millones.
En esa cita, señaló el informante, Loor Campoverde y Gamarra “instruyeron a Cánepa Torre y Cantuarias Salaverry para que emitan una decisión favorable a Odebrecht”. Ahí también se decidió elegir a Kundmuller Caminite como presidente del tribunal arbitral.NOTAS RELACIONADAS
El colaborador precisó que el MTC “pagaba de manera inmediata y no presentaba acción (legal) alguna” contra el fallo arbitral. Según el testimonio, Cánepa recibió el 1% del “monto bruto” tras emitir 13 fallos.
Loor Campoverde le dijo a Cánepa que para concretar el pago debían transferirle el dinero a una cuenta en la Banca Privada D’Andorra (BPA). Para ese cometido, fue Francisco Xavier Pérez quien, como miembro de la BPA, le gestionó la apertura de un fondo al entonces árbitro. El primer desembolso fue por US$15 mil, pero el monto total que se le entregó ascendió a US$1’442,000.
Perú21 conoció que Horacio Cánepa es el colaborador eficaz, razón por la cual el fiscal Juárez no lo comprendió en las intervenciones.
Según la investigación, Cánepa no se quedó con todo el dinero, sino que lo repartió a los otros árbitros que se prestaron para la ilegal maniobra.
Las controversias legales a las que se llegó hasta el arbitraje fueron por la Interoceánica Norte, la Interoceánica Sur Tramo II y III, el Sistema de Agua Potable de Chimbote y la carretera Callejón de Huaylas Chacas-San Luis.
El otro árbitro
Otro de los letrados que son investigados es Humberto Abanto, quien emitió tres fallos en beneficio de la constructora.
Abanto es abogado de Jaime Yoshiyama, ex dirigente fujimorista que es señalado por el Ministerio Público de recibir US$1 millón ilegales para financiar la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011.
Germán Juárez también solicitó al juez Chuyo intervenir la vivienda del abogado, así como la de otros 13 investigados, pero su requerimiento le fue rechazado.
“A mí se me ha incorporado como investigado solo porque emití laudos (en favor de Odebrecht), pero no porque alguien haya dicho que me dio dinero. En Andorra no han encontrado ni van a encontrar jamás una cuenta mía”, manifestó Abanto en diálogo con este diario.
El letrado sí reconoció que un representante de Odebrecht lo llamó para ser árbitro de la empresa y aceptó la propuesta. “No importa quién designe al árbitro, lo que importa es ser imparcial”, explicó. Asimismo, dijo que cumplió similar función para el Estado.
Tras cumplir con las diligencias, ya en la noche, el fiscal Germán Juárez contó que buscaba allanar 43 inmuebles, pero el juez solo le autorizó la intervención en 14 de ellos.
“Los árbitros se ponían de acuerdo para laudar a favor de Odebrecht, y los funcionarios que debían defender los intereses del Estado no lo hacían o hacían una labor deficiente, y actuaban así porque recibían sobornos de Odebrecht”, alegó.
Sabía que
Perú21 conoció que en diciembre pasado, siendo fiscal de la Nación, Pedro Chávarry quiso retirar del equipo especial del caso Lava Jato al fiscal Germán Juárez y comunicó sus pretensiones al coordinador Rafael Vela.
El argumento de Chávarry, según fuentes, era que Juárez no mostraba avances en los casos de Susana Villarán y ‘Club de la Construcción’, el mismo discurso que tenía el fujimorismo.
ALD/Peru21
