Las disueltas leyes domésticas y los conflictos de interés confluyen en las regiones de triple frontera en la Amazonía. Los compromisos de protección de la vida silvestre de la región cambian con cada nueva administración política.
El presidente saliente de Brasil Jair Bolsonaro redujo los esfuerzos por combatir la pesca, la tala, la ganadería y la minería ilegales como parte de una agresiva campaña por abrir la Amazonía a un desarrollo más comercial. El presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, más conocido como «Lula», ha prometido revertir esto por completo.
El expresidente colombiano Iván Duque (2018-2022) declaró los delitos ambientales como el principal objetivo de su política de seguridad, pero no hizo muchos esfuerzos cuando la deforestación se disparó. El actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado la protección del Amazonas como uno de los pilares de su agenda.
El presidente de Perú Pedro Castillo vaciló entre declarar la necesidad de acciones prontas para controlar la deforestación y promover el desarrollo económico de la región. Su destitución y arresto tras un intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022 ha agudizado el caos político en el país, y empujado las preocupaciones ambientales mucho más abajo en la lista de prioridades del gobierno.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, anuló toda protección para la región amazónica del país y se beneficia de su saqueo.
Marco legislativo y voluntad política por país
Brasil
Varios factores importantes que dan forma al marco legislativo en Brasil son su federalismo y el rol desproporcionado del poder ejecutivo, a nivel estatal y nacional. El gobierno de Bolsonaro buscó agresivamente desmontar las protecciones sobre los territorios indígenas y las reservas naturales de la región para hacer posible el desarrollo económico y la minería. Estos invariablemente han llevado vías y otra infraestructura, lo que por lo general es la puerta de entrada para delitos ambientales a gran escala en la Amazonía, incluido el despeje ilegal masivo de selva para la ganadería y la agricultura. El sucesor de Bolsonaro, Lula, quien ocupó la presidencia entre 2003 y 2010, se comprometió durante su campaña a combatir la pérdida forestal. Pero sin reformas de fondo que blinden las protecciones, un nuevo presidente podría simplemente revertir los esfuerzos de Lula.
La Amazonía que corresponde a Brasil, el área designada por ley como selva amazónica, comprende cerca de 500 millones de hectáreas y representa casi el 60% de la región selvática de la Amazonía suramericana. Casi una tercera parte de las selvas de Brasil están demarcadas como territorios indígenas. Tras el final de la dictadura militar en 1985, una nueva constitución reconoció los derechos de los pueblos indígenas a su tierra, lo que previó que los intereses de estas comunidades están por encima de los intereses del gobierno.
Las reservas de Alto Río Negro y Yanomami —que juntas suman 18 millones de hectáreas— constituyen la mayor parte de la tierra en la frontera de Brasil con Venezuela y Colombia. La reserva del Alto Río Negro, que alberga 23 tribus, fue declarada territorio indígena en 1998, mientras que la reserva Yanomami fue declarada como tal en 1992. La masiva invasión de buscadores de oro ha creado una tragedia ambiental y humanitaria en la reserva Yanomami en Brasil y en el parque Nacional Yapacana, de Venezuela.
En territorio Yanomami, es necesario restablecer las tres bases de protección etnoambiental cerradas por el gobierno. Un juez federal brasileño ordenó al gobierno que reabriera las bases hace más de cuatro años, pero esto no se ha cumplido. La Asociación Hutukara Yanomami y la ISA han demandado la creación de al menos tres nuevas bases para vigilar los ríos. También deben cerrarse las empresas de transporte aéreo que facilitan la minería ilegal y judicializarse a sus dueños.
La constitución del país ordena que toda exploración en busca de recursos minerales o hídricos, así como su explotación, por parte del gobierno en tierras indígenas solo puede hacerse después de una consulta previa con los grupos que habitan los territorios. Bolsonaro y los legisladores aliados suyos, sin embargo, trataron de cambiar los límites geográficos o el estatus legal de las tierras protegidas para abrirlas a la minería, la agricultura y proyectos de infraestructura por parte de intereses particulares.
En febrero de 2020, Bolsonaro presentó ante el Congreso el proyecto de ley PL 191/2020, que permitía la regulación de la minería y otros proyectos en Territorios Indígenas. Dos años después, se puso en espera el proyecto de ley, luego de multitudinarias protestas. En marzo de 2023, el gobierno de Lula solicitó al Congreso que archivara el proyecto de ley.
Los legisladores locales también intentaron suavizar las regulaciones mineras. En Roraima, los diputados aprobaron un proyecto de ley que hacía más laxas las regulaciones sobre el uso de mercurio en la minería a pequeña escala, y otra que prohibía la destrucción de equipos de minería confiscados.
Los detractores dicen que la retórica de Bolsonaro y su negativa a enfrentar con contundencia la tala, la minería y la ganadería ilegales incitaron la deforestación. Durante el mandato de Bolsonaro, el organismo ambiental de Brasil, el Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), encargado de la inspección ambiental con facultades de sanción administrativa, sufrió recortes enormes en su presupuesto anual y su personal.
Durante el primer año de Bolsonaro en la presidencia, la deforestación llegó a 9.178 kilómetros cuadrados, duplicando casi la deforestación de 2018. Durante los dos años siguientes, la pérdida de selva se mantuvo por encima de los 8.000 kilómetros cuadrados. Y 2022 fue el peor de su administración, con 9.227 kilómetros cuadrados talados entre enero y octubre, según el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (Instituto de Pesquisas Espaciais, Inpe). Varias partes de Amazonía brasileña han pasado de ser sumideros a emisores de carbono.
“No hay seguridad climática para el mundo sin protección para el Amazonas”, declaró Lula en una alocución en la cumbre climática COP27 organizada por las Naciones Unidas (ONU) en Egipto en noviembre de 2022. “Haremos lo que sea preciso para tener en cero la deforestación y la degradación de nuestros biomas”.
Lula ya ha tenido éxitos en la reducción de la deforestación, y gran parte de la comunidad internacional respaldará sus esfuerzos. A dos meses de su posesión, el nuevo presidente lanzó su campaña para combatir los delitos ambientales. Se desplegó una fuerza de tarea integrada por la policía, el ejército y los organismos ambientales para expulsar a los mineros ilegales de las tierras de los Yanomami. La expulsión de los mineros ilegales del territorio Yanomami puede aliviar la presión a la que se ha visto sometida esta comunidad indígena durante años a manos de los garimpeiros. Pero los mineros ilegales están desplazándose hacia la frontera con Venezuela, y pronto seguramente llegarán a otros rincones de la cuenca del Amazonas para seguir su saqueo ilegal. Por esta razón, es esencial crear programas de desarrollo alternativos en las fronteras y reforzar la cooperación multilateral para evitar que se presenten crisis similares en otros territorios.
“Es de extrema importancia no solo clausurar una actividad perjudicial como la minería ilegal de oro o la tala ilegal, sino ofrecer oportunidades económicas sólidas como alternativas a dicha actividad”, declaró Daniel Nepstad, presidente y director ejecutivo de la organización sin ánimo de lucro Earth Innovation, en una entrevista reciente con InSight Crime.
Por ejemplo, Brasil debe reforzar programas como el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, FNDF), dirigido por el Servicio Forestal Brasileño (Serviço Florestal Brasileiro, SFB); propender por el fomento de actividades forestales sostenibles en Brasil, y promover la innovación tecnológica en el sector forestal.
Pero también es muy probable que Lula se tope con la resistencia de quienes consideran la Amazonía su patio trasero. Durante la segunda vuelta por la presidencia en 2022 entre Lula y Bolsonaro, este último ganó en ocho de los diez municipios donde se presentó la deforestación más alta en el año anterior, según un informe del Observatorio del Clima (Observatório do Clima), una red de organizaciones de la sociedad civil brasileña.
Venezuela
Desesperados por recuperar las rentas perdidas por las sanciones a las exportaciones de hidrocarburos, el gobierno de Nicolás Maduro, corto de dinero, ha pasado del petróleo al oro con la consiguiente falta de voluntad política frente a la protección ambiental.
En un inicio, Maduro quiso controlar la minería mediante el desarrollo del Arco Minero del Orinoco (AMO), una región en forma de medialuna que se extiende por tres estados en un área del tamaño de la isla de Cuba.
Creada bajo un nuevo marco para la minería en 2016, esta región rica en oro fue la piedra angular del plan de Maduro para generar nuevos ingresos en medio de una crisis económica cada vez más aguda. Después de su creación, el presidente afirmó que se habían cerrado contratos mineros por miles de millones de dólares con empresas extranjeras.
Pero la corrupción, el control criminal de las zonas mineras y la amenaza de sanciones sobre el oro terminaron por diluir el naciente interés de las firmas internacionales, dejando como resultado ningún proyecto formal.
Pero los mineros ilegales llegaron por centenares al arco minero y más allá. Para vigilar la fiebre de oro ilegal, el gobierno recurrió a una masa de personas interpuestas, entre ellos representantes del gobierno local, grupos armados colombianos y el ejército de Venezuela. El régimen de Maduro y sus aliados absorben gran parte de las ganancias de la minería ilegal de oro, según el Departamento del Tesoro estadounidense.
Cristina Vollmer Burelli, fundadora de SOS Orinoco, una organización dedicada a la investigación ambiental en Venezuela, explicó esta dinámica de manera muy resumida en Americas Quarterly, publicación dedicada a Latinoamérica. “Las autoridades civiles y militares que responden a Maduro y su camarilla controlan el acceso al combustible, el mercurio, las bombas eléctricas y las zonas mineras, y se lucran a manos llenas de dicho control”, escribió Burelli.
En 2019, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a Minerven, firma minera del Estado de Venezuela, señalándola de participar en operaciones de extracción ilegal de oro. Minerven funde oro y es muy consciente de su origen ilegal, según un político de la oposición en el estado de Bolívar, quien habló con InSight Crime en 2020 bajo la condición de que se mantuviera su anonimato por razones de seguridad.
El oro fundido en los hornos de Minerven termina transportándose a las bóvedas del Banco Central de Venezuela (BCV) en Caracas, desde donde puede venderse al exterior. Se dice que el oro venezolano ha sido comprado por el gobierno de Turquía, y entidades de Uganda y los Emiratos Árabes Unidos.
Manuel Cristopher Figuera, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ha descrito en repetidas ocasiones el sistema como “una empresa criminal” en la que Maduro, su familia y otros cómplices usan el banco central para sacar oro del país, según declaraciones a varios medios.
Paradójicamente, Venezuela había emprendido uno de los primeros intentos por proteger sus selvas amazónicas de la tala y la minería, con la creación de parques y una “vigorosa política conservacionista” en el estado de Amazonas en 1978. Ese año, se prohibió toda la tala comercial en el Amazonas venezolano. En 1989, también se prohibió la actividad minera.
Como lo señalamos en nuestro informe anterior, “La Amazonía saqueada: las raíces de los delitos ambientales en cinco países”, Venezuela tiene un marco legislativo diseñado para proteger la Amazonía. La “Ley Orgánica Ambiental” de 2006 ofrece una guía para el manejo de los recursos naturales y dispone los derechos constitucionales para un medio ambiente seguro y en equilibrio ecológico. El país también tiene “Ley Penal del Ambiente” de 2012, un derrotero para el tratamiento de los delitos ambientales en el país.
Esas protecciones, sin embargo, fueron debilitadas o totalmente desmontadas por los gobiernos de Chávez y Maduro.
Desde 2011, Venezuela se ha negado a publicar cifras sobre deforestación; las reúne, pero impide que lleguen a la opinión pública, según un funcionario del gobierno que habló con el servicio de noticias ambientales Mongabay. Aun así, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, organización no gubernamental, calcula que entre 2016 y 2020 desaparecieron más de una cuarta parte de las zonas de selva del país.
Según Global Forest Watch, que supervisa los bosques mediante datos satelitales, Venezuela tuvo uno de sus mayores picos de deforestación en 2021. Se perdieron unas 54.000 hectáreas, más del doble del bosque primario perdido en 2020.
Hasta hace poco, Venezuela se había aislado de las plataformas multilaterales que promueven la cooperación en la Amazonía. También estaban rotas las relaciones diplomáticas con los países vecinos. Pero el reciente acercamiento entre Maduro y los nuevos presidentes de Brasil y Colombia, puede abrir una nueva era en las relaciones y la cooperación entre Venezuela y ambas naciones. En la cumbre climática COP27 en Egipto, Maduro también pidió renovar los esfuerzos por la cooperación multilateral para la protección de la Amazonía.
En enero de 2023, el ejército de Venezuela adelantó seis operativos para destruir equipos de minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana, en la frontera con Colombia. Pero con esos esfuerzos y el anuncio de Maduro de que protegería la Amazonía en medio de los grupos armados y los elementos corruptos del Estado que se benefician de la minería ilegal —contando al mismo Maduro— persisten las dudas acerca de lo real de su compromiso.
Colombia
En los años transcurridos desde la firma del acuerdo de paz con las FARC, el gobierno colombiano ha perdido una oportunidad de oro de llevar las instituciones de gobierno y orden público a las zonas en las que imperó la guerrilla, con lo que prolongó la falta de control crónica sobre extensas áreas de selva tropical sumida en la anarquía.
En 2017, la deforestación alcanzó un techo anual de unas 220.000 hectáreas.
Nunca ha parecido más cuesta arriba combatir la deforestación. El expresidente Iván Duque prometió cortar ese número a la mitad al término de su cuarto año de gobierno en agosto de 2022. Pero la pérdida de bosques pasó de unas 159.000 hectáreas en 2019 a 174.000 hectáreas en 2021, y 2022 no prometía mejora. Entre enero y marzo, la pérdida forestal aumentó un 10% en relación con 2021, y según los expertos, la tendencia es muy probable que se haya mantenido la tendencia ascendente.
Colombia tiene varias nuevas leyes en los libros para combatir los delitos ambientales, pero es demasiado pronto para evaluar su efectividad.
En 2021, Colombia penalizó la deforestación y la financiación de la invasión de territorios de importancia ecológica. Las nuevas leyes refuerzan el marco legal colombiano, especificando que quienes financien empresas que incurran en delitos ambientales enfrentarán duras sanciones. Pero las fuerzas de orden público y los fiscales han fracasado históricamente en su tarea de desentrañar las redes que están detrás de la deforestación ilegal. En los últimos años, campañas e intervenciones militares —como la Operación Artemisa, que intentó erradicar los delitos ambientales en Colombia entre 2019 y 2022— han tenido poco impacto en la reducción de la deforestación a la par que han perseguido de manera desproporcionada a los pequeños agricultores y taladores, los eslabones más débiles de la cadena criminal.
La directora de un grupo sin ánimo de lucro que trabaja en comunidades rurales pobres declaró a Mongabay que teme que los campesinos colombianos sean objeto de mayor judicialización con la nueva legislación.
Tal como Lula en Brasil, el presidente colombiano Petro se ha pronunciado abiertamente a favor de combatir la deforestación y proteger la Amazonía. Durante su campaña, se comprometió a frenar la migración a la Amazonía y a combatir actividades ilegales que fomentan la deforestación, como el despeje de árboles y la compra irregular de tierras para cría de ganado, un mecanismo usado para lavar dinero del narcotráfico.
Petro planteó los delitos ambientales como prioridad de su política de seguridad, en un intento por distanciarse de la “guerra antinarcóticos” y acercarse a la protección del medio ambiente. Sus esfuerzos por proteger la Amazonía, sin embargo, enfrentan los problemas de la escasez de presupuesto y el avance de la agroindustria. Por largo tiempo, las organizaciones criminales han corrompido a políticos y funcionarios locales para proteger sus intereses.
El mandatario ha buscado dar un nuevo aliento a la cooperación regional y en repetidas oportunidades ha solicitado el apoyo de la comunidad internacional para una estrategia que se aparte de la de sus predecesores. En la 77 Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2022, Petro declaró que las iniciativas para eliminar la coca han llevado la violencia a las selvas tropicales de Colombia, mientras que se sigue protegiendo los combustibles fósiles que contribuyen al cambio climático.
“¿Qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo?”, interpeló a la audiencia.
Petro quiere implementar un programa en el que se pague entre US$400 y US$600 mensuales a los campesinos que sustituyan los cultivos de coca a cambio de preservar los bosques, una iniciativa similar a la del Programa Familias Guardabosques implementada a comienzos de la década del 2000, en el que se pedía a familias campesinas que se comprometieran a sustituir cultivos ilícitos para recibir beneficios de programas de desarrollo.
En la cumbre climática COP27, Petro declaró que su país tiene la intención de destinar US$200 millones anuales durante las próximas dos décadas para proteger la Amazonía. Al convocar a otros a colaborar, defendió la “apertura de un fondo” sostenido por las donaciones de empresas y gobiernos extranjeros.
Perú
Perú tiene un amplio marco legal que protege su Amazonía. Aunque existen diferentes provisiones e instrumentos que regulan las actividades de minería, tala y manejo de vida silvestre, la ley que cubre el mandato ambiental en Perú es la Ley General del Ambiente, sancionada en 2005.
Esa ley busca regular la protección y conservación del medio ambiente, los recursos naturales y los daños ambientales, entre otros. De igual forma, el país ha creado varios instrumentos que amplían las facultades del Ministerio del Ambiente, el máximo órgano regulador en estos temas a nivel nacional.
Las iniciativas de Perú están cargadas de buenas intenciones, pero no son efectivas. A finales de 2021, el gobierno de Perú creó la Reserva Yavari Tapiche, un área protegida de 1,1 millones de hectáreas cerca de la frontera entre Perú y Brasil. Aunque la creación de la reserva fue un gran paso después de casi veinte años en gestación, los entes gubernamentales aún no anulan y retiran 47 concesiones forestales otorgadas ilegalmente en la zona por el gobierno del departamento de Loreto, según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Esta inoperancia caracteriza muchos de los intentos de Perú por proteger su Amazonía de la deforestación ilegal. En 2015, Perú ratificó la Ley Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, un estatuto general que regula el aprovechamiento de madera. Un año antes, el gobierno se comprometió a certificar que la madera comprada y vendida en el país procediera de fuentes legales. El gobierno también se comprometió en su Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal (ENLTI 2021-2025) a crear un sistema de vigilancia forestal y un laboratorio forense para identificar madera, y a coordinar mejor los entes de gobierno encargados de hacer seguimiento al transporte de madera.
A pesar de todo esto, la Amazonía peruana presentó en 2020 la peor tasa de deforestación de las dos últimas décadas, con la destrucción de más de 203.000 hectáreas, gran parte por cuenta de la tala ilegal. Además, la Comisión Agraria del Congreso de Perú pretende modificar la ley forestal para permitir a la población cultivar y criar ganado en sus tierras sin antes consultar al Ministerio del Ambiente, lo que facilitará la destrucción de bosques potencialmente sensibles. La inestabilidad política crónica en el país significa que es improbable que la situación mejore en el corto plazo.
En Perú, un nuevo proyecto de ley despierta preocupación sobre los defensores del medio ambiente y las organizaciones de la sociedad civil. La iniciativa legislativa pretende enmendar la Ley para la protección de Pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial (PIACI). La propuesta dejaría en manos de los gobiernos regionales la decisión sobre la creación de reservas en sus territorios, una capacidad que actualmente está reservada al gobierno nacional. Según un delegado de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), esto pondría en riesgo la subsistencia en esos territorios de las comunidades indígenas aisladas, pues podrían quedar a merced de las actividades forestales y agrícolas en sus territorios, movidas por administraciones regionales y agronegocios. Y todas las reservas indígenas reconocidas hasta ahora serían evaluadas automáticamente para determinar su continuidad, su revocación o su extinción.
Acuerdos conjuntos
Existen acuerdos entre los países de la triple frontera, así como tratados internacionales, pero se pasa por encima de ellos. La ausencia estatal en las regiones implica que la disuasión es poca o nula para quienes infringen la ley. El asunto se hace más complejo dado que en los diferentes países las fuerzas militares desplegadas cerca de las áreas de frontera tienen distintos mandatos legales, o, por el contrario, competencias y facultades delimitadas claramente, para actuar sobre la criminalidad transnacional, y aun menos sobre los delitos ambientales.
Otras barreras para una cooperación multilateral efectiva es el desbalance de los compromisos de las diferentes naciones con la protección del medio ambiente, la falta de canales de comunicación permanente y los retos geográficos de la región. Finalmente, las necesidades de financiamiento económico y de la fuerza pública asociadas con la protección efectiva del medio ambiente superan cualquier presupuesto nacional y requieren la ayuda internacional.
Venezuela, Colombia, Brasil y Perú se encuentran entre los ocho países que conforman la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que busca llevar desarrollo sostenible a la región amazónica. Aunque sus países miembros se encuentran actualmente redactando una nueva Agenda de Cooperación Estratégica para el periodo 2021-2030, varios factores pueden limitar la capacidad de la organización para cumplir sus metas. Proyectos anteriores han buscado consolidar los esfuerzos institucionales y civiles en torno al manejo, la manipulación y el monitoreo de los recursos hídricos y forestales, así como especies de flora y fauna. Sin embargo, el éxito de estos proyectos quedó limitado gracias a una falta de recursos financieros y la lentitud en la toma de decisiones en la ACTO. Hasta ahora, la lucha contra los delitos ambientales no se ha incluido entre las prioridades de la organización. Además, los países participantes han tenido que sopesar el potencial desarrollo económico contra las protecciones del medio ambiente, lo que ha impedido esfuerzos de colaboración que causen impacto para combatir los delitos ambientales.
Venezuela, Brasil, Colombia y Perú firmaron todos la Convención Minamata, que busca frenar la contaminación asociada por mercurio asociada a la minería, aunque Venezuela aún no la ha ratificado. Hasta ahora el tratado ha tenido poco efecto.
En los primeros 100 días del presidente colombiano Petro en el gobierno, los legisladores ratificaron el Acuerdo Escazú de 2018, un tratado regional diseñado para proteger a los defensores del medio ambiente y requiere que los estados miembro den acceso público a la información relacionada con temas ambientales. Petro firmó el acuerdo antes de la COP 27, en cumplimiento de una de sus promesas de campaña. El Congreso colombiano llevaba más de tres años sin ser capaz de ratificar el acuerdo, al que el país se adhirió en 2018.
Sin embargo, Perú y Brasil se han negado hasta ahora a ratificar el mismo acuerdo, mientras que Venezuela ni siquiera lo ha firmado.
Los cuatro países han firmado y ratificado la Convención sobre el Tráfico Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestres en Peligro de Extinción (CITES). El tratado protege las especies de flora y fauna en peligro de extinción del tráfico internacional legal o ilegal. Sin embargo, el conocimiento de las autoridades sobre cómo aplicar este instrumento aún necesita mejorarse en las zonas de triple frontera, lo cual limita su efectividad.
Presidentes y diplomáticos de todos estos países se han reunido año tras año en Leticia para redactar acuerdos para la protección de la Amazonía. Uno de ellos incluso lleva el nombre de la ciudad. El Pacto de Leticia de 2019, cuyos siete firmantes incluyen a Brasil, Colombia y Perú, se propuso aplicar la cooperación regional para combatir la deforestación. Pero en 2021, expertos declararon a Reuters que el pacto fracasó en gran parte por la escasa financiación, los conflictos de interés y la incapacidad para realizar acciones en el campo. Venezuela no fue invitado a la cumbre.
En un giro en la política exterior, el presidente colombiano Petro y el mandatario venezolano Maduro restablecieron la relación entre ambos países, lo que llevó a la reapertura de las fronteras, al restablecimiento de lazos diplomáticos y a la celebración de diálogos. En la asamblea COP27 en noviembre de 2022, ambos presidentes se mantuvieron unidos y se comprometieron a combatir el cambio climático y proteger la Amazonía —un cambio importante para Maduro, quien no había mostrado anteriormente ninguna voluntad para adherirse a esos esfuerzos, aunque bien puede ser solo de dientes para afuera.
Lula también ha trabajado para restablecer las relaciones bilaterales con Venezuela. “Vamos a restablecer la relación civilizada entre dos Estados autónomos, libres e independientes”, declaró Lula en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), tras su victoria electoral. Tanto Petro como Lula propusieron crear una cumbre sin precedentes de la Amazonía que se celebraría en Brasil durante el primer semestre de 2023. Este evento estaría organizado por la OTCA, lo cual le dará peso institucional para emprender acciones en la Amazonía.
Grupos de la sociedad civil y comunidades indígenas
Tanto la sociedad civil como las comunidades indígenas tienen roles vitales en la documentación de la deforestación y los delitos ambientales.
El monitoreo de la Amazonía es una tarea gigantesca. Pero organizaciones no gubernamentales, agencias de noticias y universidades se han unido para hacer seguimiento a la deforestación de las operaciones de minería ilegal. Esto se logra muchas veces mediante datos satelitales, tecnología de mapeo y algoritmos para rastrear la pérdida de selva. Ejemplos de proyectos así incluyen, MapBiomas, el Observatorio de Minería del Amazonas del Centro Pulitzer, y el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), RAISG, y muchos más.
Una mejor detección y formación de imágenes de la minería ilegal han llamado la atención sobre la devastación que está ocurriendo en la Amazonía, incluidas sus regiones de triple frontera. El monitoreo también deja ver claramente dónde falta presencia de fuerza pública.
Organismos de noticias dedicados a realizar investigaciones sobre la Amazonía, como InfoAmazonia, Repórter Brasil, y más recientemente Sumaúma, han revelado la sofisticación de la minería ilegal en la Reserva Yanomami, y cómo se blanquea el oro extraído de allí. El organismo colombiano de parques nacionales naturales, en alianza con diferentes organizaciones crearon el programa “Parques Cómo Vamos”. Este proyecto hace parte del Sistema de Parques Naturales (SPNN) y busca producir información detallada sobre las amenazas ambientales, la condición de conservación y la gobernanza en los parques nacionales.
En Venezuela, el grupo de vigilancia SOS Orinoco denunció la minería ilegal y la deforestación en la Amazonía de ese país. Con la conformación de un consorcio de expertos que trabajan de forma anónima, el grupo ha documentado la presencia de organizaciones criminales en operaciones mineras en los estados venezolanos de Bolívar y Amazonas. En Perú, las investigaciones y las denuncias regulares sobre delitos ambientales en la región de la Amazonía vienen de agencias de noticias como Ojo Público y organizaciones como Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), y la Agencia de Investigación Ambiental (Environmental Investigation Agency, EIA). Representantes de ORPIO, que reúne a más de 500 comunidades aborígenes, han levantado la voz contra la modificación de la Ley PIACI, que podría promover los delitos ambientales.
Los efectos devastadores de la minería ilegal en el pueblo Yanomami también han sido bien documentados por grupos de la sociedad civil, académicos y los mismos Yanomami. Las denuncias han destacado problemas médicos, como exposición al mercurio y brotes de malaria; abuso de mujeres, como violación; adicción al alcohol y los estupefacientes, y ataques contra los Yanomami, quienes han resultado muertos en enfrentamientos con mineros ilegales y otros actores criminales. El problema es que las comunidades indígenas y los activistas ambientales muchas veces se quedan solos en la defensa de la Amazonía en las regiones de triple frontera. Los peligros de enfrentar a los mineros ilegales y a otros actores criminales los hacen vulnerables a amenazas, ataques y asesinatos selectivos.
Seguridad y justicia penal
La presencia de las autoridades es dispersa y poco homogénea en los países que hacen parte de las regiones de triple frontera de la Amazonía.
Las regiones fronterizas de Brasil son patrulladas por una mezcla de unidades militares, el 7.o Comando Aéreo Regional de la fuerza aérea; una base naval perteneciente al 6.o distrito naval; y el comando militar de la Amazonía, conformado por tres brigadas de infantería en la jungla.
Brasil tiene también tres cuerpos de policía. La Policía Federal es la encargada de salvaguardar las leyes federales y vigilar aeropuertos y fronteras. La Policía Militar depende de las gobernaciones y es responsable de patrullar y responder a llamadas de emergencia. Están subordinados a los gobernadores de cada estado. Cuando son convocados por el Gobierno Federal, los miembros de las fuerzas de policía estatal pueden actuar como parte de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública (Força Nacional de Segurança Pública). Finalmente, la Policía Civil es un cuerpo de policía estatal. Realizan trabajo como detectives, forenses e investigación criminal, y actúan como una oficina de investigación para su estado.
Sin embargo, entre 2015 y 2016 se cerraron tres puestos de seguridad del gobierno en territorio Yanomami por falta de presupuestos, entre ellos el Korekorema BAPE, que, como se mencionó anteriormente, controlaba el acceso al río Uraricoera.
Las comunidades indígenas han optado por oponerse al avance de la minería ilegal en sus tierras, muchas veces mediante la quema de barcas y la destrucción de equipos. Sin embargo, como se discutió antes en este informe, los mineros han disparado a los Yanomami como retaliación cuando estos han tratado de bloquearles el paso durante sus desplazamientos. Después de que varios hombres armados en una lancha rápida dispararan contra los Yanomami en mayo de 2021, el gobierno autorizó el empleo de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública para proteger la reserva solo por 90 días, aunque los mineros ilegales mantienen presencia permanente en el lugar. Este episodio pone de relieve los desafíos geográficos de las zonas de triple frontera, donde las operaciones de la policía enfrentan obstáculos de tipo físico y presupuestal para operar a largo plazo. Esto se traduce en problemas para coordinar acciones conjuntas entre los países.
Fiscales y otras autoridades han realizado operativos contra la minería ilegal en la reserva Yanomami, con allanamientos a empresas y confiscación de oro, aviones y equipos. Pero enfrentan obstáculos que pueden hacer morir las investigaciones. Según el New York Times, un juzgado brasileño rechazó múltiples solicitudes de la policía federal para que ordenaran la captura de Martins de Mello, empresario de transporte aéreo, cuyas naves fueron confiscadas por su presunto uso en operaciones de minería ilegal.
En respuesta a múltiples ataques contra los Yanomami por parte de los garimpeiros, en febrero de 2023 el nuevo gobierno brasileño desplegó una fuerza de tarea para proteger las comunidades Yanomami y expulsar a los mineros ilegales.
Las fuerzas de seguridad de Venezuela han participado activamente en operaciones de minería ilegal. Según SOS Orinoco, parte del oro extraído de la reserva Yapacana se entrega a los jefes del ejército en Puerto Ayacucho. Las acciones militares contra las operaciones de minería ilegal son pocas y solo para aparentar. El ejército venezolano mantiene una base en la reserva con capacidad para albergar 1.500 soldados encargados de combatir la minería ilegal. Pero en la actualidad solo hay un pequeño grupo de soldados estacionados allí, lo que revela la inoperancia del ejército —y posiblemente su complicidad— en las actividades ilegales.
En Colombia, tres batallones del ejército se encuentran desplegados en las regiones fronterizas de Venezuela y Brasil. La Armada también tiene un batallón. Las fuerzas armadas han emprendido campañas contra la minería ilegal en la región de la triple frontera, como la operación Anostomus en 2015. Los críticos han señalado que la estrategia del ejército de efectuar operativos masivos para combatir los delitos ambientales tiende a producir la captura de actores de bajo nivel, como los mismos mineros.
Perú depende de su policía nacional para tomar la iniciativa con apoyo del ejército. La marina y la fuerza aérea también participan de las operaciones como fuerzas de apoyo. Más específicamente, las responsabilidades de vigilancia fronteriza en la triple frontera le competen a la 5.a división del ejército. Las fuerzas de seguridad peruanas han jugado un rol activo en la lucha contra los delitos ambientales en especial la minería ilegal de oro. Pero estas iniciativas se han dirigido lejos de la triple frontera, en el departamento de Madre de Dios. Este departamento se encuentra en la frontera de Perú con Brasil, uno de los principales focos de minería ilegal de oro en Perú.
La mayoría de las operaciones que se realizan en las regiones de triple frontera tienen como objetivo impedir la minería ilegal, en parte porque ese es el delito más prevalente en ambas regiones. También, porque en las regiones de triple frontera, ejército y policía han sido incapaces de mantener la presencia sostenida en lugares remotos que se necesita para combatir los delitos ambientales.
Un funcionario de la alcaldía de Santa Rosa, población isleña de Perú en la triple frontera, declaró que los fiscales, autoridades mineras, forestales y de protección ambiental están ubicados lejos de la zona.
Las autoridades colombianas y peruanas, por ejemplo, se han unido para trazar estrategias contra el tráfico de madera en la frontera, pero operativos a mayor escala —como la Operación Amazonas que dio como resultado el mayor decomiso de madera extraída ilegalmente de la historia de Perú— aún no se materializan en la zona de la triple frontera.
Los guardaparques de Colombia han sido desplazados de sus bases de trabajo en el Amazonas por amenazas de grupos armados. Los guardaparques también deben navegar vías fluviales complicadas. Para llegar a las áreas protegidas del río Puré, cerca de la frontera con Brasil, las patrullas deben atravesar 600 kilómetros, una travesía que por lo general se lleva cuatro días.
El organismo de protección del medio ambiente en Brasil no ha tenido oficina en Tabatinga desde 2018. Hugo Loss, director de la División Técnica Ambiental del Ibama entre 2018 y 2019, dijo que esa base es crítica en la triple frontera por la complejidad de los delitos que allí se producen.
