La Fiscalía de El Salvador acusó al ex presidente Mauricio Funes de hacer un pago ilegal de 45.2 millones de dólares a una empresa italiana para finalizar un contrato por la fallida construcción de una presa hidroeléctrica en el noreste del país.
AntilavadoDeDinero / Milenio
La acusación fue presentada ante un juzgado de San Salvador por el caso conocido como El Chaparral, en el que además de Funes se procesa a su pareja Ada Mitchell Guzmán, su colaborador cercano José Miguel Menéndez, y a los representantes de la empresa italiana ASTALDI, Mario Pieragostini Maiocchi y José Efraín Quinteros.
A Funes se les acusa de los delitos de peculado, cohecho y lavado de dinero, «en perjuicio» de la estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), declaró a la prensa uno de los fiscales del caso. El caso se remonta al 26 de septiembre de 2008, cuando se suscribió entre CEL y la constructora italiana ASTALDI, un contrato para ejecutar la construcción de la presa El Chaparral, por un monto de 219,9 millones de dólares. La constructora, según la Fiscalía, incumplió el contrato con atrasos en la obra y declaró la suspensión unilateral de los trabajos, lo cual era motivo suficiente para que caducara el contrato.
En el marco de la controversia con el gobierno, la empresa italiana adujo fallas geológicas en el área de la presa por lo que elevó los costos de construcción y pidió un arbitraje internacional.
Para evitar un arbitraje, la administración de Funes ordenó en 2010 un arreglo mediante el cual pagan el costo de la obra ejecutada hasta ese momento, más una suma adicional de 45,2 millones de dólares a la empresa italiana, «sin existir base legal ni técnica para pagar un monto adicional», explicó la Fiscalía.
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Ante la acusación de este viernes, Funes que afronta cinco pedidos de arresto, incluido uno por el supuesto desvío de 351 millones de dólares, escribió en Twitter: «Un proceso judicial abierto con pruebas falsas (…) para incriminarme es ilegal». Funes huyó en 2016 a Nicaragua, donde recibió asilo y en 2019 la nacionalidad nicaragüense, lo que impide su extradición a El Salvador.
