La Fiscalía General de la República (FGR), acusó ayer al expresidente, Mauricio Funes, al exfiscal Diego Balmore Escobar y al periodista costarricense Lafitte Fernández Rojas por, supuestamente, haber divulgado el informe de la Unidad Financiera de Estados Unidos (Financial Crimes Enforcement Network FinCen) que contenía información de movimientos bancarios sospechosos hechos por el expresidente fallecido, Francisco Flores y que, habrían derivado en la investigación de los cheques de Taiwán.
El fiscal indicó que a los tres imputados se les atribuye el delito de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial en perjuicio de la administración pública según lo establece el Código Penal en el artículo 324.
“Consideramos que existen los parámetros y los elementos necesarios como para que se acceda a la petición”, dijo ayer el fiscal, luego de señalar que han pedido reserva total del caso. Documentos compartidos, ayer a través de la cuenta de Twitter de la Fiscalía, señalan que el entonces fiscal Diego Escobar entregó, a finales de octubre de 2013, copia del informe del FinCen (Unidad Financiera de Estados Unidos), que era de carácter confidencial.PUBLICIDAD
El informe fiscal dice que Escobar tuvo un lucro económico, puesto que después de entregar copia del documento viajó a Costa Rica a refugiarse a una finca del periodista Fernández. El informe divulgado ayer, por la cuenta de la fiscalía, fue borrado minutos después.
El requerimiento de instrucción formal en contra del expresidente Funes, Escobar y Fernández fue presentado en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, ayer en la tarde.
El 19 de diciembre, la revista digital Factum publicó audios donde supuestamente el expresidente Funes buscaba la manera de incriminar al expresidente fallecido, Francisco Flores, en un proceso penal.
Supuestamente, Funes buscaba contactar al entonces fiscal de la unidad contra lavado de dinero de la fiscalía, para documentar la incrimnación y para esto, buscó al periodista Fernández, para que sirviera de enlace.
Ayer, el fiscal que presentó el requerimiento no quiso explicar cómo ocurrieron los hechos para obtener dichos documentos confidenciales asegurando que “la situación es bastante sensible” .
El ROS y las investigaciones
Debido de las Operaciones Sospechosas el grupo Egmont sancionó al país y pidió reformar el artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía que busca dar autonomía a la Unidad de Investigaciones contra lavado. La reforma no se aprobó y el país fue expulsado del grupo que comparte información financiera y según fiscalía están en riesgo las investigaciones de lavado de dinero.
Revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial
Articulo 324
El funcionario o empleado público que revelaré o divulgare hechos, actuaciones, información o documentación que debieren permanecer en reserva o facilitare de alguna manera el conocimiento de los mismos, será sancionado con prisión de cuatros a seis años.
Si de la revelación o divulgación resultare grave daño a los intereses del Estado, la sanción podrá aumentarse hasta en una tercera parte del máximo señalado.
ALD/Elmundo
