Inquilinos de Cristina Kirchner, socios comerciales en el rubro hotelero, procesados junto a la vicepresidenta por lavado de dinero, Cristóbal López y Lázaro Báez ahora comparten un beneficio concedido por el Gobierno: salvar de la quiebra a sus empresas, investigadas en la justicia federal por corrupción. Como había hecho con la empresa de López, Oil Combustibles, la AFIP dio su visto bueno para que el dueño de Austral Construcciones -condenado por usar su empresa para operaciones de blanqueo y facturación apócrifa- evite la liquidación de la compañía. Antes deberá cumplir con varios requisitos.
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El proceso se llama quiebra por avenimiento, y es un procedimiento a través del cual se evita la liquidación final de los activos de una empresa, con el pago de un monto de dinero que se distribuye entre sus acreedores, dando así por concluida la quiebra. A ese mecanismo acudieron Cristóbal López, dueño de Oil Combustibles y Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones.
El primer beneficio que pidió el titular del Grupo Austral fue al que promueve la ley que la oposición tildó de ser un traje a medida para Cristóbal López: Báez solicitó meterse en la moratoria y que le den un plan de cuotas para afrontar una deuda verificada con el fisco de 2.800 millones de pesos.
La última Ley de moratoria fiscal concede una quita considerable de los intereses y punitorios, además del extenso plan de cuotas. El fin último es el salvataje de la constructora que es investigada por la Justicia en múltiples expedientes.
Ahora consiguió avanzar en un trámite más: el avenimiento. Ese procedimiento evita la liquidación final de la compañía. Para obtenerla, Lázaro Báez debe conseguir el acuerdo de todos su acreedores y así, podrá levantar la quiebra de Austral, inactiva desde 2016.
El organismo recaudador que dirige Mercedes Marcó del Pont le informó que su pedido avanza y que busque la conformidad del resto de sus acreedores. El principal de ellos es la AFIP. Antes de cualquier avance, sin embargo, el ex socio de Cristina Kirchner deberá abonar tasas por 3,6 millones de pesos.
Por las maniobras de esa empresa Báez fue condenado en la Ruta del Dinero K a doce años de prisión, se corroboró que usó la constructora para lavar 60 millones de dólares. La firma exteriorizó y reingresó dinero de origen ilícito al país, utilizando firmas offshore y cuentas radicadas en Suiza como en otros paraísos fiscales. A la cabeza de esa organización, según la justicia, estuvo el ex socio de Cristina Kirchner, y señalaron que nada habría sido posible sin la empresa que ahora quiere salvar.
Además, dos de los jueces del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) indicaron que Austral Construcciones pudo ser usada para lavar dinero porque primero logró obtener fondos de las irregularidades cometidas a través de los contratos viales, expediente por el que Báez también es juzgado junto a Cristina en el caso Vialidad. Según la justicia, la empresa recibió 51 licitaciones por 46.000 millones de pesos con sobreprecios y tenia como único cliente al Estado.
La constructora está hoy en medio de una debacle económica. Acumuló una deuda millonaria con el fisco cuando después de 2015 dejó de recibir fondos públicos. Con la cesación de pagos a una veintena de acreedores, Austral entró en proceso de quiebra, la cual se decretó en junio de 2018. El pasivo reconocido es de 962.400.463 pesos.
El mayor porcentaje de ese crédito es una deuda con la AFIP que ahora dirige Marcó del Pont. En total le debe al organismo recaudador 562.488.839 pesos. Con la quiebra en marcha, la jueza María José Gigy Traynor avanzó en el remate de los bienes inscriptos a nombre de Austral: 52 departamentos (en Buenos Aires y Santa Cruz), 2 locales (en el sur), 26 cocheras en los diferentes inmuebles que cuentan con unidades funcionales, 25 propiedades identificadas como edificios, 3 estancias, 12 terrenos y cientos de automotores y maquinarias.
El próximo paso es avanzar en el remate de más bienes y así comenzar con la liquidación final de la constructora cuyo único cliente fue el Estado. En esa instancia la jueza distribuye entre los acreedores el dinero obtenido de la venta de los principales activos. Pero es lo que podrá evitar Lázaro Báez con el avenimiento.
Durante la administración macrista de la AFIP, a cargo de Leandro Cuccioli, también se inició un reclamo judicial en el marco de la quiebra. Según la resolución del organismo, ese reclamo es por 2.880.124.946 pesos. Hace dos meses, la actual gestión, dirigida por Mercedes Marcó del Pont, ratificó que quería cobrar esa deuda que la firma de Báez mantiene con el Estado.
