El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió este miércoles la elevación a juicio oral y público la causa conocida como «Lavado II», en la que está imputados la ex intendenta de Resistencia y actual diputada nacional Aída Ayala, por presunto lavado de dinero y asociación ilícita, y otras personas, como Jacinto Sampayo y Daniel Fischer.
Antilavadodedinero / datachaco
La Fiscalía Federal consideró que la investigación está concluida y le pidió a la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, que envié el caso a juicio oral.
Ayala está acusada de los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La causa «Lavado II» se inició en 2018, cuando se detectaron presuntas irregularidades en el contrato que la Municipalidad de Resistencia firmó en 2014 con la empresa “PIMP SA” para el servicio de recolección de residuos en la capital chaqueña.
Junto con Ayala serán juzgados Daniel Fischer y Jacinto Sampayo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales.
En su pedido de elevación a juicio, el fiscal Sabadini señaló que como intendenta de Resistencia Ayala “dispuso los mecanismos, personas y empresas que resultaron determinantes para influir en los procesos de licitación lanzados desde el municipio a su cargo” para beneficiar a “PIMP SA”.
“Manejó desde ese lugar cada uno de los procesos, incluso desde antes que los mismos fueran dados a conocer, preestableciendo pautas, condiciones, estructuras, logísticas y todo aquello que pueda imaginarse para que el proceso licitatorio adquiera cierta apariencia de licitud, logrando de esta manera que quienes finalmente resulten adjudicados sean aquellos sujetos que, inscriptos como proveedores, sean de su íntima confianza y fieles a sus intenciones”, agregó en su dictamen.
Por esta causa, Ayala tuvo una orden de detención que nunca se cumplió por sus fueros como diputada nacional, hasta que finalmente fue anulada. La jueza Niremperger, a pedido de la Fiscalía, dictó su prisión preventiva porque entendió que habían “serios riesgos procesales de que pueda entorpecer la investigación o intentar eludir la acción de la Justicia”. La decisión fue ratificada por la Cámara Federal de Resistencia pero revocada por Casación en marzo de 2019.
Con este dictamen de la Fiscalía para que la causa de lavado pase a juicio oral, ahora deberán opinar las defensas de Ayala y el resto de los acusados que podrán negarse a la elevación y pedir la nulidad de la acusación. Luego, la jueza deberá resolver si pasa el expediente a juicio oral.
