Unos 130 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en lo que va del año, según un informe de la Defensoría del Pueblo, la entidad estatal encargada de velar por los derechos de los colombianos.
Antilavado de Dinero / AP News.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró en una declaración oficial que de todos modos se trata de una cifra menor en comparación a la de 2020 -con 182 casos-.
La violencia en el país no cesó tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que entregaron las armas tras cinco décadas de conflicto interno.
Luego de cinco años persisten otros grupos armados que se disputan la renta del narcotráfico y la minería ilegal, entre ellos grupos disidentes de las FARC, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo.
Camargo repudió cada muerte “por el impacto que tiene sobre las comunidades” y destacó que se dan “principalmente por el accionar criminal de los grupos armados ilegales”.
La Defensoría señaló que el 75% de los homicidios de líderes sociales se concentra en ocho departamentos: Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Putumayo, Norte de Santander, Nariño y Caquetá. Además, los más atacados son los líderes comunales, indígenas, campesinos y sindicales.
El caso más reciente fue el de Cristina Isabel Cantillo, líder de la comunidad LGBTIQ+ y mujer trans, quien sobrevivió a dos atentados y contaba con un esquema de seguridad asignado por el Estado. Sin embargo, fue asesinada este martes por hombres armados en Santa Marta, al norte del país.
El peligro sobre quienes defienden derechos en Colombia es permanente: este año se registraron más de 400 amenazas, 21 atentados y 10 desplazamientos forzados. La Defensoría cuenta con un sistema de alerta temprana que evalúa las situaciones de riesgo y advierte a las autoridades.
Las cifras sobre asesinatos de líderes sociales varían de acuerdo a la fuente. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha recibido información sobre 158 asesinatos, de los cuales 53 han sido verificados entre enero y septiembre. Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, una organización no gubernamental, reportó 162 durante 2021.
