Entrevistamos al doctor Alejandro Rebolledo para conversar sobre El Índice de Percepción de la Corrupción 2025, que vuelve a mostrar un panorama crítico para las Américas. ¿Qué es lo que realmente nos está diciendo este informe?
AR: Nos está diciendo algo que muchos prefieren no escuchar: la corrupción ya no es un problema administrativo, es un problema de seguridad y supervivencia institucional. Cuando una región se estanca durante más de una década, como ocurre aquí, significa que el Estado está perdiendo capacidad de control y el crimen organizado está ganando terreno.
Es de indicar que el informe señala que la corrupción afecta directamente la vida de las personas. ¿Cómo se traduce eso en la práctica?
AR: Se traduce en hospitales sin insumos, sistemas de justicia que no responden, policías mal pagados y ciudadanos indefensos. Pero hay algo más grave: la corrupción crea impunidad, y la impunidad es el oxígeno del crimen organizado. Donde no hay castigo, hay expansión criminal.
¿Cuál es el vínculo directo entre corrupción y crimen organizado?
AR: El crimen organizado no funciona sin corrupción. No la necesita ocasionalmente: la necesita estructuralmente. La corrupción le abre puertas, le compra silencio, le garantiza protección política y le permite lavar dinero. Cuando el Estado se corrompe, el crimen no entra por la fuerza: entra por invitación.
El informe menciona países con puntuaciones extremadamente bajas. ¿Qué implicaciones tiene eso?
AR: Cuando un país cae a esos niveles, deja de ser solo un problema interno. Se convierte en un riesgo regional e internacional. Esos territorios terminan siendo plataformas para lavado de dinero, tráfico de drogas, armas, personas y corrupción exportada. El daño no se queda dentro de las fronteras.
¿Esto afecta solo a Estados débiles o también a democracias más sólidas?
AR: A todos. Las democracias más fuertes resisten mejor, pero no son inmunes. Cuando la corrupción empieza a normalizarse, aunque sea en pequeñas dosis, se erosiona la confianza, se debilita la autoridad y el crimen encuentra grietas. La diferencia es el tiempo de reacción. Algunas corrigen; otras miran hacia otro lado.
Desde su experiencia, ¿qué están haciendo mal los Estados?
AR: Tres cosas fundamentales:
Persiguen casos, no redes.
Atacan delitos visibles, no el dinero.
Creen que el problema es legal, cuando es estratégico.
Mientras no se entienda que esto es una guerra silenciosa por el control del Estado, se seguirá perdiendo.
¿Qué impacto tiene la restricción del espacio cívico y de la prensa?
AR: Devastador. Sin prensa libre y sin sociedad civil activa, la corrupción se vuelve invisible. Y lo que no se ve, no se combate. Los Estados que persiguen a periodistas y organizaciones independientes no están protegiendo el orden: están protegiendo la corrupción.
Si tuviera que traducir este diagnóstico en acción concreta, ¿qué propone?
AR: Puedo llevar este análisis un paso más allá y convertirlo en propuestas claras y aplicables de políticas públicas, diseñadas específicamente para gobiernos y agencias de seguridad.
También puedo estructurar una presentación ejecutiva, directa y sin rodeos, pensada para líderes regionales y tomadores de decisión que necesitan entender tres cosas: el problema real, los riesgos inmediatos y qué hacer ya.
¿Cuáles serían las prioridades inmediatas?
AR: Muy claras:
Inteligencia financiera como eje central de la seguridad.
Unidades anticorrupción con autonomía real.
Control extremo de la contratación pública.
Protección efectiva a denunciantes, periodistas y organizaciones civiles.
Cooperación internacional operativa, no discursiva.
Esto no es teoría. Es prevención del colapso institucional.
Para cerrar, ¿cuál es el mensaje clave que deja este informe?
AR: Que la corrupción no se combate con discursos ni con reformas cosméticas. O se enfrenta de manera estratégica y frontal, o el crimen organizado termina gobernando desde las sombras.
Los Estados que entienden esto a tiempo, previenen.
Los que no, terminan negociando con el caos.
