En el complejo escenario de la prevención de la delincuencia organizada, uno de los pilares fundamentales para garantizar la efectividad de las medidas contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP) es el establecimiento de un marco sancionatorio sólido y eficaz. El reciente “Estudio sobre buenas prácticas y recomendaciones para el diseño y aplicación de un marco sancionatorio proporcional y disuasivo,” elaborado por GAFILAT en julio de 2024, ofrece una radiografía detallada de las deficiencias y fortalezas en este ámbito en América Latina.
La Desigualdad en la Aplicación de Sanciones: Una Brecha en la Lucha Contra el Crimen
Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es la desigualdad en la aplicación de sanciones entre los diferentes sectores económicos y países de la región. Mientras que el sector financiero muestra un mayor grado de regulación y supervisión, las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), como abogados y contadores, a menudo quedan rezagadas en cuanto a la implementación de sanciones efectivas.
Esta disparidad no solo debilita el marco preventivo, sino que también abre brechas que pueden ser explotadas por redes de delincuencia organizada. La falta de un marco sancionador robusto para las APNFD representa un riesgo significativo, ya que estos sectores, a menudo, se utilizan como vehículos para el lavado de dinero y la financiación de actividades ilícitas.
Proporcionalidad y Efectividad: Claves para un Marco Sancionatorio Disuasivo
El principio de proporcionalidad es esencial en la aplicación de sanciones. Sin embargo, el estudio revela que muchos países no logran establecer sanciones verdaderamente proporcionales, especialmente para las grandes instituciones. Esto crea un ambiente donde las sanciones pueden ser percibidas como un costo asumible, en lugar de un verdadero impedimento para actividades ilícitas.
Para que un marco sancionador sea eficaz en la lucha contra la delincuencia organizada, debe ser lo suficientemente severo como para disuadir tanto a individuos como a grandes organizaciones de incumplir las normativas ALA/CFT. Es imperativo que las sanciones se ajusten no solo al tamaño y capacidad de la entidad infractora, sino también a la gravedad y consecuencias potenciales de sus acciones.
El Enfoque Basado en Riesgo: Una Estrategia Necesaria
Otro aspecto crucial es la implementación de un enfoque sancionador basado en riesgo. La metodología del GAFI exige que los marcos sancionadores no solo sean proporcionales y disuasivos, sino que también consideren los riesgos específicos de cada sector y contexto. Sin embargo, la falta de aplicación adecuada de este enfoque en la región ha debilitado la eficacia de los marcos sancionadores.
Un sistema sancionador que ignora los riesgos inherentes a ciertas actividades y sectores es un sistema que falla en su objetivo de prevenir eficazmente el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La adopción de un enfoque basado en riesgo no solo fortalecería la prevención, sino que también permitiría una asignación más eficiente de recursos para la supervisión y sanción de los sectores más vulnerables.
Hacia una Uniformidad Regional en la Aplicación de Sanciones
Finalmente, el estudio subraya la necesidad de una mayor uniformidad en la aplicación de sanciones a nivel regional. La disparidad en los marcos sancionatorios entre los países de América Latina crea un ambiente propicio para la explotación de lagunas legales y normativas por parte de la delincuencia organizada. La homogeneización de las regulaciones y sanciones es vital para cerrar estas brechas y asegurar un frente unido en la lucha contra el crimen organizado.
El “Estudio sobre buenas prácticas y recomendaciones para el diseño y aplicación de un marco sancionatorio proporcional y disuasivo” de GAFILAT ofrece un diagnóstico preciso de los desafíos y oportunidades en la región. Es imperativo que los países de América Latina adopten las recomendaciones de este estudio, fortaleciendo sus marcos sancionadores y asegurando que sean verdaderamente disuasivos, proporcionales y basados en el riesgo. Solo así podremos avanzar de manera efectiva en la lucha contra la delincuencia organizada y proteger la integridad económica y social de nuestros países.
