La cifra de expedientes bajo sospecha, algunos de los cuales acaban en manos del Banco de España, se dispara un 131% en el último año
Son uno de los aliados con los que cuenta el Estado para detectar el lavado de dinero. Los registradores, a través del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) -dependiente de su colegio profesional-, comunican cada año al Banco de España cientos de casos con indicios sólidos de blanqueo de capitales. Esos expedientes, que acaban en manos del servicio ejecutivo de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias (Sepblac) -para una indagación más profunda y, en su caso, su persecución-, son el resultado de las más de 22.500 alertas que emitieron los registradores de todo el país, 644 de ellas provenientes de la Región de Murcia.
«Los registradores de la propiedad somos sujetos obligados por la legislación antiblanqueo», explica Carlos Pinilla, decano autonómico del colegio. Partiendo de esa premisa, el Colegio de Registradores de España creó en el año 2015 el CRAB con la finalidad de recibir todos los datos relativos a actos o contratos que levanten sospechas. Esta entidad analiza esa larga lista de casos remitidos y, si confirma que en alguno existen indicios sólidos de que pudiese ocultar blanqueo de capitales, remite los datos al Sepblac, adscrito al Banco de España.
En sus tres años de andadura, la actividad de este centro ha aumentado exponencialmente. Si en 2016 recibió 116 alertas provenientes de profesionales de la Región, en 2017 la cifra aumentó hasta las 278. El pasado año, de acuerdo a los datos facilitados por el colegio autonómico, la cifra aumentó hasta las 644 alertas, más de un 131%. La gran mayoría de ellas, 543, partieron de los registros de la propiedad y otras 101 de los registros mercantiles.
A nivel nacional, el CRAB recibió en 2018 un total de 22.594 alertas, un 46,4% más que solo un año antes, a tenor de los datos facilitados. Murcia se colocó como la séptima comunidad con más número de alarmas emitidas, solo por detrás de Cataluña (5.061), Madrid (4.361), Valencia (3,357), Andalucía (3.355), Baleares (1.735) y Canarias (1.040). Otras comunidades, como Navarra o Extremadura, manejan números mucho más contenidos -15 y 88, respectivamente-.
Además de las alertas recibidas, el pasado año también se disparó el número de casos que acaban siendo comunicados al Banco de España. En 2018 fueron 236, 56 más que solo un año antes. Desde el colegio autonómico no pueden determinar cuántas de las 644 alertas transmitidas por los registradores murcianos se acabaron transformando en algunos de los casos que llegaron hasta el Banco de España.
Pinilla subraya que, a tenor de los datos registrados el pasado año, «se observa claramente que el CRAB se consolida como una herramienta muy eficaz para colaborar en la lucha contra el blanqueo, aumentando tanto el número de alertas recibidas como el número de expedientes trasladados al Sepblac». El decano autonómico incidió, además, en que, «tanto los registradores como el propio colegio contribuyen decisivamente a que así sea».
«Terminar con esta lacra y conseguir que afloren los bienes contribuirá a edificar una sociedad más justa», remarca el decano
Estos profesionales ponen especial celo en la vigilancia de aquellas operaciones que, por sus características, pueden permitir introducir dinero de procedencia ilícita en el ciclo de la economía legal. «Nuestro compromiso reside no solo en nuestra consideración de sujetos obligados por la legislación antiblanqueo, sino en nuestra firme convicción de que terminar con la lacra que representa el blanqueo de capitales y conseguir que afloren los bienes y activos obtenidos a través de actividades delictivas contribuirán a edificar una sociedad más justa», remarca Pinilla.
ALD/laverdad.es
