Tras la condena a prisión resuelta del ex senador colorado Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves por parte de un Tribunal de Sentencia, miembros de la sociedad civil que impulsaron escraches masivos contra el ex legislador y otros acusados de hechos de corrupción se mostraron más que nunca en vigilia y alertas atendiendo la gran cantidad de procesos de corrupción pública que se encuentran pendientes de juicio oral, o algunos que ni siquiera llegan a la audiencia preliminar.
Antilavadodedinero / Ultimahora
El revés sufrido por parte del poderoso ex legislador luqueño es solo la punta del iceberg y los referentes del grupo de ciudadanos que permanentemente monitorean los sonados casos afirman que aún persisten dudas sobre el Ministerio Público.
María Esther Roa, titular de la Coordinadora de Abogados y miembro del grupo de ciudadanos integrantes de Somos Anticorrupción, señaló que si bien están de acuerdo con la condena a OGD, esperaban que la pena sea más elevada.
Mencionó que las falencias del Ministerio Público y en especial de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción se hacen cada vez más visibles.
Casos. Por citar un ejemplo, solo el mes pasado ciudadanos nucleados en dicho grupo que se encargan de monitorear los expedientes de corrupción pública presentaron urgimientos en 36 expedientes. Entre ellos se encuentra el caso del ex gobernador de Villa Hayes Óscar Venancio Núñez, hermano del diputado cartista Basilio Bachi Núñez; el del ex titular del Indi Justo Cárdenas, el del ex ministro del Interior Rafael Filizzola, el del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, y el del ex diputado Carlos Portillo.
También urgieron sobre caso del actual diputado cartista Tomás Rivas, del ex rector de la UNA Froilán Peralta, del ex contralor José Enrique García, de la ex intendenta de Ciudad del Este Sandra Mc Leod y su marido el senador Javier Zacarías Irún, del diputado Miguel Cuevas, de la ex titular de Petropar Patricia Samudio, del ex titular de la Dinac Édgar Melgarejo, del ex ministro de la SEN Camilo Soares, entre otros, quienes soportan procesos por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, cobro indebido de honorarios, lavado de dinero, estafa y otros delitos. Todos los casos generaron perjuicio por alrededor de USD 1.000 millones, según estimaciones.
“Celebramos la condena. Nos hubiera gustado que la pena sea más elevada teniendo en cuenta que Óscar González Daher soporta el segundo proceso penal. En el primero fue condenado a dos años, así que pensamos que pudimos llegar a 10 años, pero estamos conformes. Escuchamos parte de la argumentación del Tribunal, con muy buenos jueces hay que decirlo, en donde una vez más ellos indican las falencias de un Ministerio Público, que es lo que nos preocupa”, dijo Roa
Falencias. La abogada remarcó que el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal pública, que quiere decir que puede imputar, investigar y llevar a juicio oral, “y yo siempre destaqué las falencias de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, donde no existe una política institucionalizada que nos permita pensar que van a mejorar esas acciones y que van a llevar casos muy complejos como el de Óscar González Daher, con pruebas suficientes como para llevar una condena ejemplar”, indicó.
Añadió que no obstante, “hay que seguir insistiendo en el mejoramiento y en la modernización de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción y por sobre todas las cosas seguir insistiendo en la apertura a la sociedad civil para que podamos hacer un trabajo de forma conjunta”.
Acotó que existen procesos que están a punto de que se sustancie el juicio oral y público, un paso previo muy importante, pero que el Ministerio Público no entiende el rol que realiza.
“En el Poder Judicial existen muchísimos procesos penales de corrupción pública pendientes de audiencia preliminar y otros ya de juicio oral, y quiero destacar que el trabajo que venimos haciendo desde la sociedad civil, con todo el monitoreo de todos los procesos penales de corrupción, estamos logrando que muchos procesos estemos llevando a juicio oral”, afirmó Esther Roa.
La abogada y su grupo fueron los que impulsaron los escraches masivos a los políticos acusados de corrupción. Gracias a esa presión de la sociedad civil y los medios de comunicación, muchos casos que iban camino al blanqueo fueron revisados y castigados.
36 expedientes sobre corrupción fueron monitoreados en el mes de julio y se pidió urgimiento en varios casos.
1.000 millones de dólares es el perjuicio y daño patrimonial que causaron al Estado unas 40 causas de corrupción.
7 años de cárcel para Óscar González Daher y 8 años de encierro para su hijo dieron los jueces el pasado jueves.
