El juez federal Sebastián Casanello ordenó una nueva serie de allanamientos en la investigación por el presunto desvío de fondos públicos en beneficio del Polo Obrero y algunos movimientos sociales. ¿El objetivo? Determinar quiénes están detrás de, al menos, cuatro sociedades comerciales “pantalla” o “fantasma” que aparecen en la ruta del dinero, confirmaron fuentes tribunalicias.
Los operativos alcanzaron una imprenta y un departamento del piso 12 de la calle Maipú 311, un edificio de oficinas que ya estuvo bajo la lupa de la Justicia en anteriores investigaciones criminales por presunto lavado de activos, sobre “cuevas” financieras, por evasión tributaria y con facturas truchas que tuvieron como protagonistas, entre otros, a los financistas Ernesto Clarens y Guillermo Greppi.
Ahora, los investigadores judiciales ingresaron al edificio de la calle Maipú en busca de documentación sobre la firma MinisioTrade SRL, que formaría parte de un entramado junto a otras sociedades. Entre ellas, Recinsur SA, VSP Consulting SA, Ciriaco Shoes SRL y Coxtex SA, firmas que figuran en los registros de facturas apócrifas o “truchas” de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), conocidos como la “base APOC”.
A pesar de figurar en esa “base APOC”, el responsable político del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, presentó al menos una factura de Coxtex SA ante el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para justificar presuntos gastos generados por la gestión de subsidios y como intermediarios en los planes Potenciar Trabajo.
En los papeles, Coxtex SA aparece fundada por Luis Alexander Pichuaga (canadiense) y María Soledad Vega, quienes afirmaron ignorar que figuraban en la sociedad. La policía fue al domicilio del primero, en el que se encontraron con un PH de dos pisos en el que residían múltiples miembros de una familia. La habitación superior era compartida por Pichuaga, su mujer y tres niños.
Para el fiscal federal Gerardo Pollicita, los primeros hallazgos reflejan una operatoria presuntamente criminal, posición que comparten el Ministerio de Capital Humano, que fue aceptado como querellanten el expediente, al igual que la Unidad de Información Financiera (UIF). También la Oficina Anticorrupción (OA) pidió ingresar a la investigación, al igual que la agrupación civil Poder Ciudadano.
En los tribunales federales de Comodoro Py, cabe aclarar, los responsables del Polo Obrero no son los únicos intermediarios de planes sociales y fondos públicos bajo sospecha. Se suman algunas cooperativas, como El Resplandor Ltda, Mujeres en Lucha, El Trabajo Primero Ltda. y Por un Trabajo Genuino Ltda, que fueron allanadas la semana pasada.
Las sospechas también se extienden sobre algunos presuntos “facilitadores profesionales”, como el escribano Juan Bautista Derrasaga, Gabriela Rivero, Lucía Agúndez y Virgilio Vivarelli, quienes participaron en la constitución, los cambios societarios o la inscripción de Coxtex SA, Recinsur SA, VSP Consulting SA y Ciriaco Shoes SRL.
Horas después de que LA NACION revelara su presencia detrás de ese entramado societario, Derrasaga se puso a disposición de la Justicia. Se presentó esta semana con la asistencia del abogado Adrián Rodríguez Díaz, quien sostuvo que el escribano con registro notarial en Carlos Casares actuó dentro de la ley.
“Derrasaga se dedica a armar esqueletos societarios de acuerdo al marco jurídico establecido por la ley para que las empresas puedan funcionar”, afirmó Rodríguez Díaz, quien planteó que su cliente actuó como escribano “a requerimiento de personas que cuentan con el capital [para conformar una sociedad] y en base los requisitos legales para hacerlo”. Por ese motivo, adujo, su cliente pudo “perfectamente no saber quiénes son las personas que van a usar esas empresas y cómo van a usarlas”.
Con domicilio personal en Gonnet, en las afueras de La Plata, Derrasaga acumula allanamientos judiciales en al menos dos investigaciones criminales durante los últimos años. En ambos casos, por haber montado sociedades comerciales que sirvieron para la evasión o el lavado de activos provenientes de la corrupción de Ricardo Jaime y Lázaro Báez. Ahora, se suma el caso del Polo Obrero. ¿Cómo habría? La sospecha es que se recurrió a desempleados, analfabetos y otras personas vulnerables a los que les pagaron unos pesos a cambio de firmar los documentos societarios.
Para Rodríguez Díaz, sin embargo, plantear esa hipótesis conlleva desconocer cuáles son las atribuciones legales de los escribanos. “Como oficial público fedatario que es, Derrasaga responde por la sinceridad de lo que las partes en buena fe declaren ante él”, argumentó, “no teniendo otra capacidad a la vista que su oficio y experiencia para analizar la documentación que le ponen enfrente y dar fe de ello, siempre dentro del marco legal”.
De todos modos, el juez Casanello libró un oficio al Juzgado Notarial con sede en La Plata y jurisdicción sobre toda la provincia de Buenos Aires para pedirle referencias profesionales sobre Derrasaga, quien acumula al menos un par de sanciones a lo largo de su carrera profesional: un apercibimiento y una suspensión por 60 días, según reconstruyó LA NACION.
Casanello citó, además, a indagatoria a Belliboni y otros imputados. También procura seguir el recorrido de los cientos de millones de pesos que el Polo Obrero, cooperativas y organizaciones sociales recibieron del Estado Nacional durante los últimos años y que, al menos en parte, habrían desviado para otros fines con facturas truchas. Para eso, también puso bajo la lupa al menos catorce cheques que pasaron por una sucursal del Banco Ciudad en Parque Patricios.
