Corrupción en la compra de insumos médicos, carencias en los equipos para el personal sanitario y detenciones arbitrarias son las denuncias, relacionadas con las políticas aplicadas durante la pandemia de Covid-19 en Paraguay, apuntadas por Amnistía Internacional en su informe 2020/21 sobre la situación mundial de los derechos humanos. Además, el documento puntualiza nulo avance en las políticas de protección de los derechos de mujeres, niños, niñas, adolescentes, pueblos indígenas y la comunidad LGTIB.
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Amnistía destaca que se investigaron varias denuncias de corrupción en la adquisición de suministros médicos. Y que el personal sanitario sufrió falta de equipos de protección individual y condiciones laborales adecuadas para trabajar en un entorno seguro durante la pandemia por el coronavirus.
“El sistema de salud era precario y estaba mal preparado para abordar el Covid-19, y otras enfermedades. Al concluir el año se estaban investigando varias denuncias de corrupción relacionadas con la compra pública de suministros médicos”.
En el material también refieren que se registraron falencias en los albergues dispuestos por el Gobierno a principios de la pandemia, donde unas 8.000 personas, en su mayoría paraguayos que habían perdido sus empleos informales en Brasil, cumplieron una cuarentena obligatoria en condiciones inadecuadas, con “falta de información fiable sobre los procedimientos, deficiente dotación de personal, escasez de suministros médicos”.
DETENCIÓN ARBITRARIA. Entre marzo y junio, con el despliegue de unos 24.000 agentes de policía y al menos a 3.000 efectivos militares destinados a cumplir las medidas del confinamiento, se realizaron varias denuncias de “malos tratos y castigos humillantes o degradantes infligidos por miembros de las fuerzas de seguridad”.
Resaltan la operación militar en la que falleció un miembro de las Fuerzas Armadas en Ciudad del Este, que dio pie a la detención arbitraria en “un operativo en represalia” de unas 35 personas que fueron privadas de su libertad en una base naval. Además se pronunciaron sobre la muerte de las niñas argentinas de 11 años en el operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), donde acotan que la Fiscalía presentó fallas en el manejo forense e incumplió el Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.
INSUFICIENTE. En materia de derechos, Amnistía resalta que las autoridades no aplicaron medidas suficientes en casos de explotación y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, ni garantizaron los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes. Se computaron unas 1.877 denuncias de abuso sexual infantil en el Ministerio Público, mientras el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social registró 339 alumbramientos de madres de entre 10 y 14 años, y 9.382 de madres de entre 15 y 19. Al respecto señalaron el cuestionamiento al Plan Nacional de la Niñez y Adolescencia, que llevó a la interpelación de la ministra de la Niñez y la Adolescencia ante la Cámara de Diputados.
Remarcan que no hubo progreso en favor del acceso al territorio y servicios para los pueblos indígenas, ni avances en el proyecto de ley contra todas las formas de discriminación presentado en 2015.
1.600 millones de dólares fue el crédito con la ley de emergencia nacional para dar respuesta a la pandemia.
422 millones de dólares, de los 1.600 millones, fueron para personal de blanco, medicamentos y vacunas.
