La Fiscalía General de la República (FGR) investiga presuntas irregularidades cometidas por los responsables de llevar a cabo el trámite de la extradición de Alonso Ancira, preso y procesado por un presunto lavado de 3.5 millones de pesos.
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La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, antes Visitaduría General de la FGR, informó a un juez de distrito que lleva a cabo esta indagatoria, luego de que así lo solicitara el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) en su demanda de garantías.
Fuentes federales indicaron que la investigación se instruye por el delito de ejercicio indebido del servicio público y que uno de los indagados es Miguel Ángel Ortega Sánchez, Fiscal de la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la FGR.
El empresario acusa una violación al procedimiento de extradición porque Ortega hizo ante el Reino de España una “declaración jurada”, figura que no existe en la legislación mexicana.
Ancira también le atribuye una violación al secreto sumarial, porque el delito por el que se ordenó su aprehensión es lavado de dinero y Ortega declaró a las autoridades ibéricas que investigaban al imputado por otros ilícitos.
“Así, respecto de la Fiscal Especializada de Asuntos Internos, (Ancira) pidió que, en el ámbito de su competencia, investigue las posibles conductas irregulares”, dice una sentencia del Primer Tribunal Colegiado Penal en esta ciudad.
“Por esa razón, dicha autoridad, al rendir su informe con justificación, se limitó a informar que se inició una carpeta de investigación, así como el nombre del agente del Ministerio Público de la Federación que la tiene a cargo y el domicilio en que se encuentra ubicada, y puso a disposición del peticionario un correo electrónico y un número de teléfono para cualquier duda o aclaración”.
Ancira promovió hace un año un amparo en el que pidió a la FGR exponer las razones y fundamento de una “declaración jurada” que envió a España para apoyar la petición formal de extradición, ya que esa figura legal no existe en México.
En esa demanda, pidió que le precisaran si los hechos y las clasificaciones jurídicas mediante las que la FGR solicitó su extradición, derivaban de la carpeta de investigación que dio lugar a la única orden de aprehensión que pesa en su contra por lavado de dinero.
Es en este amparo, concedido en primera instancia y ahora confirmado en la revisión del Primer Tribunal Colegiado Penal, donde la Fiscalía informó que se indaga a los servidores públicos responsables de dicha indagatoria.
El origen de este litigio está en una declaración jurada de Miguel Ángel Ortega Sánchez, Fiscal de la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la FGR, enviada el 11 de noviembre de 2019 al Reino de España, para apoyar la petición formal de extradición contra Ancira.
En ese documento, el funcionario menciona que el dueño de la siderúrgica era investigado por los delitos de cohecho y uso indebido del servicio público, ilícitos que en realidad están previstos principalmente para servidores públicos.
Ancira fue extraditado el pasado 3 de febrero y desde entonces permanece internado en el Reclusorio Norte, pues si bien negocia con Pemex un acuerdo reparatorio de 216 millones 664 mil 40 dólares, hasta el momento éste no se ha concretado.
