La Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito de acusación contra el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, dentro de la causa que investiga un juzgado de Madrid sobre el origen de su patrimonio desde 1999.
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El Ministerio Público cifra en 8,5 millones de euros la cuota defraudada en diferentes ejercicios fiscales por el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que hace escasas semanas quedó en semilibertad tras cumplir buena parte de su pena por la causa de las ‘tarjetas black’ de la extinta Cajamadrid.
Los acusadores atribuyen a Rato 11 delitos contra la Hacienda Pública, así como delitos de blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción en los negocios y otro continuado de falsedad en documento mercantil. Por todos ellos reclaman un mínimo de 70 años de cárcel.
En su informe, Anticorrupción señala que Rato, de 72 años, ha mantenido un patrimonio oculto al fisco durante años a través de diversas sociedades, entre ellas cuatro mercantiles radicadas en Irlanda, Reino Unido y Panamá. Unas sociedades con las que el acusado «ha realizado actividades de inversión financiera mediante multitud de cuentas abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Suiza o Mónaco, entre otros lugares, en una operativa desconocida por Hacienda y que habrían constituido hechos delictivos desde 2005 hasta 2015».
El escrito describe la colaboración «particularmente relevante» que en tales operaciones habrían tenido el excuñado de Rato, Santiago Alarcó, y el asesor fiscal Domingo Plazas.
Además, la documentación intervenida en las entradas y registros efectuadas en abril de 2015 en el domicilio de Rato y en la sede de sus empresas en Madrid, así como en otras localizaciones en Cádiz, «ha permitido conocer que ha titulado también cuentas en Estados Unidos y Suiza desconocidas para el fisco español, que ha operado a través de depósitos en territorios de baja tributación como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao y que se ha servido, presuntamente, de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos a través de sociedades opacas».
El acusado se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal del Gobierno del PP, declarando ser el propietario de la mercantil Red Rose Finantial, «omitiendo» cualquier referencia a otras sociedades que él mismo tenía, declarando así un patrimonio en el exterior de 115.333 euros y pagando el 10% de peaje.
No obstante, el exministro de Economía (2000-2004) en el Gobierno de Aznar -artífice del llamado «milagro económico»- ha realizado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por 15,6 millones, según la Fiscalía.
