El Juzgado Central de Instrucción número 6 ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la petición de la acusación popular Pro Lege para que se investigue a Pablo Iglesias en el caso Dina una vez ha perdido su aforamiento.
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El líder de Podemos ha dejado su escaño en el Congreso de los Diputados y la vicepresidencia segunda del Gobierno para poder concurrir a las elecciones a la Comunidad de Madrid como candidato.
En estas circunstancias, la acusación popular pidió al Juzgado que se le investigara por los presuntos delitos de revelación de secretos y daños informáticos por el manejo de una copia del móvil de su asesora en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, entre enero y julio de 2016.
El Juzgado, en un trámite habitual, ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción la solicitud de Pro Lege mediante una diligencia de ordenación para que «manifieste lo que convenga» para que después el Juzgado «acuerde lo que proceda».
El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 Manuel García-Castellón envió una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo ante la que Iglesias estaba aforado como vicepresidente del Gobierno para que se le investigara por los presuntos delitos de revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa al ver indicios de éstos.
El Supremo devolvió la propuesta de investigación al juez descartando que se dieran las condiciones para investigar el presunto delito de denuncia falsa y pidiéndole que agotara la investigación que los magistrados consideraron inacabada.
Entre otras cuestiones, consideraron que el juez debía escuchar a Bousselham para ver si se sentía perjudicada por los actos de Iglesias porque, de no hacerlo, no habría comisión de los presuntos delitos expuestos.
El juez ordenó una nueva pericial a la Policía sobre el estado de la tarjeta que contenía el volcado del móvil de la asesora de Iglesias que éste manejó. Por su parte, Bousselham remitió un nuevo escrito al juez en el que justificó el acceso a su móvil por parte su jefe y, por lo tanto, descartó sentirse agraviada por ello.
El pasado 30 de marzo, una vez Iglesias renunció a sus cargos para concurrir a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Pro Lege solicitó su imputación por la pérdida de aforamiento. La Fiscalía Anticorrupción tendrá que pronunciarse por lo tanto al respecto en los próximos días.
