La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó este viernes una denuncia constitucional por presunto enriquecimiento ilícito contra el parlamentario Edgar Alarcón, quien preside la Comisión del Fiscalización del Legislativo.
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Alarcón, integrante de la bancada del partido Unión por el Perú (UPP), ha sido acusado por presuntos actos de corrupción cometidos cuando fue funcionario de la Contraloría General de la República, que llegó a dirigir.
Tras la exposición del informe, presentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la denuncia fue aprobada con 18 votos a favor, 7 abstenciones y 2 votos en contra, en este caso de legisladores fujimoristas.
DENUNCIA DE FISCALÍA
La denuncia fue presentada hace ocho meses ante el Congreso por la fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, quien consideró que existe un desbalance patrimonial en las cuentas que presentó Alarcón en 2016 y 2017, cuando fue gerente de operaciones, gerente de auditoría especializada y vicecontralor de la Contraloría peruana.
El informe de acusación presentado este viernes señaló que las pericias fiscales mostraron «la falta de transparencia y formalidad» de Alarcón al presentar su declaración tributaria, lo que demostraría un incremento injustificado e ilegal de su patrimonio.
Alarcón aseguró, por su parte, que la Fiscalía no consideró en sus peritajes el saldo inicial de sus ingresos, por lo que aseguró que las acusaciones «carecen de sustento» y sostuvo que el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es una copia de la denuncia del Ministerio Público.
ACUSACIÓN PASA AL PLENO
Tras la aprobación del informe por la Comisión Permanente, la denuncia constitucional deberá ahora ser debatida y votada por el pleno del Congreso, que decidirá si se permite que la Fiscalía lleve a Alarcón ante los tribunales.
La legislación peruana establece una pena de entre 10 y 15 años para los funcionarios que cometan el delito de enriquecimiento ilícito, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Alarcón aseguró en Twitter que existe una «mafia que ha secuestrado al país», en la que incluyó a la fiscal Ávalos, y que tiene «evidentes tentáculos» en el Congreso «para concretar la venganza» del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), del que es un enemigo declarado.
