El fiscal general Francisco Barbosa puso en marcha una operación para debilitar las estructuras criminales del país atacando las finanzas de esas organizaciones ilegales.
AntilavadoDeDinero / eltiempo.com
El jefe del ente acusador se desplazó a dos de las zonas del país en las que se adelantan campañas con el Ejército para enfrentar delitos asociados al narcotráfico y la minería ilegal, que financiar las redes criminales del país.
En Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, se reunieron con las fuerzas militares y la Policía Nacional para revisar los avances de la ‘Campaña Aquiles’, dispuesta para perseguir y afectar al ‘clan del Golfo’, ‘los Caparros’ y otros grupos que serían los responsables de agresiones a defensores de derechos humanos, homicidios y delitos ambientales en esa región.
Posteriormente, en Tumaco, Nariño, fueron evaluados los resultados obtenidos en la ‘Campaña Atlas’ que busca cerrar los corredores de salida de estupefacientes desde las costas del Pacífico colombiano hasta Centroamérica y Estados Unidos.
Durante el recorrido se documentó por parte de las autoridades el grave daño ambiental que deja la minería ilegal.
En el municipio de Francisco Pizarro, Nariño, en donde se busca erradicar extensos plantíos de droga se activó la operación ‘Argenta’, «con la que se busca reforzar la lucha contra la criminalidad mediante la afectación del patrimonio ilícito de estas organizaciones».
El funcionario señaló que ‘Argenta’ «irá acompañada de actividades investigativas con fines de extinción de dominio. Acciones focalizadas para develar operaciones de lavado de activos y poner en evidencia las maniobras utilizadas por la ilegalidad para ocultar los dineros productos de su actuar».
Se ocuparon 20 bienes, avaluados en más de 2.000 millones de pesos, que pertenecerían a la estructura ilegal responsable del crimen de 8 personas, en la vereda Santa Catalina de Samaniego, Nariño.
Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas en Samaniego, Nariño; Puerto Asís, Putumayo y Jamundí, Valle del Cauca. Entre los bienes afectados está la vivienda donde se habría planeado la acción criminal ocurrida el 15 de agosto de 2020.
El funcionario destacó igualmente los avances en la extradición de personas vinculadas a carteles de la droga.
En los últimos 12 meses han sido ubicadas 171 personas pedidas en extradición (138 en 2020 y 33 en lo corrido de 2021). En este periodo se han realizado 134 entregas formales a los países requirentes, luego de cumplirse los términos e instancias diplomáticas y legales (122 entregas en 2020 y 12 en 2021).
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