Argentina ha dado otro paso hacia el empoderamiento de sus funcionarios públicos para combatir el crimen relacionado con cripto. El Ministerio de Seguridad de la Nación emitió recientemente la Resolución 117/2025, que describe los procedimientos que los funcionarios públicos, incluidas las fuerzas de seguridad policial y federal, deben seguir al tratar con activos digitales posiblemente vinculados al crimen.
El protocolo, que las autoridades argentinas deben seguir ahora, busca estandarizar los procesos necesarios para prevenir la pérdida o alteración de activos digitales en procedimientos oficiales.
De la misma manera, la resolución reconoce e identifica que las criptomonedas son herramientas que se están utilizando en esquemas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Debido a esto, el Ministerio de Seguridad ha establecido la necesidad de fortalecer la investigación y seguimiento de estos activos cuando están involucrados en actividades criminales.
Con este movimiento, Argentina salta a la vanguardia de Latam en cuanto al tratamiento del crimen relacionado con cripto y reconoce la relevancia de los activos digitales como sustitutos del dinero.
Y con buena razón: el país ha sido el hogar de varios fraudes cripto de alto perfil que han afectado a miles, principalmente relacionados con fraudes de inversión y esquemas Ponzi.
El Ministerio de Seguridad es consciente de esta ola de crímenes cripto y ha estado preparando un conjunto de herramientas para combatirla. En diciembre, el ministerio estableció que las fuerzas de seguridad deberían prevenir “la intermediación financiera no autorizada a través del uso de criptoactivos,” prometiendo rastrear de manera preventiva el comportamiento posiblemente criminal derivado de su uso.
Las autoridades argentinas obtuvieron grandes victorias en casos de crímenes cripto el año pasado. En septiembre, se ejecutó una de las primeras incautaciones de cripto en una operación de lavado de dinero que mezclaba actividades de contrabando de teléfonos y casinos ilegales en línea.
Además, en diciembre, las agencias de aplicación de la ley argentinas solicitaron el congelamiento de 3,5 millones de USDT vinculados a Rainbowex, un supuesto esquema Ponzi. Esta fue la primera vez que las autoridades legales argentinas interactuaron directamente con Tether en un caso criminal, emitiendo una orden para este objetivo.
