La Asociación de Bancos Privados (ASOBANP) rechazó de Ley de reforma y Adición a la Ley 842 «Ley de Protección de los Derechos de las personas consumidoras y usuarias» ya que transgrede la libertad contractual entre los bancos y clientes en Nicaragua.
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ASOBANP escribió una carta a la Comisión económica de la Asamblea Nacional, que discute esta reforma para luego pasarla al plenario.
Esta reforma según ASOBANP, le impide «a los bancos que de manera libre elijan con quien iniciar sus relaciones comerciales e igualmente decidir cuándo cancelar una relación con un usuario o consumidor, facultad que está en sus contratos y reglamentos los cuales son de conocimiento del cliente o usuario».
Agregan que los artículo 9, numeral 10 y 25, asi como el artículo 54 y la adición al artículo 6 numeral 22 de la citada reforma a la Ley, «violan el derecho constitucional a la libre empresa consignado al artículo 99 de la Constitución Política de Nicaragua y promueven prácticas que incitan el lavado de dinero, nos pone en riesgo como país de pasar de la lista gris en que nos encontramos a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) lo que ocasionaría el cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar y recibir transferencias internacionales, el cierre de líneas de créditos del exterior y cancelación de contratos con las marcas de tarjetas de créditos. Esto implica que Nicaragua sería excluida del Sistema Financiero Global«, advierte la Asociación de Bancos Privados.
José Adán Aguerri aseguró que con esta reforma se quiere proteger a los sancionados
El expresidente del Consejo superior de la empresa privada (COSEP) José Adán Aguerri, integrante de la Alianza Cívica, aseguró esta semana a VOS TV que «esta es una reforma que quiere proteger de alguna manera a los sancionados y el costo lo vamos a pagar si eso sigue así y no se cambia, lo vamos a pagar una vez más todos los nicaragüenses” alertó sobre la reforma a la ley del consumidor.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a 28 funcionarios y cercanos al dictador Daniel Ortega y para Aguerri “la banca privada no puede bajo ninguna circunstancia acoplarse a esa reforma de Ley” porque sería que las empresas y sector acepten una sentencia que las puede llevar a estar fuera del sistema financiero internacional.
La Asociación de Bancos privados, dice en su carta a los diputados que los bancos tienen como responsabilidad proteger a los depositantes, cumplir con las normas internacionales y que deben adherirse a la recomendación 10 del GAFI que obliga a los bancos a mantener la «prevención del lavado de dinero».
«Las entidades financieras deben tener la facultad de dar por cancelada una relación o negarse a prestar un servicio, sin que ellos se limite a una justificación contenida en una ley, desconociendo esta iniciativa de Ley las políticas internas de las instituciones financieras sobre prevención de lavado de dinero que responden a la citada recomendación» explica ASOBANP.
Alertan que el país no podría «importar, exportar bienes y servicios, ni recibir remesas del extranjero».
«El riesgo país se aumentaría con la aprobación de esta iniciativa de Ley perjudicando a todos los sectores de la población en especial a los que reciben remesas del exterior, al sector productivo exportador, y sector comercio que requieren de un sistema financiero que mantenga una buena relación con los corresponsales extranjeros y los fondeadores externos para desarrollar su actividad» argumenta el Presidente de la Asociación de Banpros Privados (ASOBANP) Juan Carlos Argüello Robelo, en su carta enviada a los diputados.
