A partir de abril de 2018 han “llovido” sanciones y condenas de Estados Unidos para el régimen Ortega Murillo. Estos personajes han sido señalados por el Departamento del Tesoro o el Departamento de Estado como lavadores de dinero. Sin contar a los que han sido nombrados por otros actos de corrupción.
Antilavadodedinero / Laprensa
Laureano Ortega Murillo
El 17 de abril de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Laureano Ortega Murillo y al Banco Corporativo SA (BanCorp) “por sus papeles en la corrupción y el lavado de dinero para beneficio personal del régimen de Ortega”, en palabras de Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
“A partir de 2018, Laureano se involucró en negocios corruptos en los cuales inversionistas extranjeros pagaron por un acceso preferencial a la economía nicaragüense. Además, Laureano coordinó las tareas ejecutivas para el proyecto del Gran Canal de Nicaragua y estuvo en el centro de su creación.
A pesar de la pérdida de impulso del proyecto, las cifras del régimen de Ortega, incluido Laureano, continúan utilizando la Compañía del Gran Canal de Nicaragua como medio para lavar dinero y adquirir propiedades a lo largo de la ruta planificada del canal”, reza la nota del Departamento del Tesoro.
Rafael Ortega Murillo
En diciembre de 2019 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Rafael Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial de Nicaragua; a la Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP Petronic), a la empresa de seguridad El Goliat y a la concesionaria de gasolineras Inversiones Zanzíbar por controlar, financiar y lavar dinero para el régimen.
Según el Tesoro, Ortega Murillo utilizó las empresas “para generar ganancias, lavar dinero y obtener acceso preferencial a los mercados para el régimen de Ortega”.
“El Tesoro está apuntando a Rafael y las compañías que posee y usa para lavar dinero para apuntalar el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense”, dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.El misterioso José Jorge Mojica fue señalado como testaferro del régimen.
José Jorge Mojica
En julio de 2020 el Departamento del Tesoro sancionó a José Jorge Mojica, identificado por Estados Unidos como “uno de los testaferros más confiables de la familia Ortega”.
En su reporte sobre el motivo de la sanción, el informe detalla que Mojica “actúa como representante personal de Ortega, crea compañías fantasma para lavar dinero y oculta su propiedad y ganancias ilícitas”.
Asegura, además que, a fines de 2019, “supuestamente creó un plan de lavado de dinero para extraer dinero de las empresas que dirige en nombre del hijo del presidente, Rafael Antonio Ortega Murillo, quien fue designado en diciembre de 2019”.
Roberto López Gómez
En noviembre de 2019 Estados Unidos sancionó a Roberto López Gómez, presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
“El INSS es uno de los principales vehículos que facilitan la corrupción, y se ha utilizado como fondo para sobornos del gobierno. El INSS ha estado implicado en escándalos de corrupción y esquemas de lavado de dinero bajo la supervisión de López, desde financiar un edificio de varios millones de dólares en tierras de propiedad de López, hasta favorecer contratos con empresas de construcción afiliadas al gobierno y proveedores farmacéuticos, hasta realizar pagos ilegítimos a funcionarios a través de empresas fantasma”, dice el documento divulgado por el Departamento del Tesoro.La familia Ortega Murillo está en la mira del gobierno de Estados Unidos.
Familia Ortega Murillo
En marzo de 2021 la familia presidencial de Nicaragua fue mencionada en un informe sobre lavado de dinero, narcotráfico, corrupción y crimen organizado, presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
“Las designaciones de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) siguen a las sanciones contra las empresas controladas por la familia del presidente Ortega. Estas acciones presentan un mayor riesgo de que se filtren fondos ilícitos al sistema financiero y cómo la primera familia (presidencial) busca trasladar su riqueza a activos que puedan transitar fronteras”, detalla el informe de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.
