El líder de una banda muy activa en la provincia de Alicante especializada en estafas en el sector inmobiliario y fraudes fiscales ha sido ingresado en prisión, en una operación con siete detenidos.
Antilavadodedinero / Castellon
Según la Policía Nacional, se ha acreditado la pérdida ilícita por parte de los propietarios de un total de trece viviendas en la provincia de Alicante, con un perjuicio estimado superior a los 300.000 euros.
La mayor parte de las dieciocho víctimas sufren grave riesgo de exclusión social y económica ya que la estafa ha agravado su situación tras perder sus propiedades que avalaban supuestos préstamos usureros.
Este grupo criminal, sobre el que recaen otras causas en diversos juzgados tanto de Alicante capital como de la provincia, está especializado en delitos contra la Hacienda Pública y estafas de todo tipo, principalmente en el sector inmobiliario.
Uno de sus líderes, detenido en diversas ocasiones por delitos de similar naturaleza, es abogado en ejercicio y se aprovechaba de la confianza que sobre él tenían las víctimas para consumar el engaño y el posterior desplazamiento patrimonial.
En esta ocasión, y valiéndose del auxilio de una amplia red de testaferros y colaboradores, se publicitaban en diversos medios de comunicación local como empresa que otorgaba préstamos a particulares, consiguiendo captar a personas con graves apuros económicos o en riesgo de exclusión social.
Para la concesión de los préstamos, cuyo importe la mayor parte de las veces ni tan siquiera llegaban a entregar, ponían como condición que se avalara con una propiedad inmobiliaria de cara a garantizar su devolución. De esta manera, las propiedades que en un principio iban a garantizar el préstamo personal pasaban a ser tituladas por una empresa controlada por el grupo criminal a través de un testaferro, procediéndose a la venta a terceros de algunas de ellas.
El grupo especializado de la Policía Nacional de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, que ha desarrollado la investigación, ha podido identificar a 18 víctimas.
Los siete detenidos, hombres españoles de 41 a 62 años, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Alicante, que decretó la prisión provisional para uno de los líderes.
