La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado la razón a la Fiscalía Anticorrupción y ha reabierto la pieza derivada del caso 3% en la que investigaba las donaciones de pequeñas cantidades (3.000 euros) realizadas por exaltos cargos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a la formación, presuntamente para blanquearlas, lo que se conoce como ‘pitufeo’, confirmaron fuentes jurídicas.
El juez Santiago Pedraz había archivado la pieza al considerar que las explicaciones de los exaltos cargos imputados no habían quedado desvirtuadas a través de la instrucción. Todos ellos aseguraron que sus donaciones respondían a aportaciones extraordinarias que les fueron solicitadas por CDC en su condición de militantes y, en particular, en atención al cargo público o de responsabilidad institucional que tenían, para hacer frente a los problemas de tesorería que atravesaba la formación entonces.
Unas explicaciones que no convencieron al fiscal adscrito al caso, José Grinda, que recurrió el archivo en un escrito, en el que pedía la prórroga de las actuaciones, cuya instrucción debía acabar en julio, hasta determinar si los ingresos realizadas por estos políticos servían para blanquear el dinero ilícitamente obtenido de empresarios que querían resultar beneficiados en concursos públicos.
Anticorrrupción pidió revocar el archivo para pedir más información bancaria sobre las imposiciones realizadas por los exaltos cargos de CDC imputados para lo que se basaba en informes de la Guardia Civil y de los Mossos de 2019, así como en las declaraciones prestadas por el extesorero del partido Daniel Osàcar y el abogado de la formación Francesc Sànchez.
Una coordinación superior
Destacaba que todas las donaciones eran por 3.000 euros -salvo en el caso de una de Monserrat Candini, que fue de 9.000- y que todas se produjeron en muy pocos días entre octubre y diciembre entre los años 2008 y 2010, lo que entiende que implica «la existencia de una coordinación superior». Además, explicaba que Sànchez declaró en enero de 2020 en el juzgado que no podían ser pagos de cuotas de partido, porque hasta 2014 no se registraron esas cuotas como donaciones por razones tributarias.
«No siendo pagos de cuota tampoco pueden ser pagos o aportaciones de los cargos electos pues estos se hacían con carácter mensual«, insistía el fiscal, que recordaba que Sànchez declaró ante el juez que «no era posible exigir un esfuerzo mayor a dichos cargos para que, al tiempo que daban parte de su sueldo, hicieran donaciones».
De ahí que a diferencia del juez, el fiscal considerara que deben seguir siendo investigados por blanqueo de capitales Carles Flamerich, que realizó dos donaciones de 3.000 euros cada una, una en 2008 y otra en 2010; Jordi Jané (cuatro de 3.000 euros anuales entre 2008 y 2013), Marc Guerrero (una en 2009 y otra en 2010), Víctor Vila (tres donaciones), Jordi Moltó (otras tres entre 2008 y 2010), Pere Macías (cuatro), Gloria Renom (tres), Felip Puig (tres), Xavier Crespo (una), Monserrat Candini (una de 9.000 y otras tres de 3.000 cada una), Irene Rigau (dos) y Eduard Freixedes (tres).
Financiación y blanqueo
El escrito desgranaba cómo todos ellos, inmediatamente después de hacer la presunta donación, realizaron reintegros por el mismo valor o por cantidades inferiores que las que acababan de entregar a CDC. Para reforzar sus sospechas, el fiscal recuerda la sentencia del caso Palau, en lo relativo a la financiación ilegal de Convergència a través de Ferrovial, así como las distintas piezas que se han ido separando del caso 3%, como esta del ‘pitufeo’ o la de las presuntas facturas falsas de la productora Triacom, que aún sigue en instrucción.
Según Anticorrupción, el partido disponía de «dinero en efectivo procedente de entregas de empresarios, con las que realizaban actos de soborno para que los responsables de CDC incidieran directamente en la adjudicación arbitraria de concursos convocados por organismos públicos en favor de las empresas».
Argumentaba que esta formación política estableció sistemáticamente una triple vía de financiación al margen de la legalidad: con las donaciones a las entidades afectas a CDC, como sus fundaciones; con la simulación de servicios y convenios con empresas que luego se veían beneficiadas con los contratos públicos, y con las entregas en efectivo de los exaltos cargos imputados en esta pieza, cuya reapertura solicita.
