La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado reabrir la pieza separada del caso Villarejo que analizaba sus audios con la examante de Don Juan Carlos Corinna Larsen porque entiende que con la investigación practicada es suficiente para llegar a la misma conclusión a la que llegó en su día el juez: no hay indicios suficientes de que ella encargase un trabajo al comisario.
Antilavadodedinero / Abc
Esa pieza separada es la quinta de la macrocausa que investiga al comisario en la Audiencia Nacional y fue incoada cuando en julio de 2018 se publicó en prensa el contenido de una conversación que dos años antes, había mantenido Villarejo con Corinna Larsen en Londres y en compañía del empresario Juan Villalonga.
Son los audios en los que ella hablaba de comisiones de Don Juan Carlos en la adjudicación del AVE a la Meca y testaferros y fondos en el extranjero.
Al cabo de unos meses, la investigación se cerró porque el entonces juez instructor Diego De Egea, como la Fiscalía, llegó a la conclusión de que había que cerrar: o Don Juan Carlos era inviolable como jefe del Estado en el momento de los hechos que ella relataba, o los hechos estaban prescritos y además, el único indicio era el testimonio de ella, que podría tener razones personales para despacharse de ese modo sobre él. Sin embargo, Anticorrupción, como la Fiscalía de Suiza tomaron nota del asunto. Fue así como se iniciaron las investigaciones sobre el patrimonio de Don Juan Carlos que a día de hoy, siguen vivas en la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Sin pistas del supuesto encargo
Sin embargo, nuevos indicios hallados en la documentación intervenida a Villarejo llevaron al juez Manuel García Castellón a reabrir este asunto en julio de 2020 bajo la nueva sospecha de que Corinna Larsen le hubiese encargado al comisario uno de sus ya célebres trabajos. Se trataría de espiar a una asistente personal que tenía y que según sospechaba, la estaba traicionando y a un ciudadano británico.
La germanodanesa llegó a ser imputada pero para octubre, se archivó de nuevo el asunto. Por un lado, porque no se encontraron más indicios – como lo hubiera sido la búsqueda de la asistente personal en bases de datos policiales o los pagos-, que corroborasen que hubo un encargo que Villarejo ejecutó prevaliéndose de su condición policial, que es lo que habría constituido un cohecho. Por otro, porque el delito se habría cometido en suelo extranjero y habría requerido querella de la Fiscalía, que no estaba por la labor.
Podemos recurrió esa decisión y pidió una ingente batería de diligencias que consideraban necesarias para esclarecer el asunto, como escuchar a Villalonga y al gestor de cuentas que montó una estructura para Don Juan Carlos en Panamá, Dante Canónica; o recabar mediante comisiones rogatorias información de Suiza, Mónaco, Marruecos y Reino Unido porque apreciaba indicios de «diversos delitos», más allá del cohecho.
No hay querella del fiscal ni de la afectada
En el auto, los magistrados de la Sección Tercera revisa esas diligencias que solicitaba Podemos y llega a la conclusión de que no son pertinentes porque o bien se refieren a hechos que no tendrían relevancia penal, o a hechos para los que ya se ha dictado el sobreseimiento o que se siguen investigando en la pieza principal de la causa, que se sigue por blanqueo y organización criminal.
Recuerdan además que algunos de los ilícitos que mencionan, cometidos en el extranjero, para ser perseguidos en España precisan de la querella de la persona agraviada o del Ministerio Fiscal y ni la supuesta asistente personal espiada ni la Fiscalía Anticorrupción han movido ficha. Por último, en cuanto a la existencia de un presunto encargo, llegan a la conclusión de que no se han encontrado evidencias del mismo, «ni siquiera en un estadio inicial». Ratifica así el sobreseimiento de la pieza.
