Desde el 5 de marzo pasado, cuando el país estaba alerta por la llegada al país del nuevo Covid-19, hasta la fecha, cuatro de los excombatientes que firmaron el Acuerdo de Paz murieron en confusos hechos en Bogotá, Caquetá y Meta. ¿Quiénes eran?
Antilavadodedinero / Elespectador
De izquierda a derecha los excombatientes asesinados: Astrid Conde Gutiérrez (Bogotá); Belle Ester Carrillo Leal (Caquetá); Irnel Flores Forero (Caquetá) y Albeiro Gallego Mesa (Meta)./Archivo.
El 12 de marzo pasado, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que nació después de la dejación de armas de la guerrilla, se concentró en el parque Santander de Bogotá, para volver a protestar, una vez más, contra el homicidio de sus miembros que antiguamente hicieron parte de la insurgencia.
Desde que se firmó el Acuerdo de Paz y hasta la fecha, este partido denuncia que han sido asesinados 191 exguerrilleros. Las autoridades investigan diferentes causas: venganzas arrastradas por el pasado de la guerra, ejecuciones extrajudiciales como el caso de Dimar Torres, retaliaciones de quienes no se acogieron al pacto de La Habana o el asesinato por parte de estructuras neoparamilitares.
Aunque los móviles están pendientes por ser esclarecidos, lo cierto es que la matanza no se detiene. La protesta del 12 de marzo fue por Astrid Conde Gutiérrez, la segunda firmante del acuerdo de paz asesinada en la capital del país.
Conde recibió un impacto de arma corta en el sur de Bogotá, en El Tintal, localidad de Keneddy, el 5 de marzo. Minutos después, y tras un intercambio de disparos con vigilantes del sector, las autoridades capturaron a Jonathan Esneider Castelblanco, el presunto autor material del homicidio. Según la Fiscalía, Castelblanco fue citado cerca del sitio de los hechos en donde le entregaron el arma y una parte del dinero para matar a la excombatiente que salió de la cárcel por el Acuerdo de Paz. Sin embargo, el ente investigador no entregó más información sobre los autores intelectuales.
Conde había sido pareja del disidente del proceso de paz, Miguel Botache Santillana, conocido como Gentil Duarte, con quien también tenía un hijo. En medio del proceso de reincorporación, terminó la básica primaria, se capacitó en la Universidad Nacional en el curso: Mujeres y Construcción de paz. Igualmente, desarrolló experiencia laboral desde la informalidad, por ejemplo, haciendo aseo en casas de familia.
Adicionalmente, participó de manera activa en el grupo Defensa y Derechos de la Corporación de Solidaridad Jurídica como una de las integrantes de este proceso. Conde estaba muy interesada en continuar con sus estudios, reconocen los compañeros que la conocieron desde que vivía en su tierra natal, Puerto Concordia (Meta), luego en la guerra y en la cárcel El Buen Pastor.
Ayer asesinaron a Astrid Conde en el sur de Bogotá, el segundo caso de exguerrilleros asesinados en la capital, el 17 de febrero de 2018 fue asesinado Jhon Mariano Ávila en la localidad de Bosa, también era exprisionero político.(Comunicado)
El pasado 17 de marzo, en medio de la crisis que desató la llegada al país del nuevo coronavirus y adportas de que el país entrara en cuarentena nacional, los excombatientes Irnel Flores Forero y Belle Ester Carrillo Leal fueron asesinados.
Los cuerpos fueron encontrados con varios impactos de bala en el caserío El Rubí, en zona rural de San Vicente del Caguán (Caquetá). Flores y Carrillo eran pareja, pero habían dejado las armas en el Espacio de Reincorporación de Mesetas (Meta). Con ellos la cifra de exguerrilleros asesinados, según el partido FARC, llegó a 190.
Los homicidios contra líderes sociales ocultos por la peste del coronavirus
Finalmente, el pasado 21 de marzo, Albeiro Gallego Mesa se convirtió en el excombatiente número 191 en ser asesinado. Según testigos que recogieron el cadáver, Gallego era un hombre de 68 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la vereda Villa Nueva Alta del municipio de La Macarena (Meta).
al lado de José Wilson López, quien en principio se dijo que también era excombatiente, pero su identidad corresponde a un civil. Gallego fue conocido en la guerra como “Pedro Leal” e hizo parte del extinto frente 40 de las Farc que tuvo su campo de operaciones en el municipio de Uribe (Meta).
Dejó las armas en el Espacio de Reincorporación de Mesetas, conocido como La Guajira, y en el momento en que fue atacado por hombres fuertemente armados se dirigía a inspeccionar una plantación de plátano que tenía en jurisdicción de La Macarena. “Los enemigos de la vida y de la paz andan a sus anchas y han matado más que el COVID-19”, expresó el partido FARC en repudio al hecho.
En un estudio sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (Capaz), mencionó a grandes rasgos la dificultad que está teniendo el Estado para enfrentar dicha problemática y, también, para esclarecer y detener el homicidio contra los firmantes del Acuerdo de Paz.
Según dicho documento, el instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz (encargado de monitorear la implementación del Acuerdo), ha advertido: “Las entidades responsables de las garantías de seguridad a excombatientes y líderes sociales trabajan desarticuladas, esto se evidencia por ejemplo en la falta de respuesta efectiva a las alertas tempranas en la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) y el Plan de Acción Oportuna (PAO)”.
Este último organismo creado por el actual Gobierno para enfrentar dichos flagelos, aunque el pacto de paz ya había creado la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad con ese propósito.
