Ayax J. Alcántara Rosas, comenta sobre el LD/FT en México. Es especialista en la prevención y detección de riesgos inherentes al lavado de dinero y FT y en la regulación emitida por la SHCP a través de la UIF y vigilada e inspeccionada por la CNBV.
Antilavadodedinero
A pesar de que en México, el andamiaje legal para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) se dio en abril de 2009 (Disposiciones de Carácter General DCG), al menos para Instituciones de crédito, no fue sino hasta 2014 cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y con la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dio inicio a una verdadera revisión a las Entidades Financieras.
Es decir, de 2009 a 2014 solo se revisaban expedientes, manuales y los reportes, se les conocía como puntos de control.
A partir del 2014, de la mano con el enfoque basado en riesgo de GAFI, el país comenzó a tener un mayor involucramiento en los temas de PLD/FT, se comenzaron a diseñar matrices de riesgo del cliente y posteriormente metodologías para evaluar el riesgo de las Entidades Financieras para el Sistema Financiero.
La CNBV se enfrentó a un gran reto, supervisar a todas las Entidades Financieras en materia de PLD/FT, como la capacidad instalada no era suficiente, se creó la figura de Oficial de Cumplimiento, que sería una extensión de la propia Comisión en cada Entidad Financiera.
El proceso para la Certificación del Oficial de Cumplimiento fue un reto para las Entidades Financieras y para la Comisión. Se diseño una guía para conocer los grandes temas que se abordarían en la certificación y se compartió con el sector a través de la página web de la CNBV.
Muchas universidades e institutos se propusieron diseñar cursos para asegurar la tan cotizada certificación, pero lo cierto es que nadie en ese momento tenía una idea completa sobre las distintas aristas que consideraba el examen.
Fue en la primera mitad del 2015 cuando se dieron los resultados para certificar a los Oficiales de cumplimiento, teniendo menos de 50 aprobados, para el segundo semestre aumentó considerablemente el número, sin embargo, seguía siendo un reto certificar a mas de tres mil Oficiales para cubrir las distintas plazas de las Entidades de todo el Sector Financiero.
De la mano de las reformas estructurales del país, las operaciones internacionales aumentaron de manera importante, al igual que el crimen organizado y su capacidad para operar. La estrategia contra el crimen del sexenio presidido por Felipe Calderón Hinojosa, trajo una redefinición en la estructura criminal, dando origen a organizaciones como la de los Zetas, Cartel Jalisco Nueva Generación, etc., mismas que encontraban en la violencia y su promoción el mejor vehículo para obtener recursos.
La Administración del Presidente Enrique Peña Nieto, enfrentó dificultades para terminar con esta creciente ola de violencia, sin embargo, fortaleció la infraestructura para la PLD/FT, afinando la tipificación del delito en el Código Penal Federal (artículo 400 Bis), así como la implementación de la ley Anti Lavado (LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA) promulgada el sexenio anterior.
Así como, el acercamiento a entidades extranjeras para combatir al crimen organizado, como fue El departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), que mediante sus listas se podían identificar, tanto a miembros de los cárteles del narcotráfico, como terroristas.
De pronto, México tenía a sus Entidades Financieras con Oficiales de Cumplimiento, Código LEI (Legal Entity Identifier), Código EMIR (European Market Infrastructure Regulation) y las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC).
Para la segunda mitad del sexenio del Presidente Peña, México tuvo la obligación de arrojar resultados inmediatos, presionado por los compromisos internacionales que había suscrito, como fueron los de Palermo, Viena, BASILEA, EGMONT y la revisión del GAFI, que amenazaba con afectar la imagen del país si no veía un verdadero avance en materia de PLD/FT, por lo que la CNBV empezó a hacer mayores revisiones, que su vez, generaron sanciones.
Por lo que, la Asociación de Bancos de Mexico (ABM) contrató los servicios de una empresa consultora llamada Promontory, esta empresa ayudó a la Asociación a identificar los principales riesgos de la implementación de la regulación, así como un comparativo entre el Due Dilligence entre la banca estadunidense y la nacional.
Y es que esa implementación dio origen a un fenómeno que afectó a muchas Entidades Financieras nacionales, el De-risking o el riesgo al no riesgo. Este fenómeno dejaba fuera del Sistema a empresas que tuvieran un débil sistema de PLD/FT o simplemente que pareciera que era débil, a veces por la zona geográfica donde operaba y otra por los clientes.
Fue así, que la ABM creó el conocimiento suficiente en el sector, para que el Sistema Financiero Mexicano, al menos de las Instituciones de Crédito y de SOFOMES reguladas, cumplieran con los estándares internacionales y evitar el De-risking.
En la actualidad, México enfrenta una disrupción en el modelo económico y social, derivado del triunfo del hoy Presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Lo que pone en duda el legitimo uso de las Instituciones que se crearon para combatir el Lavado de Dinero, y es que la UIF hoy es usada junto con el SAT para presionar a las Empresas, Entidades Financieras y a personas con actividades vulnerables (art. 17 Ley Antilavado) para llenar los vacíos presupuestarios del Gobierno Federal (Rifa del avión presidencial, programas de empleo, etc.), así como un éxodo de funcionarios públicos especializados hacia la iniciativa privada. Situación que pone en riesgo los esfuerzos transexenales para ubicar a México como una de las zonas financieras mas seguras de la región.
