Baker McKenzie ha sido pionero en la evasión fiscal empresarial. Ahora representa a destacados magnates, fabricantes de armas y regímenes autoritarios que manejan la economía en la sombra.
Antilavado de Dinero / El País.
Un asesor del primer ministro de Malasia necesitaba ayuda para gestionar con personas interpuestas empresas en la capital, Kuala Lumpur, y en Hong Kong. Los fiscales afirman que él y sus socios las utilizaron para desviar cientos de millones de dólares procedentes de un fondo de desarrollo económico del Gobierno.
Un fabricante ruso de rifles kaláshnikov, sometido a sanciones internacionales por conducta indebida, quería vender sus acciones de una gran mina de cobre a una turbia empresa de Mongolia. La venta desató una investigación por corrupción contra el entonces primer ministro de este último país.
El gigante tecnológico Apple estaba buscando un refugio fiscal para depositar en el exterior su montaña de dinero en efectivo.
Todos ellos tenían un amigo en el bufete de abogados más grande de Estados Unidos. Cuando los multimillonarios, las multinacionales y las personas con conexiones políticas pretenden ocultar su riqueza o evadir impuestos, recurren con frecuencia a Baker McKenzie, el gigante con sede en Chicago.
Con 4.700 abogados en 46 países y unos ingresos de 2.900 millones de dólares (2.500 millones de euros), Baker McKenzie se autodenomina “el bufete global original”. Forma parte de una docena de despachos estadounidenses y británicos que han creado grandes redes internacionales y han transformado la profesión jurídica. Baker McKenzie asegura que está comprometida con el Estado de derecho y con las más elevadas normas internacionales en materia de ética, derechos humanos y políticas anticorrupción. “Somos veraces y transparentes”, afirma el bufete en su código de conducta empresarial. “No hacemos negocios con personajes de mala reputación”.
Detrás de estas declaraciones se esconde una realidad evidente: Baker McKenzie es un arquitecto y un pilar de la economía sumergida, a menudo llamada offshore, que beneficia a los ricos a costa de las arcas de los países y del bolsillo del ciudadano de a pie.
Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela cómo Baker McKenzie ha ayudado a las multinacionales y a los adinerados a evadir impuestos y a evitar el escrutinio mediante el uso de sociedades instrumentales, fideicomisos y complejas estructuras en paraísos fiscales. Estos instrumentos, envueltos en el secreto, albergan enormes riquezas: casas, yates, acciones y dinero que, en ocasiones, tienen un origen turbio.
Entre los clientes se encuentran personas y empresas relacionadas con la corrupción política, prácticas empresariales fraudulentas y regímenes autoritarios.
Jho Low, que sirvió de asesor de Najib Razak, el entonces primer ministro de Malasia, recurrió profusamente a las filiales de Baker McKenzie. Low es ahora un fugitivo, acusado de pergeñar el saqueo multimillonario de un fondo de inversión público; está reclamado por Malasia, Estados Unidos y Singapur.
Rostec, el fabricante de armas ruso que vendió su participación en la mina de Mongolia, forma parte de la media docena de empresas rusas controladas por el Estado que han adjudicado contratos a Baker McKenzie, al tiempo que se enfrenta a sanciones internacionales.
Y Apple, que recurrió a Baker McKenzie para que la ayudase a encontrar un paraíso fiscal, se ha convertido en el preclaro ejemplo internacional de la evasión fiscal de las empresas en paraísos fiscales.
La investigación del ICIJ, basada en una nueva filtración de registros confidenciales, los Papeles de Pandora, ofrece ahora una mirada desde dentro sobre el papel que desempeña un selecto despacho de abogados en la economía opaca.
Entre el maremágnum de banqueros, contables, abogados y agentes de creación de empresas instrumentales, sobresale Baker McKenzie. El ICIJ descubrió que este despacho desempeñó un papel en los asuntos de más de 440 empresas registradas en paraísos fiscales.
Los documentos filtrados revelan que el bufete de abogados ayudó a crear sociedades instrumentales en Chipre para el gigante de la alimentación y el tabaco RJR Nabisco. Para Nike, colaboró en crear un refugio fiscal neerlandés. Según documentos judiciales de Estados Unidos, sus abogados ayudaron a Facebook a redirigir miles de millones de dólares de beneficios a Irlanda, un país de baja tributación.
Frente a esos datos, Baker McKenzie señalaba en una serie de declaraciones escritas al ICIJ que procura prestar el mejor asesoramiento jurídico y fiscal para ayudar a sus clientes a orientarse en el marco de unas normas mundiales “sumamente complejas, en constante evolución y a menudo contradictorias”.
“La transparencia y la responsabilidad son elementos integrales de este tipo de asesoramiento”, aseguraba su portavoz John McGuinness. “Nos esmeramos en garantizar que nuestros clientes se adhieran tanto a la ley como a las mejores prácticas”.
Vista panorámica de un pionero
Los documentos analizados para esta investigación aportan una panorámica del papel de Baker McKenzie como grupo de presión sobre leyes y reglamentos en todo el mundo, incluida su labor respecto a las medidas relativas al blanqueo de dinero y los refugios fiscales. El bufete, actuando en nombre de los grandes bancos y las grandes empresas tecnológicas, se ha opuesto a las propuestas destinadas a reforzar la supervisión de la regulación financiera y las leyes fiscales.
En Emiratos Árabes Unidos, Baker McKenzie se apuntó un tanto por ayudar a crear “zonas libres”, áreas de bajos impuestos y normativas permisivas que según muchos críticos han propiciado las actividades ilícitas. En Australia, el bufete se opuso a una medida que pretendía atajar la evasión fiscal en paraísos fiscales por parte de las grandes compañías. Y en Estados Unidos, mediante presiones para favorecer a bancos multinacionales, quiso eximir a más clientes extranjeros de las reglas de comprobación debida con las que se pretendía impedir el blanqueo de capitales.
En conjunto, el ICIJ descubrió, como parte de la investigación de los Papeles de Pandora, que más de 300 abogados de Baker McKenzie han asesorado o representado a organismos estatales, nacionales o internacionales en asuntos como la legislación fiscal internacional y las reformas anticorrupción. Más de 220 empleados de Baker McKenzie en 35 países han ocupado puestos en organismos gubernamentales como los ministerios de Justicia, las oficinas tributarias, la Comisión de la UE o las oficinas de jefes de Estado.
Aunque no hay registros internos de Baker McKenzie entre los archivos filtrados, el bufete aparece en más de 7.500 documentos, mucho más que cualquier otro gran despacho de abogados estadounidense.
Muchos de los documentos en los que se menciona a Baker McKenzie proceden de tres proveedores en paraísos fiscales a los que el bufete o sus clientes encargaron trabajos: Trident Trust, con oficinas en las Islas Vírgenes Británicas; Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un bufete de abogados con sede en Panamá; y Asiaciti Trust, con sede en Singapur.
Baker McKenzie, uno de los bufetes de abogados corporativos más conocidos del mundo, es también pionero en el sector. Ha adoptado un modelo que permite a las empresas asociadas en el extranjero beneficiarse de una marca global sin compartir los beneficios o la responsabilidad. Fue uno de los primeros defensores de las estrategias de planificación fiscal que permiten a las grandes empresas y a las personas adineradas trasladar sus beneficios a paraísos fiscales sin tener que trasladar su operativa allí.
La búsqueda de paraísos fiscales es desde entonces el pan de cada día en el sector, una estrategia por la cual el ciudadano de a pie tiene que soportar la carga financiera de la que se libran los ricos y poderosos.
Los abogados desempeñan una función fundamental.
Destacadas organizaciones internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional, afirman que la escasa regulación de los abogados y otros profesionales es un factor clave en la delincuencia financiera mundial.
Pero a diferencia de los banqueros y otros intermediarios en paraísos fiscales, los abogados han escapado al escrutinio, en parte debido al privilegio abogado-cliente, una doctrina que les obliga a mantener la confidencialidad de la información de sus representados. En algunos países, ese privilegio legal exime a los abogados de informar sobre actividades como el blanqueo de dinero a los reguladores gubernamentales”.
Los abogados tienen el deber de hacer algo más que encontrar lagunas legales para el cliente y cobrar cuantiosos honorarios, comentaba Richard Painter, catedrático de Derecho de la Universidad de Minnesota, que fue abogado jefe de ética del ex presidente de Estados Unidos George W. Bush. “Que algo no sea ilegal no significa que esté bien”, añadía.
Milton Cheng, presidente mundial de Baker McKenzie, con sede en Hong Kong, declinó conceder una entrevista. El bufete rehusó hacer comentarios sobre asuntos de clientes, citando “obligaciones de confidencialidad y privilegio legal”.
El portavoz McGuinness, radicado en Singapur, señala que el bufete lleva a cabo estrictamente las comprobaciones debidas y realiza una comprobación global de los antecedentes de todos sus posibles clientes. Afirma que Baker McKenzie discrepaba “profundamente” con cualquier afirmación de que tuviera muchos clientes de riesgo o de mala reputación.
“En ocasiones, nos encontramos con que los clientes realizan posteriormente actividades que no concuerdan con nuestra comprobación debida inicial, o salen a la luz nuevos hechos o sucesos que nos llevan a dejar de representarles”, dijo.
Baker McKenzie no respondió directamente a muchas preguntas sobre su papel en la economía offshore o por qué su nombre aparece tan frecuentemente en los registros de proveedores de servicios en paraísos fiscales. McGuinness ha comentado que Baker McKenzie remite de forma rutinaria clientes y asuntos legales a otros despachos y proveedores de servicios en jurisdicciones donde no tienen oficina.
Chicago: un trayecto en taxi hacia un nuevo mundo
Russell Baker nació en 1901 en el seno de una familia de granjeros en Portage, Wisconsin. Cuando tenía 12 años, la familia se trasladó a Texas, según cuenta la historia del bufete. A los 16 años, los Baker se mudaron a Nuevo México, donde Russell aprendió español y se apasionó por diferentes culturas, lo que le llevó a crear el primer bufete mundial. Se trasladó a Chicago para asistir a la Universidad de Chicago y a su facultad de Derecho. Con un amigo de la facultad, fundó su primer despacho de abogados, especializado en asistir a ciudadanos mexicanos, en 1925.
En 1942, Estados Unidos aprobó la Ley de Corporaciones Comerciales del Hemisferio Occidental, que ofrecía exenciones fiscales a las empresas que fabricaban en Latinoamérica. Baker ideó una manera de que las empresas estadounidenses pudieran beneficiarse de esta ley, trasladando sus beneficios a jurisdicciones de baja fiscalidad.
Así comenzó lo que Baker McKenzie denomina una de las mayores prácticas de planificación fiscal del mundo, orientada a ayudar a las empresas a sacar el máximo provecho de las complejidades del extenso código fiscal estadounidense. “El contribuyente tiene derecho a organizar sus asuntos de la manera que desee”, escribían Baker y un compañero en un artículo publicado en 1957.
En 1948, Baker coincidió en un taxi con John McKenzie, un abogado experto en litigios de Chicago, y al poco tiempo ya estaban considerando la idea de crear un bufete internacional. Al año siguiente fundaron Baker & McKenzie. En 1955 abrió su primera oficina offshore en Caracas, Venezuela.
En un artículo publicado en Wisconsin Law Review dos años después, Baker y un coautor recomendaban constituir sociedades en Venezuela y otros países que permitieran a los propietarios permanecer en el anonimato mediante el uso de lo que se conoce como acciones al portador. Las acciones al portador son certificados de acciones que no necesitan estar registrados a nombre de una persona o compañía concreta. “En ningún lugar de Estados Unidos es posible formar una sociedad con acciones al portador”, afirmaban Baker y su colega. “Esto es posible en una serie de países extranjeros de primera clase con un potencial económico prácticamente ilimitado”.
Baker McKenzie se expandió velozmente desde finales de la década de 1950, y abrió 20 oficinas en 15 años, en lugares lejanos como São Paulo o Sydney. Se convirtió en el gigante no convencional del sector, con 76 oficinas en todo el mundo y 4.700 abogados, el mayor número de cualquier bufete estadounidense, según National Law Journal.
A medida que iba creciendo el sector de los paraísos fiscales, Baker McKenzie se convirtió en un experto en ayudar a las empresas a dirigir sus beneficios, al menos sobre el papel, a países con tipos impositivos bajos. Cuando un gobierno se movilizaba para tapar una laguna legal, Baker McKenzie u otros bufetes buscaban otro nuevo.
Desde las “fusiones” a ‘McLey’, con un aire suizo
Por ejemplo, las “fusiones”. Una empresa se fusiona con otra, normalmente más pequeña, en una jurisdicción de baja fiscalidad, logrando a menudo un gran ahorro de impuestos. La estrategia surgió en la década de 1980 con las “fusión de buzón”, en las que las empresas estadounidenses creaban empresas instrumentales en un apartado de correos en el paraíso fiscal de las Bermudas. En 2002, el entonces senador estadounidense Max Baucus, demócrata de Montana, denunció a Baker McKenzie, citando el asesoramiento del bufete a Helen of Troy, una empresa estadounidense de cosméticos que se constituyó nuevamente en Bermudas en 1994.
“Esta cuestión de las fusiones me parece un gran problema, también quienes las fomentan”, afirmaba Baucus en una audiencia sobre los refugios fiscales. “Promotores bien reconocidos que las fomentan”. Al denunciar estas “farsas” que “roban al resto de los contribuyentes”, el Congreso aprobó una legislación contra la inversión-fusión que se promulgó en 2004.
Desde que creó sus primeros despachos en el exterior, Baker McKenzie siempre se ha promocionado como una “ventanilla única”. Se inclinaba por un modelo de franquicia, con despachos locales independientes que compartían la misma marca. Por el camino, el bufete se ganó el apodo de “McLey”.
A principios de la década de 2000, Christine Lagarde, una destacada abogada del despacho de París y la primera mujer presidenta mundial de Baker McKenzie, se propuso imponer normas uniformes para los despachos miembros en todo el mundo. Bajo el mando de Lagarde, ahora presidenta del Banco Central Europeo, Baker McKenzie se reorganizó como una “verein [sociedad] suiza”, centralizando todas sus operaciones de marca, administrativas y de financiación en un nuevo centro corporativo en Países Bajos.
Sin embargo, los despachos nunca se unificaron realmente. Baker McKenzie se mantuvo como una confederación de despachos miembros independientes que compartían la marca, los servicios administrativos y el marketing, pero no así los beneficios o la responsabilidad legal”.
Otros importantes bufetes siguieron su ejemplo.
Hong Kong: confección de una ciudad de secretos
Mientras las dependencias caribeñas de Reino Unido ya florecían como paraísos fiscales en la década de 1970, Hong Kong, al otro lado del mapa offshore, floreció hasta convertirse en el principal paraíso fiscal y de secretos de Asia. También bajo la batuta de Reino Unido, la isla pasó del comercio a la banca, de las columnatas a las torres brillantes, y se convirtió en un patio de recreo para Wall Street y los ricos que nunca dejó que los sentimientos se interpusieran en el camino de los beneficios.
En esas llegó Baker McKenzie. Su traslado a la isla en 1974 coincidió con la metamorfosis de Hong Kong y allanó el camino para que el bufete se beneficiara posteriormente de la eclosión de China como potencia mundial.
Gracias a la innovación, las alianzas locales y el cabildeo, Baker McKenzie ayudó a transformar Hong Kong en un centro financiero mundial, famoso por sus bajos impuestos, su alto grado de confidencialidad y sus mínimas normas.
En dos entrevistas por videollamada, el multimillonario de Hong Kong, Allan Zeman, contaba al ICIJ su viaje empresarial de Canadá a Hong Kong, y el papel desempeñado por los abogados de Baker McKenzie. Afirmaba que acudió al bufete para que le aconsejaran sobre la creación de empresas en las Islas Vírgenes Británicas por razones de privacidad, no para evadir impuestos. “Los impuestos de Hong Kong ya son lo suficientemente bajos”, señalaba Zeman, y añadía que las sociedades anónimas instrumentales ofrecían cierta protección contra la atención y las demandas no deseadas. “Muchas veces tienes socios que simplemente prefieren que su nombre no esté asociado a algo”.
Zeman, de 73 años, se crió en Canadá e hizo su fortuna comerciando con prendas de vestir por todo el mundo. Promovió un distrito de ocio que estuvo muy de moda en Hong Kong y se convirtió en uno de los magnates empresariales más destacados del país.
Zeman afirma que pagó a Baker McKenzie no solo para que le ayudara a mantener sus intereses financieros en privado, sino también para que le asesorara sobre formas legales de eludir la estricta normativa de Hong Kong. El bufete, explicaba, es una “ventanilla única” que le ayuda a navegar por un entramado global de regulaciones en 36 países.
“Te dicen cuál es la mejor manera… y se aseguran de que lo haces todo bien a la primera, legalmente”, decía Zeman, y remachaba: “No salen baratos, pero merecen la pena”.
B. & McK. Nominee se encargó de facilitar consejeros, accionistas y secretarios a centenares de empresas y empresarios de Hong Kong, entre ellos el socio de Zeman en el sector de la confección, Bruce Rockowitz, así como a gigantes corporativos como Nike y Apple.
Ni Nike ni Apple respondieron a las preguntas sobre por qué recurrieron al servicio de nominados de Baker McKenzie en Hong Kong. Nike afirmaba en un comunicado que se atiene a todas las normas locales. Apple se definía como “el mayor contribuyente del mundo”. Rockowitz no respondió a las peticiones de comentarios.
Malasia: una carrera desenfrenada en un fraude de 4.500 millones de dólares
Low Taek Jho, un carismático vástago de una familia malasia bien relacionada, creó su primera empresa cuando era un estudiante de empresariales en la Universidad de Pensilvania. Y regresó a casa donde empezó una carrera deslumbrante en las finanzas que le hizo ser tan rico que le dieron un nombre de tabloide, Jho Low. Adquirió una participación en El lobo de Wall Street, el gran éxito de taquilla de Hollywood de Martin Scorsese de 2013, y se hizo amigo de Paris Hilton, Leonardo DiCaprio y Miranda Kerr, la modelo de Victoria’s Secret, a la que colmó de joyas valoradas en 8 millones de dólares.
En 2004, Low empezó a confiar en Baker McKenzie y sus filiales, junto con un puñado de asociados de confianza, para construir una red de empresas en Malasia y Hong Kong. Entró en un mundo de conseguidores políticos, de discotecas exclusivas y de acuerdos de miles de millones de dólares con los que sueñan la mayoría de los licenciados de facultades de empresariales. Low y sus asociados utilizaron las empresas para comprar hoteles de lujo en Nueva York y Beverly Hills, financiar inversiones de capital riesgo y canalizar fondos hacia Najib Razak, el por aquel entonces primer ministro de Malasia, según muestran los registros judiciales.
Después de que Najib jurase su cargo como primer ministro en 2009, Low se convirtió en un conseguidor de acuerdos para un fondo de inversión del Gobierno para realizar proyectos de obras públicas y proporcionar buenos empleos a los malasios. El fondo, llamado 1Malaysia Development Berhad, se haría famoso por su abreviatura: 1MDB.
Lim Poh Seng, el secretario corporativo afiliado de Baker McKenzie, trabajó para 1MDB desde el principio. Hace poco, reconoció públicamente por primera vez que trabajó como empleado para empresas de Jho Low como B&M Consultancy. Poco tiempo después, Wong & Partners, el despacho de abogados miembro de Baker McKenzie en Malasia, representó al fondo 1MDB en una transacción de 1.000 millones de dólares con una empresa petrolera saudí privada llamada PetroSaudi. Se suponía que este acuerdo y otros financiarían proyectos de energía y desarrollo. En vez de ello, una gran parte del dinero fluyó hacia empresas instrumentales y otras entidades opacas controladas por Low y sus asociados, según las autoridades estadounidenses y malasias.
Los fiscales aseguran que se desviaron más de 4.500 millones de dólares de 1MDB hacia bolsillos privados a través de un laberinto de empresas instrumentales, empresas fiduciarias y cuentas bancarias en uno de los fraudes financieros más importantes del mundo.
Señales de alarma por todas partes
Los expertos en lavado de dinero señalan que Low encaja en la definición de libro de cliente de alto riesgo. Usaba cuentas en bancos suizos y empresas llenas de miembros de su familia. Y también mantenía estrechos vínculos con políticos, incluido Najib, el ex primer ministro.
“Todo el mundo miraba para otro lado con Low”, afirma Keith Prager, un ex agente de aduanas estadounidense experto en lavado de dinero que revisó el caso para el ICIJ. “Había señales de alarma por todas partes”.
La guía ética de Baker McKenzie aconseja a sus abogados que se hagan preguntas a sí mismos para ayudarles a tomar las decisiones correctas: “¿Me avergonzaría si mis amigos o mi familia supieran que hice esto? ¿Podría esto dañar a la empresa o a su reputación? ¿Me avergonzaría si esto se publicase en un blog o en una noticia?”
Baker McKenzie no respondió a las preguntas sobre clientes particulares. McGuinness señalaba que las normas contra el lavado de dinero y los criterios de diligencia debida han evolucionado, y algunos asuntos de clientes podrían haber ocurrido antes de que se aplicaran normas y criterios de control estrictos. “Hemos mejorado nuestros sistemas con el paso de los años, y, actualmente, tenemos una sólida gestión de toma de riesgos… Y siempre nos esforzamos por mejorar más”, explica McGuinness.
Lim Poh Seng, el secretario corporativo afiliado de Baker McKenzie, declinó hacer comentarios sobre el caso Jho Low. Wong & Partners, la empresa miembro de Baker McKenzie en Malasia, no respondió a las peticiones para hacer comentarios. Wong & Partners calificó previamente su papel en 1MDB estrictamente de “asesoramiento” y dijo que no había hecho nada irregular.
Jho Low, de 39 años, lleva más de cinco años escondido. Los intentos de encontrarle no han tenido éxito.
Miami: mansiones en el laberinto de dinero
Como jefe del grupo de gestión de patrimonio norteamericano de Baker McKenzie, Simon P. Beck es un conferenciante muy solicitado.
Beck es abogado, asesor fiscal y experto en fondos fiduciarios, y habla habitualmente en conferencias y en cursos de formación del sector, que a veces se celebran en hoteles de cinco estrellas. Algunos de los temas son el uso de fondos fiduciarios y herramientas en paraísos fiscales para proteger a los clientes de los acreedores y cómo colocar activos fuera del alcance de familiares o mujeres divorciadas “derrochadores u hostiles”.
Aunque trabaja en Nueva York, Beck también forma parte del formidable equipo de expertos en fiscalidad y fondos fiduciarios de Miami de Baker McKenzie, que ha asesorado a algunas de las personas más ricas del mundo sobre cómo proteger sus fortunas. Como muestran los Papeles de Pandora, a menudo la solución es ocultarlas en una empresa instrumental o en un fondo fiduciario creado en un paraíso fiscal.
Desde sus oficinas del 17º piso a una manzana de Cayo Vizcaíno, la oficina de Miami ha gestionado docenas de empresas y fondos fiduciarios anónimos para clientes extranjeros.
El copropietario de los Ottawa Redblacks, un equipo de la liga de fútbol americano canadiense, es un cliente que buscaba “aislamiento” de los impuestos de sucesiones y donaciones estadounidenses. Igual que un ejecutivo de seguros peruano al que ahora se investiga por corrupción pública relacionada con el escándalo de la construcción de Odebrecht y la madre de 100 años de un condenado por evasión fiscal y blanqueo de dinero.
El propio Beck gestionaba los asuntos de Thais Neves Birmann, la ex mujer de Daniel Birmann, un antiguo financiero, banquero y accionista en una de las empresas de munición más grandes de Latinoamérica.
En 2005, las autoridades brasileñas multaron a Daniel Birmann con unos 90 millones de dólares por beneficiarse indebidamente con la reestructuración del fabricante electrónico SAM Industrias SA. En aquella época, era la multa más grande que habían impuesto nunca los reguladores bursátiles brasileños. Birmann se declaró en quiebra y supuestamente escondió activos transfiriéndolos a miembros de su familia, como Neves Birmann.
Una década más tarde, mientras la quiebra seguía su curso, las autoridades brasileñas se incautaron de un yate de 20 millones de dólares del que decían que Birmann era propietario en secreto a través de una empresa instrumental constituida en la Isla de Man. Los reguladores bursátiles brasileños pidieron autorización a un tribunal para vender el yate y así pagar la multa de 90 millones de dólares. En abril de 2016, solicitaron permiso para incautarse de otros activos no revelados, entre los que había 4,6 millones de dólares en préstamos impagados que Birmann le hizo a su ex mujer y a otros familiares.
Más adelante, en julio de 2017, Baker McKenzie y Trident Trust crearon una empresa llamada Waymoore Partners de la que Neves Birmann era la propietaria. Tenía una casa de cinco habitaciones en Miami Beach valorada en 1.875.000 dólares.
Ni Birmann ni su exmujer respondieron a las preguntas sobre la supuesta ocultación de activos a los acreedores o sobre el origen de los fondos usados para comprar la casa de Miami. Beck no respondió a las preguntas sobre el caso Birmann o su trabajo en paraísos fiscales con otros clientes muy adinerados, como el multimillonario nacido en Colombia Jaime Gilinski Bacal.
Gilinski, de 63 años, convirtió una pequeña fortuna heredada en un imperio inmobiliario y bancario en todo el mundo de 3.700 millones de dólares, según Forbes. Los documentos filtrados muestran que al menos algunos de sus activos se han depositado en más de tres docenas de empresas en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá, país del que es ciudadano y en el que ocupó un puesto diplomático.
En una carta de 2017 a Trident Trust, el abogado Beck afirmaba que representaba a Gilinski desde 2003. Gilinski siempre se ha comportado de una manera honorable y muy respetable”, decía en la carta.
En 2004, los reguladores financieros estadounidenses ordenaron al Eagle National Bank of Miami de Gilinski que impidiera que figuras políticas operaran con cuentas bancarias posiblemente relacionadas con “el lavado de dinero, las ganancias de la corrupción extranjera, la financiación del terrorismo u otras actividades sospechosas”. Unos meses más tarde, Estados Unidos emitió una orden de cese y desistimiento ordenando a la matriz del banco que dejara de realizar préstamos internos a Gilinski y sus empresas.
Gilinski no respondió a las solicitudes para hacer comentarios.
Los reguladores financieros de Colombia han sancionado al Banco GNB Sudameris de Gilinski 16 veces desde 2005, incluida una vez por violar los procedimientos contra el lavado de dinero, según muestran los registros. En total, los reguladores ordenaron al banco pagar alrededor de 394.000 dólares en multas. El banco dijo que se planteaba recurrir la multa.
Los documentos revisados por el ICIJ muestran que Beck formaba parte de un equipo de intermediarios profesionales que trabajaban en el imperio empresarial del banquero, como Jaime Alemán, el fundador políticamente influyente del despacho de abogados panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), que también era socio comercial de Baker McKenzie desde hacía mucho tiempo y amigo de Gilinski.
En agosto de 2012, durante un momento de intensificación de la presión internacional sobre el sector offshore de Panamá, Beck ayudó a Gilinski a trasladar su empresa panameña, Glenoaks Investments, a las Islas Vírgenes Británicas. Gilinski había utilizado Glenoaks para invertir en su banco con sede en Bogotá. El motivo para trasladarse era “la planificación fiscal de Estados Unidos”, escribió Beck en un correo electrónico a Alcogal.
Gilinski utilizó otras dos empresas de las Islas Vírgenes Británicas gestionadas por Baker McKenzie para mantener una mansión en Londres valorada en 2013 en 38 millones de dólares, según muestran los registros.
Y los registros muestran que pagó 14,5 millones de dólares por una casa de siete habitaciones, una de las cuatro propiedades que adquirió utilizando otras dos empresas instrumentales, en una isla privada en Miami conocida como “el búnker de los multimillonarios”. La propiedad vigilada y cerrada está al final de la calle de una propiedad de más de 5.000 metros cuadrados que Ivanka Trump y Jared Kushner supuestamente compraron por 24 millones de dólares este año.
Rusia: una mezcla embriagadora para un experto en sanciones
En marzo de 2016, la empresa estatal de armas rusa Rostec buscó ayuda para vender su participación en una de las minas de cobre más grandes del mundo. La mina está en Mongolia y se llamaba Erdenet, “tesoro” en mongol.
Rostec fabrica casi todo lo que usa el Ejército ruso, desde aviones de combate y gafas de visión nocturna montadas en el casco hasta vehículos blindados y rifles Kalashnikov.
En el momento del acuerdo con la mina, a Rostec ya se se le habían impuesto sanciones occidentales después de la invasión rusa de Crimea en 2014. Con algunas de sus filiales, la empresa también había sido objeto de una vigilancia mediática debido a unos acuerdos armamentísticos presuntamente corruptos. Y según los Papeles de Pandora, los familiares del consejero delegado de Rostec, Sergei Chemezov, un viejo amigo del presidente ruso Vladímir Putin, habían creado una empresa instrumental en un paraíso fiscal para mantener bienes inmobiliarios.
Al solicitar la ayuda de un bufete de abogados en la venta de la mina de Mongolia, Rostec buscaba “experiencia en el asesoramiento a organizaciones rusas que han sido sancionadas … por Estados Unidos y la Unión Europea”.
Baker McKenzie consiguió el trabajo a través de una filial, Baker & McKenzie CIS.
El ICIJ y sus colaboradores en el Proyecto de denuncia de la delincuencia organizada y la corrupción y el medio de comunicación IStories descubrieron que Baker & McKenzie CIS ha representado al menos a seis empresas sancionadas propiedad del Gobierno ruso, como Rostec y el gigante bancario VTB.
En junio de 2016, Rostec vendió su participación en la mina Erdenet a una compañía poco conocida llamada Mongolian Copper Corp. por 400 millones de dólares. Más o menos en el momento de la venta, los supervisores que vigilan el lavado de dinero de Deutsche Bank presentaron unos informes de actividades sospechosas que detallan el flujo de cientos de millones de dólares a Mongolian Copper. “Hay poca o ninguna información sobre la creación y el negocio específicos” de Mongolian Copper, informaba Deutsche Bank, según los registros obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el ICIJ como parte de su investigación de los Archivos de FinCEN de 2020.
Tormenta política en Mongolia
En Mongolia, la venta desencadenó una tormenta política, batallas judiciales e investigaciones de corrupción de alto nivel, en la que el entonces primer ministro Chimed Saikhanbileg era uno de los objetivos. El Parlamento de Mongolia dictaminó que la venta era ilegal, al descubrir que Saikhanbileg la autorizó sin la aprobación de los legisladores. Los investigadores mongoles también descubrieron pruebas de que Mongolian Copper era una fachada para el Banco de Comercio y Desarrollo de Mongolia, de propiedad privada. Este banco políticamente influyente, entre cuyos inversores se encontraba Goldman Sachs, había utilizado indebidamente fondos públicos para financiar la compra, afirmaron los investigadores. Goldman Sachs tenía una participación del 4,8% en el banco, pero dijo que no ejercía ningún control estratégico.
Robert Amsterdam, un abogado de Saikhanbileg, señalaba que el ex primer ministro no desempeñó ningún papel en la venta y no hizo nada malo. Rostec identificó a Mongolian Copper Corp. por su cuenta, afirmaba Amsterdam, y no estaba dispuesta a vender su participación a ningún otro comprador. “La reputación de Mongolia como lugar para hacer negocios se ha visto perjudicada por la naturaleza política de la investigación sobre Erdenet”, aseguraba.
Baker McKenzie, acogiéndose a la confidencialidad del cliente, se negó a responder preguntas sobre el contrato de Rostec. Rostec declinó hacer comentarios.
