MADRID (Reuters) – Después de 14 horas, la Policía española
concluyó el viernes por la mañana un registro en la sede del Partido
Popular (PP) a requerimiento del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz
para obtener una documentación que había solicitado dentro de su
investigación sobre una supuesta contabilidad B de la formación en el
poder.
«Ya ha terminado (el registro)», dijo una fuente judicial a
Reuters, que no pudo determinar por el momento si la Policía se ha
llevado documentos en el registro.
Un responsable del PP confirmó a Reuters previamente que la Policía
había estado registrando la sede popular en la madrileña calle Génova
durante toda la noche, después de que los agentes llegaran a última hora
del jueves para buscar documentación relativa a los pagos por la
remodelación de la sede entre 2005 y 2011.
El juez, que afirmó la presunta existencia de una contabilidad B en
el partido en un auto emitido el mes pasado, dijo que esta segunda
contabilidad habría servido para pagar a Gonzalo Urquijo, arquitecto
responsable de Unifica, la empresa que llevó a cabo la reforma de la
sede.[ID:nL5N0J72PI]
En un escueto comunicado emitido de madrugada, el Partido Popular
dijo que ya había aportado en verano a la Audiencia Nacional la
documentación requerida por el juez «relativa a los pagos realizados por
las obras en su sede central».
«En el día de hoy, el Partido Popular reitera su total y plena
colaboración con la Justicia en todo lo que sea requerido, igual que ha
venido haciendo hasta la fecha», dijo el comunicado.
El registro forma parte de una investigación más amplia sobre las
cuentas del partido, en un escándalo de supuesta corrupción que ha
resultado en prisión para el extesorero de la formación Luis Bárcenas.
El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas cumplirá hoy,
viernes, un año en la cárcel de Soto del Real (Madrid) sin haber
aportado luz sobre el destino de parte de los 48,2 millones de euros que
en enero de 2008 llegó a acumular en dos bancos de Ginebra (Suiza).
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que envió a la cárcel
al extesorero el 27 de junio de 2013, mantiene imputado a Bárcenas en el
‘caso Gürtel’ y en la pieza separada en la que investiga la supuesta
contabilidad B del PP por los delitos de blanqueo de capitales, fraude
fiscal, cohecho, falsedad documental y estafa procesal en grado de
tentativa.
A su esposa, Rosalía Iglesias, que «no tiene ni para Coca-Cola»,
según declaró el pasado 28 de mayo el exsenador del PP y amigo del
matrimonio Luis Fraga, se le atribuyen los mismos delitos que a su
marido menos el de cohecho.
Las cuentas de ambos, su vivienda en Madrid y su chalet en la
estación de esquí de Baqueira Beret están embargados desde julio de 2013
para cubrir las responsabilidades civiles que podrían afrontar en un
eventual juicio, que ascenderían, respectivamente, a 43,2 y 6 millones,
respectivamente.
Mientras tanto, el juez Ruz sigue rastreando tres transacciones a
Uruguay por valor de tres millones de euros que el extesorero realizó
entre abril y junio de 2009, dos meses después de que se produjeran las
detenciones de los cabecillas de la trama, según fuentes jurídicas
consultadas por Europa Press.
Las dos primeras, de un millón de euros, acabaron en una sociedad
denominada Grupo Sur de Valores y la tercera, también por valor de un
millón, fue a parar a Lidmel International. Según una comisión rogatoria
que las autoridades de Uruguay remitieron al juez en junio pasado, una
parte de esa inversión –920.000 dólares (679.733 euros)– fue repartida
en 23 transferencias a compañías de siete países: Argentina, Estados
Unidos, China, Hong Kong, Tailandia, India y Gran Bretaña.
Se trata de compañías dedicadas a la distribución de dispositivos
GPS de la marca Garmin, la fabricación de cosechadoras agrícolas,
artículos de bisutería, pantallas LED para eventos deportivos,
escenarios y aparatos para masajes, servicios de transporte
internacional de carga y alquiler y venta de inmuebles.
Durante el año en el que Bárcenas ha permanecido en prisión, su
abogado, Javier Gómez de Liaño, ha solicitado su puesta en libertad en
cinco ocasiones, la última de ellas a comienzos de este mes alegando que
el Tribunal Penal Federal de Suiza revisará la autorización que tenía
el juez Ruz para que la documentación que le ha facilitado en el marco
del ‘caso Gürtel’ sea utilizada en un futuro juicio oral. El magistrado
la rechazó este miércoles alegando que no necesita la documentación
suiza para llevarle a juicio.
Tanto el juez Ruz como la Sala de lo Penal han mantenido la
situación de prisión provisional de Bárcenas alegando que sigue latente
el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas y
que el imputado no ha colaborado con la justicia para poner al
descubierto todo su patrimonio.
Tras su ingreso en prisión, Bárcenas dio un giro a su estrategia de
defensa el 15 de julio de 2013 y admitió la autoría de la contabilidad B
del PP, que ha permitido investigar, entre otras actuaciones, si las
obras de remodelación de Génova se pagaron con dinero negro y
operaciones presuntamente irregulares en el PP de Castilla-La Mancha, La
Rioja y Pontevedra. El pasado 10 de abril volvió a declarar ante el
juez para señalar que cada organización territorial disponía de «una
caja B».
Bárcenas, que antes de su detención mantenía un alto de nivel de
vida con continuos viajes de esquí a las estaciones más caras de los
Alpes y cenas en restaurantes de lujo, se ha tenido que acostumbrar este
año a vivir con un máximo de 80 euros a la semana que únicamente ha
podido gastar en el economato de la prisión.
El extesorero fue muy bien recibido en Soto del Real hasta el punto
de que varios compañeros de celda llegaron a describirlo como «un
héroe» y «una persona majísima». Según fuentes penitenciarias
consultadas por Europa Press, en julio de 2013 Bárcenas recurrió a un
demandero, figura habitual en las cárceles, para que le hiciera llegar
los puros que se suele fumar en el patio, ya que no le gustan los que
venden en el economato.
El peor episodio vivido por Bárcenas en prisión se produjo el 31 de
diciembre pasado, cuando tuvo que ser ingresado en el Hospital Gregorio
Marañón tras sufrir una urticaria. Durante ese traslado mantuvo un
enfrentamiento con la Guardia Civil por el que fue sancionado sin paseos
en el patio.Según Bárcenas, que durante 20 años gestionó las finanzas
del partido conservador, hubo abonos de dinero por parte de empresarios y
pagos de sobresueldos a dirigentes del PP, incluido el actual
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
El ‘caso Bárcenas’ y los contratos de la Xunta con empresas
vinculadas con el narcotraficante Marcial Dorado han regresado este
miércoles a la Cámara de la mano de la coportavoz de AGE, Yolanda Díaz,
que comparado a la «familia» del PP con la de ‘El Padrino’ y con la
mafia, mientras que el presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha reprobado su
«ignominia inaceptable» y ha asegurado que su Gobierno no da ni dará
contratos a cambio de donaciones.
«En este Gobierno no se dará nunca un contrato a cambio de nada,
ya sé que a usted no le importa, pero a los gallegos sí», ha sentenciado
el presidente gallego, después de una dura intervención de la
parlamentaria Yolanda Díaz, quien ha insistido en que la «corrupción
gravísima» del PP en España y en Galicia se traduce en una «forma de
gobierno» que consiste en que los populares «desfalcan lo público para
entregárselo a sus amigos».
En base a esta afirmación, Feijóo ha interpretado que la
parlamentaria de AGE pone en duda la actuación de los funcionarios de la
Xunta y ha afirmado que él «nunca» ha cambiado la decisión de una mesa
de contratación pública.
«Llevo 29 años en el sector público, manejé presupuestos superiores
a los de la Xunta y nunca cambié la propuesta de una mesa de
contratación; otros gobiernos no pueden decir lo mismo», ha
contrapuesto. Del mismo modo, ha garantizado que su partido «respetará»
lo que diga la Justicia sobre el caso ‘Bárcenas’ y se ha preguntado si
Izquierda Unida (IU), partido en el que milita Díaz, lo hará también.
Lo ha hecho antes de aludir al «Gobierno de los ERE» en Andalucía y
de subrayar que, mientras su partido «respeta» a la Justicia, otros se
dedican a «insultar a los jueces» por investigar. Indignado por la
«ignominia inaceptable» de que Díaz identificase al PP con «la mafia»,
ha pedido a AGE que «respete» la Cámara y ha atacado con dureza a la
parlamentaria.
«Le miente a sus propios compañeros de partido, ¿cómo no le va a
mentir a Galicia entera? Y yo soy de Ourense, pero no me apellido ni
Iglesias ni Sueiro», ha advertido el presidente, en alusión al conflicto
de Díaz con Carmen Iglesias Sueiro a raíz de la marcha de David Calviño
de la Cámara para retomar la carrera investigadora.
Petición de comparecencia y documentación
Por su parte, en su intervención, Díaz ha leído documentación que
ha ceñido al ‘caso Bárcenas’ y ha aludido a las supuestas donaciones de
empresas al PP gallego por valor de casi dos millones de euros recogidas
«en el informe de Modesto Fernández» publicado en su día por el diario
‘El País’.
«Un señor que era gerente en Galicia cuando usted ya estaba aquí», ha espetado a Feijóo.
A renglón seguido, ha subrayado que «hay un auto de un juez
maligno, el juez Pablo Ruz, que dice que el PP y el PPdeG son la mafia,
que hay una corriente de cobros y pagos al margen de la contabilidad
remitida al Tribunal de Cuentas».
«Es ‘El Padrino’ y la familia es la suya, señor Feijóo, la mafia»,
ha aseverado. Dicho esto, ha retado al presidente a «dar la cara» y
comparecer en la Cámara autonómica para explicar «qué ocurre en su
partido», en referencia a la supuesta financiación irregular, y también
ha vuelto a solicitar la documentación «completa» de los expedientes de
contrataciones de la Xunta con firmas de Dorado y «quien está detrás» de
la destrucción de documentación que el Gobierno autonómico vinculó con
inundaciones.
REFRANERO
El presidente ha contraatacado con el argumento de que los datos de
Cuentas evidencian que Izquierda Unida es el partido «que más
donaciones anónimas recibe», antes de reafirmarse en que su Ejecutivo no
otorga contratos a cambio de aportaciones de empresas a su financiación
y de recurrir al refranero para advertir a Díaz que «piensa el ladrón
que todos son de su condición».
En cuanto a la petición de documentación pendiente de AGE, Feijóo
ha insistido en que «por supuesto se entregará en la Cámara». Eso sí,
también ha recalcado que Díaz «miente» en la Cámara y ha ironizado con
que «los principios éticos» de la coalición «llegan hasta Dinamarca», en
relación al destino del ya exdiputado David Calviño para desarrollar su
carrera investigadora.
20minutos.es
La Policía confirma que Sanchís era «depositario y custodio» del dinero de Bárcenas en Suiza
Publicado el 30/11/2013
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía
Nacional confirma en un informe remitido al juez que el extesorero de
Alianza Popular Ángel Sanchís, imputado en el caso Gürtel, era el
«depositario y custodio» del dinero de Luis Bárcenas «expatriado desde
Suiza».
El informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz
analiza la información remitida al magistrado por las autoridades
estadounidenses sobre tres transferencias por un total de 3 millones de
euros hechas a la sociedad Brixco de Sanchís por parte de Bárcenas.
El extesorero del PP realizó estas transferencias desde una cuenta
que tenía en el Dredsner Bank de Suiza -país en el que llegó a acumular
48 millones- entre marzo y mayo de 2009, poco después de estallar el
caso Gürtel, a una cuenta de Brixco en el banco HSBC de Nueva York, que
Sanchís atribuye a un préstamo que le hizo Bárcenas.
Forma de ocultar el dinero
Los investigadores, en cambio, creen que estas transferencias
sirvieron en realidad a Bárcenas para ocultar su dinero del país
helvético y que por ello Sanchís pudo cometer un delito de blanqueo en
calidad de colaborador.
«Ángel Sanchís se convierte en depositario y custodio del dinero de
Luis Bárcenas expatriado desde Suiza», afirma la UDEF, que detalla que
luego Sanchís le fue «reponiendo su patrimonio a través de
transferencias» hechas a cuentas de Bárcenas a nombre de la sociedad
Conosur Land en Bankia y de la empresa Rumagol en el HSBC de Nueva York.
El motivo del trasvase de los 3 millones por parte del extesorero
del PP a esta cuenta de Sanchís responde, por tanto, a «la voluntad de
Luis Bárcenas de dispersar su patrimonio con el objetivo de ser ocultado
a las autoridades españolas».
Una vez los fondos de Bárcenas entraron en el capital de Sanchís de
la cuenta de Nueva York, este último los devolvió «a su verdadero
propietario (Luis Bárcenas) según sus necesidades», detalla la Policía.
Una cuenta «instrumental»
Tras analizar los diferentes documentos bancarios remitidos por las
autoridades estadounidenses, la UDEF llega a la conclusión de que
Brixco es una empresa uruguaya cuyos «verdaderos beneficiarios» eran los
miembros de la familia Sanchís, «si bien entre la documentación de
carácter público (protocolos notariales) solo aparecen como meros
apoderados».
La Policía califica la cuenta de Brixco en el HSBC de Nueva York
como «instrumental» y explica que la familia la usaba para la recepción
de cobros y la realización de pagos relacionados con el negocio familiar
de La Moraleja, una finca de producción de cítricos ubicada en
Argentina que era la «verdadera sociedad matriz» de Brixco.
Además de la investigación que sigue Ruz contra Sanchís por un
delito de cooperación al blanqueo, la Procuraduría de Criminalidad
Económica y Lavado de Activos de Argentina (Procelac) también le
denunció por un presunto delito de lavado de dinero a través de una
finca que posee en el país sudamericano.
A raíz de su imputación en Gürtel, Ruz bloqueó las cuentas de La
Moraleja, una finca de más de 30.000 hectáreas situada en Salta, pero
luego le impuso una fianza civil de 8 millones de euros que Sanchís ha
abonado con acciones de la empresa, lo que supuso el desbloqueo de estas
cuentas para que pudiera continuar su actividad empresarial.
rtve.es
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a abrir una investigación
sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores que empleaba
el extesorero del PP Luis Bárcenas en su despacho de la sede del PP en
Génova y que quedaron en poder del partido tras su dimisión, según han
informado fuentes fiscales.
En un informe presentado al juez de la Audiencia Nacional Pablo
Ruz, el Ministerio Público se posiciona en contra de la petición
efectuada por varias acusaciones personadas en la causa que investiga la
presunta contabilidad B del PP que habían solicitado la apertura de una
investigación por encubrimiento y obstrucción a la justicia.
En el escrito, la Fiscalía señala que esta diligencia no aportaría
ningún resultado de interés para el avance de la causa. El Partido
Popular (PP) destruyó en abril de este año el contenido de los discos
duros de los dos portátiles, un mes después de que agentes de la Policía
Nacional acudieran a Génova tras la denuncia que el exsenador presentó
contra el abogado de la formación, Alberto Durán, por abrir sin su
consentimiento un espacio que tenía a su disposición en el edificio.
Esa visita de la Policía Nacional a la sede popular se produjo el 1
de marzo, el mismo día que Bárcenas interpuso su denuncia, y fue
justificada con el objetivo de comunicar a Durán la acción judicial
emprendida por el ex tesorero, sin que los agentes practicaran otras
diligencias, según señalaron entonces fuentes policiales.
Bárcenas denunció a Durán por un posible delito contra la intimidad
y otro de robo por forzar la puerta del despacho y examinar de forma
exhaustiva toda la documentación allí guardada, parte de la cual
argumentaba que era de carácter personal, así como los ordenadores
portátiles que estaban guardados en la sala Andalucía de la formación.
El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid archivó en abril esta
denuncia argumentando que los ordenadores estaban en una sala, por lo
que «no se trataba de un despacho personal» y «en definitiva, no se
ejerció fuerza alguna para entrar».
Entrega de los aparatos
El Partido Popular entregó los dos ordenadores en la sede de la
Audiencia Nacional, tal y como había solicitado el juez Ruz en un auto
del 16 de agosto. El magistrado adoptó esta medida al considerar que en
los dispositivos portátiles podría encontrar información relevante y a
raíz de la declaración de Bárcenas en la que afirmó que los archivos del
‘pendrive’ entregado el día de su comparecencia eran copias de
documentos «primigenios» que se encontraban en los dos ordenadores que
usó durante su última etapa en el partido.
La extracción de la información de los dos dispositivos, que
entregó al juez el PP, se realizó a finales de agosto en presencia de
las partes con el resultado de que uno de los ordenadores no tenía disco
duro y el otro contenía uno que no era el original y cuyo contenido
(465 gigas), se descargó.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha acusado
este viernes de intentar una «operación de propaganda» valiéndose de
algunos datos económicos «para tapar el caso Bárcenas» y le ha advertido
de que lo que hizo con los datos del paro terminó siendo «ridículo».
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Rubalcaba ha recordado que el Ejecutivo hace pocos días «sacó
pecho» con los datos de empleo del mes de agosto y dijo que iban a ser
«magníficos», para luego anunciar que el paro se había reducido en 31
personas.
A su juicio, esos datos fueron «regulares, tenían su parte bueno y
su parte mala», de modo que se podían haber explicado como un cambio de
tendencia pero en lugar de eso el Gobierno intentó hacer una «venta
extraordinaria» de los datos y «acabó siendo ridículo».
PARA ESTUDIANTES Y PENSIONISTAS, LO PEOR EMPIEZA AHORA
El jefe de la oposición se ha expresado así durante una reunión en
la sede del PSOE con universitarios que se verán perjudicados por la
política de tasas y de becas del Gobierno y de las comunidades
autónomas, y ha advertido de que a colectivos como éste no se les puede
decir que lo peor de la crisis ha pasado.
A su entender, mientras el Ejecutivo se aferra a algunos datos
económicos para defender que la crisis «ha tocado fondo», la realidad es
que para mucha gente, como los estudiantes o los pensionistas que
«perderán poder adquisitivo», «lo peor empieza ahora». «¿Se le puede
decir a alguien que va a perder su beca que lo peor ha pasado ya? ¿No
será que lo peor empieza ahora?», se ha preguntado.
España: Luis Bárcenas cobró una nómina del PP en mayo de 2012
Publicado el 11/08/2013
El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, encarcelado por
corrupción, cobró un sueldo de la formación en mayo de 2012, un período
en que según el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya no estaba en
el partido, según publicó el domingo el diario El Mundo.
El diario publicó una reproducción fotográfica de lo que dijo que
era una nómina de Bárcenas con fecha de mayo de 2012, en la que se
detalla un sueldo de 18.257 euros para el exgerente del partido, en el
centro de un escándalo de corrupción por ser el presunto autor de una
contabilidad ilegal dentro de la formación en el poder.
En una comparecencia ante el Congreso el pasado 1 de agosto, Rajoy
declaró ante la Cámara que cuando él llegó a la presidencia tras ganar
las elecciones en noviembre de 2011, Bárcenas ya no estaba en el
partido.
El Partido Popular ha reiterado que Bárcenas estaba desvinculado de
la formación desde 2010 ya que no aceptó una solicitud en la que pedía
reincorporarse tras haber renunciado temporalmente como tesorero del
partido un año antes y después de finalizar una excedencia concedida al
obtener un escaño como senador, al que acababa de renunciar tras su
imputación en el caso de corrupción Gürtel.
Según El Mundo, tras la solicitud de reincorporación el Partido
Popular volvió a tramitar el alta en la Seguridad Social de Bárcenas
como «personal de alta dirección» con un contrato indefinido a tiempo
completo por el que percibía 14 pagas con sus correspondientes
retenciones legales y un salario de algo más de 255.000 euros anuales.
Fuentes del Partido Popular no quisieron hacer comentarios sobre la información publicada por El Mundo.
Bárcenas, que dirigió las finanzas del PP durante dos décadas, está
en prisión acusado de delitos contra la Administración y la Hacienda
Públicas, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa y
de falsedad en documento mercantil dentro del caso de corrupción
Gürtel, una red empresarial que habría agasajado a políticos a cambio de
la concesión de contratos para sus empresas.
El extesorero ha declarado ante el juez que existía una
contabilidad oculta en el PP que implicaba pagos de empresarios de la
construcción y abonos a líderes de la formación, incluido el jefe del
Ejecutivo, entre 1991 y 2008.
«INDEMNIZACIÓN FRACCIONADA»
Rajoy y el resto de líderes del partido han negado la existencia de
una contabilidad oculta y haber recibido pagos de Bárcenas, que según
los fiscales acumuló una fortuna de hasta 48 millones de euros en
cuentas en bancos suizos que no procedían de ganancias legítimas.
En su comparecencia ante el Congreso, Rajoy admitió que se
«equivocó» al confiar en Bárcenas y dijo que creyó en su inocencia hasta
que se conocieron los datos de sus cuentas millonarias.
El Partido Popular ha explicado que hasta diciembre de 2012 se pagó
una indemnización fraccionada a Bárcenas de 400.000 euros y que asumió
los pagos a la Seguridad Social, pero ha negado que el extesorero
hubiera realizado ningún trabajo para el PP desde 2010.
La desconfianza creciente ante la clase política y los casos de
corrupción que han sacudido la vida pública española han llevado al PP a
caer vertiginosamente en los sondeos sobre intención de voto.
Rajoy ya estaba lidiando con una recesión y un desempleo brutal, el
aumento del fervor separatista en Cataluña y protestas callejeras por
los recortes en educación y sanidad públicas.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, está
citada a declarar como testigo ante el juez que investiga el caso
Bárcenas el próximo 14 de agosto, mientras que sus predecesores en el
cargo Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas declararán un día antes.
/Por Raquel Castillo/
MADRID-España. La corrupción encharca toda la geografía nacional.
Es ya una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, alarmados
ante lo que perciben como impunidad de los cargos públicos para saquear
las arcas del Estado.
La lentitud de la Justicia para resolver estos casos no contribuye a
disipar esas impresiones y cada día que pasa se hace más urgente actuar
para ponerle freno. El fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce,
ha solicitado al Ministerio de Justicia «refuerzos», tanto humanos como
tecnológicos, para investigar con «celeridad» y «eficiencia» el
incremento de casos que dependen de la Fiscalía Anticorrupción, entre
ellos el caso Bárcenas. La alarma se ha extendido fuera de nuestras
fronteras y, a principios de mes, un informe interno de la Comisión
Europea advertía sobre el efecto negativo de los últimos escándalos, en
especial tras la publicación de los papeles del extesorero del PP. “Ese
es solo el último de una serie de casos de corrupción de perfil alto,
incluyendo uno contra el yerno del rey Juan Carlos. Como consecuencia,
los españoles han perdido la confianza en su clase política”, sostenía
el documento. La corrupción podría disuadir a posibles inversores
complicando aún más la ya difícil situación de nuestra economía. Y es
que Bárcenas y Nóos acaparan titulares no solo en España sino también en
la prensa internacional. Son los casos más graves que este país tiene
sobre la mesa, pero no son los únicos. Estos son algunos de los más
importantes.
CASO BÁRCENAS
Aunque Luis Bárcenas ya estaba imputado en el ‘caso Gürtel’, uno de los
de mayor envergadura por la extensión de sus raíces y por haber
contaminado a políticos de primera línea de uno de los dos principales
partidos españoles, el Partido Popular, el caso que ha sido bautizado
con su nombre estalló el pasado 16 de enero cuando Suiza comunicó a la
Audiencia Nacional que el extesorero del PP había llegado a tener 22
millones en cuentas de ese país. A partir de ahí, se inició un goteo de
revelaciones en la prensa que alcanzaron su punto culminante el 3 de
febrero, cuando El País publicó lo que denominó “Todos los papeles de
Bárcenas”, una serie de apuntes contables del extesorero que registran
entregas a las sucesivas cúpulas del partido desde 1990, así como
supuestos pagos de otros gastos de la formación política. Entre los
destinatarios de los pagos en B aparecen Javier Arenas, Francisco
Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Mariano Rajoy y Jaime Mayor Oreja.
Tres días después, Bárcenas acudió a declarar a la Fiscalía
Anticorrupción y negó la existencia de cuentas ocultas en el PP y que él
fuera el responsable. Existe la impresión de que el extesorero ha
filtrado los documentos a través de su amigo y exdiputado del PP, Jorge
Trías, que sí se ratificó en su denuncia de la doble contabilidad ante
la fiscalía. Bárcenas, entretanto, estaría enseñando una mínima parte de
lo que tiene, reservándose la baza de los originales que podría sacar a
la luz en el momento que considere más oportuno, y esperando que le
ofrezcan algún trato ventajoso para librarse de tener que responder por
delitos contra la Hacienda Pública y como el blanqueo de capitales a
cambio de no revelar todo lo que sabe sobre la supuesta financiación
ilegal de su antiguo partido.
De momento, la cúpula popular, incluído Mariano Rajoy, evita meterse con
él y ni siquiera la menciona. Pese a denunciar la falsedad de los
‘papeles’, Génova no se ha querellado contra Bárcenas. Es más, nos
acabamos de enterar de que le ha mantenido contratado hasta diciembre de
2012. Ahora, todos los que habían asegurado que no existía relación
laboral alguna con él desde 2010 –Rajoy, Cospedal, Floriano, Montoro,
Alonso- tendrán que explicar por qué mintieron.
CASO GÜRTEL…
La denuncia en 2009 de un concejal del PP de la localidad madrileña de
Majadahonda destapó lo que sería, según los investigadores, una red que
sobornaba a políticos del Partido Popular a cambio de adjudicaciones de
contratos públicos.
Están imputados, además del supuesto cabecilla de la trama, Francisco
Correa, los exalcaldes populares de Majadahonda (Guillermo Ortega),
Boadilla del Monte (Arturo González Panero), Arganda del Rey (Ginés
López) y Pozuelo (Jesús Sepúlveda, exmarido de la hoy ministra de
Sanidad Ana Mato). También, el exdiputado popular en la Asamblea de
Madrid Benjamín Martín Vasco y el que fuese organizador de los actos
públicos de Esperanza Aguirre, el exconsejero de Deportes Alberto López
Viejo.
El caso está pendiente de recepción por parte de la Audiencia Nacional,
toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se inhibió de la
investigación el 8 de junio de 2011.
Gürtel tiene dos ramas. La madrileña, a la que pertenecen todos los
anteriormente citados, y la valenciana, que incluye varias
instrucciones: el caso de los trajes; la pieza separada del caso FITUR,
por el que se piden 11 años para la expresidenta de las Cortes
Valencianas y exconsellera de Turisme, Milagrosa Martínez, y el caso de
la presunta financiación ilegal del PP valenciano. Por lo que se refiere
al ‘caso de los trajes’, supuso la investigación de la posible relación
entre los regalos otorgados por las empresas de Francisco Correa y sus
socios al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a
otros altos cargos de su gobierno. El ‘premio’ serían, también en esta
ocasión, adjudicaciones públicas o actos organizados por el PP en la
región.Fueron imputados el propio Camps, que terminó dimitiendo de su
cargo, y el ex secretario general del Partido Popular de la Comunidad
Valenciana, Ricardo Costa. Víctor Campos, exvicepresidente de la
Generalitat, y Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Consellería de
Turismo, se declararon culpables ante el juez de haber recibido regalos
de la trama. El juicio comenzó el 12 de diciembre de 2011 en el Tribunal
Superior de la Comunidad Valenciana. El 25 de enero de 2012, Camps y
Costa fueron absueltos por un jurado popular. El Partido Socialista del
País Valenciano (PSPV) ha recurrido el archivo de la causa interponiendo
un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
…Y LA AMNISTÍA FISCAL
Situar a la amnistía fiscal bajo el epígrafe de ‘corrupción’ puede
parecer exagerado, y sin duda lo será para el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, que ha defendido su ‘criatura’ a capa y espada frente
a las acusaciones de la oposición, que empezó considerándola éticamente
reprobable y que ha terminado asimilándola a un ‘coladero’ para
delincuentes. Y es que, por lo que se sabe, varios imputados en Gürtel
se han acogido a esa regularización especial de dinero negro. Antes o
después, Montoro tendrá que acabar dando explicaciones. El 13 de febrero
dijo en el Congreso que solo un imputado se había acogido a la
amnistía. La Agencia Tributaria reveló después que eran dos los
empresarios imputados que se habían apuntado a esta vía y que otros seis
habían presentado declaraciones complementarias desde que estalló esta
trama de corrupción en el 2009. Teniendo en cuenta que Luis Bárcenas
también ha revelado que se ha aprovechado del mecanismo, ya son tres los
implicados en la trama Gürtel que se han beneficiado de la amnistía
fiscal: Fernando Martín (expresidente de Martinsa-Fadesa), Alfonso
García Pozuelo (expresidente de Hispánica Construcciones) y Luis
Bárcenas (extesorero del PP).
El exdiputado madrileño Alfonso Bosch es el único que puso al orden sus
cuentas con Hacienda antes de que estallara el caso Gürtel (ingresó
3.111 euros en el 2008 correspondientes a los ejercicios del 2005 y del
2006). Los otros imputados aclararon sus cuentas con el erario público a
partir del 2009 y mayoritariamente en el 2010. La excepción es el
también exparlamentario regional Alberto López Viejo, que esperó hasta
el pasado julio para abonar a Hacienda 4.722 euros correspondientes a
los ejercicios del 2008 al 2011.
CASO NÓOS
Es una de las piezas incluidas en la investigación del caso Palma Arena.
Ha tomado entidad por sí misma después de la imputación del Duque de
Palma, Iñaki Urdangarin. Según la investigación, el marido de la infanta
Elena y uno de sus socios, Diego Torres, también imputado, se habrían
embolsado grandes cantidades de dinero público entre 2005 y 2007 a
través de la organización sin ánimo de lucro Fundación Nóos, que
Urdangarin presidía. Nóos operó, sobre todo, con los gobiernos populares
de Baleares y la Comunidad Valenciana. El caso está en fase de
instrucción. Iñaki Urdangarin declaró ante el juez el 26 y el 27 de
febrero, cuando aseguró que era Diego Torres quien manejaba realmente el
Instituto Nóos. También desvinculó a la infanta Cristina de las
actividades de la fundación. En enero, la Fiscalía del Estado rechazó
investigar si la hija del Rey tuvo conocimiento de las supuestas
actividades ilícitas.
Diego Torres no quiere ser el único que haga frente a las
responsabilidades del caso y lo ha dejado claro filtrando a la prensa
correo electrónicos que dejan al descubierto una relación bastante
estrecha de la Casa Real con las actividades del Instituto Nóos. Entre
los mails figura uno con una foto con chicas ciclistas en toples, en el
contexto de la negociación acerca del equipo ciclista Illes Balears, y
con este texto acompañando a la imagen: “Este es mi equipo”. Otro, que
firmó como ‘El Duque Em…Palma…Do’, le ha costado quedarse sin calle en
Palma de Mallorca
Este sábado, 16 de febrero, Torres ha materializado su amenaza y ante el
juez Castro ha destacado el papel relevante que jugaban tanto García
Revenga como José Manuel Romero, conde de Fontao, quien tras esta
declaración será citado por el juez Castro. Pero Torres dio un paso más
para involucrar al Rey desvelando una supuesta reunión en el Palacio de
la Zarzuela en marzo de 2004 a la que, además de él, habrían asistido el
presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, la alcaldesa
de la ciudad, Rita Barberá, y obviamente Urdangarin. En ese encuentro,
negado por Camps, se habría acordado la celebración del Valencia Summit
de 2005, uno de los eventos investigados en la causa. Eso sí, precisó
que el Rey no estaba en el Palacio.
Además, Torres ha entregado al juez Castro nuevos correos que demuestran
que el Rey estaba al tanto de las actividades de su yerno. “SM me ha
comentado un posible patrocinador importante”, escribe Iñaki Urdangarin
el 12 de octubre del 2007, en referencia, según el propio exsocio, al
Rey (Su Majestad). El 13 de octubre, el duque escribe a Pedro Perelló,
empresario y regatista con el que trató de impulsar el proyecto Ayre
para crear una segunda escudería española para la Copa América, para la
que pedían 100 millones de euros en patrocinios y que finalmente no
salió adelante. Le dice que “sobrevender (exagerar) la participación de
la familia real en el proyecto cuando quien tú ya sabes nos está
ayudando como lo está haciendo no creo que sea el mejor camino. Sobre
todo porque mi experiencia me dice que el perfil bajo es mejor compañero
de viaje que la venta excesiva de los activos. (…) SM me ha vuelto a
comentar las ganas que tiene de que el proyecto salga adelante”.
CASO PALMA ARENA
Es la matriz del ‘Caso Nóos’y lo destapó un informe encargado por el
PSOE al llegar al Govern a raíz del sobrecoste en la construcción del
velódromo Palma Arena, que llevó al banquillo al expresidente de
Baleares, Jaume Matas, que abonó una fianza de 2,5 millones de euros
para no ingresar en prisión. Está acusado de malversación de fondos
públicos, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros delitos.
Los principales imputados, junto a Matas, por la Audiencia Provincial
son el exregatista olímpico y director general de Deportes en el
anterior Govern, Pepote Ballester, y el exgerente del velódromo, Jorge
Moisés. Afecta al segundo gobierno de Matas (2003- 2007) y están
imputados Matas y varios exconsellers. El antiguo ejecutivo de Matas
también es investigado por el caso Ibatur, trama de desvío de dinero del
Instituto Balear de Turismo, entre otros casos. El ‘Palma Arena’ ya
tiene 26 piezas separadas. Jaume Matas ya fue condenado el 20 de marzo
de 2012 a seis años de prisión por pagar con dinero público a un
periodista para que hablase bien de él. En Baleares se investigan
actualmente hasta 20 casos de corrupción, la mayoría vinculados al PP y
al partido bisagra Unió Mallorquina, que también gobernó junto al PSOE
la pasada legislatura. Solo la investigación del Palma Arena tiene 26
piezas separadas.
CASO POKÉMON
Se indagan las posibles comisiones ilegales a cambio de concesiones
municipales, así como una red de enchufes en contrataciones. La
investigación la lleva un juzgado de Lugo pero en su segunda fase, que
ha recibido el nombre de ‘Manga’, el caso no solo se circunscribe al
territorio gallego, sino también a las comunidades de Asturias y
Cataluña. El número de imputados ya supera la treintena, muchos de ellos
políticos, y el epicentro de las investigaciones está en el Grupo
Vendex y sus distintas filiales. Ahora también en Aquagest y GRS Arc
Local. Ángel Espadas, el hombre fuerte del Gobierno del PP en Santiago
hasta que dimitió el alcalde Gerardo Conde Roa –que tiene otro caso
pendiente- el pasado abril, está en la cárcel desde la madrugada del
sábado. El edil de Seguridad de Santiago, Albino Vázquez Aldrey, al que
la juez impuso una fianza de 15.000 euros, ha dimitido de su cargo
aunque el alcalde, Ángel Currás, también imputado en este caso, le había
retirado las competencias el viernes. Espadas, Vázquez Aldrey, y José
Luis Míguez, gerente de la concesionaria Aquagest, fueron detenidos el
jueves 14 de febrero. El nuevo escándalo se produjo solo tres semanas
después de que otra juez imputase al propio Vázquez Aldrey, a Conde Roa y
al actual regidor de Santiago partiendo de la querella de un policía
municipal que les acusa de degradarle en sus funciones y de acoso moral.
En menos de dos años mandato, el Ejecutivo del PP acumula media docena
de imputaciones.
CASO CONDE ROA
Este exalcalde de Santiago, del PP, está siendo investigado por un
delito fiscal, por apropiarse del IVA de su constructora y tiene otro
sumario pendiente por posible corrupción en un contrato municipal.
CASO BALTAR
Se instruye una denuncia del fiscal contra el exbarón del PP de Ourense,
José Luis Baltar, por efectuar un centenar de contrataciones en la
Diputación de personas afines al PP en vísperas del congreso provincial
del partido del 2010 que ganó su hijo. Hace unos días, el extodopoderoso
presidente del PP y de la Diputación de Ourense compareció ante el juez
que instruye la querella fiscal contra él por prevaricación y se acogió
al derecho constitucional de no contestar a las preguntas de la
acusación particular: el PSOE y la organización Manos Limpìas. Pero a
preguntas de su propio letrado cargó contra sus empleados: los dos altos
funcionarios (el secretario, Francisco Cacharro, y el exinterventor,
José Manuel Baños) y el jefe de personal, hijo del alcalde de Monterrei,
José Luis Suárez, uno de los veteranos baltaristas de la provincia.
Baltar aseguró conocer los procedimientos para contratar personal y
remarcó la “urgencia” -negada por el interventor- de los 104 que firmó
en las vísperas del congreso del PP pero precisó que jamás había visto
un expediente de contratación. Dijo que se había limitado a firmar los
documentos que le ponían delante los jefes de servicio, el interventor o
el secretario.
CASO CAMPEÓN
La instrucción del ‘Caso Campeón’ afecta de lleno al ex ministro de
Fomento y diputado socialista, José Blanco, imputado por un presunto
delito de tráfico de influencias y cohecho al percibir presuntas
comisiones ilegales a cambio de favores. Se investiga la trama de
subvenciones y comisiones ilegales cobradas y pagadas por el empresario
del sector farmaceútico Jorge Dorribo. Los principales imputados, además
de Blanco (PSOE), son el ex consejero gallego Fernando Blanco (BNG) y
el exdiputado autonómico Pablo Cobián (PP), así como varios altos cargos
de la Xunta actual (PP). El 14 de febrero se hizo público que el fiscal
encargado del caso en el Tribunal Supremo, Manuel Dolz, pedirá que se
juzgue por un posible delito de tráfico de influencias a José Blanco, al
que acusa de interceder ante diferentes autoridades a favor de su amigo
José Antonio Orozco, vicepresidente del Grupo Azkar, para que
consiguiese la instalación de una nave en Sant Boi (Barcelona). El
Ministerio Público considera que los informes de la Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef) ya han aportado
indicios suficientes para iniciar el proceso judicial y pedir el
suplicatorio para proceder contra Blanco, aforado por su condición de
diputado. La apertura de un procedimiento judicial no implica el archivo
de las pesquisas sobre el resto de actuaciones supuestamente delictivas
que se le atribuyen a Blanco como el dinero que habría recibido del
empresario farmacéutico Jorge Dorribo por hacer gestiones en su favor
ante varios ministerios; su participación en la firma andorrana Salut
D’Innovació a través de José Antonio Orozco, o el pago de su chalé en la
localidad madrileña de Las Rozas. Del sumario del ‘Caso Campeón’ derivó
el de las ITV de Catalunya.
CASO ITV
Empresas vinculadas en el caso Campeón acabaron por conducir a una
investigación judicial ya abierta en Catalunya sobre una trama formada
por empresarios y cargos políticos para adjudicarse, de forma irregular,
estaciones de inspección de vehículos. Según los informes policiales
que obran en el sumario, Oriol Pujol, secretario general de CDC, era el
contacto político de los imputados y, con su acción, “impulsó” la red.
El pasado 4 de febrero, la Fiscalía Anticorrupción remitió a la juez que
investiga el un prolijo informe en el que detalla la participación de
Pujol en la trama que intentó amañar un concurso público para adjudicar
estaciones de ITV.
Poco después de que el fiscal solicitara la imputación de Pujol, el
dirigente nacionalista dio a entender que dejará alguno de sus cargos
cuando sea llamado a declarar. Y que lo que haga él pondrá a prueba el
plan anticorrupción anunciado por Artur Mas y será la pauta a seguir
para el exalcalde de Lloret de Mar y diputado de CiU, Xavier Crespo,
investigado por su presunta relación con la mafia rusa.
CASO CLOTILDE
Al presunto jefe de la mafia rusa en Lloret de Mar (Gerona), Andrei
Petrov, se le atribuye haber blanqueado un total de 56 millones de euros
en operaciones urbanísticas a cambio del patrocinio de los equipos de
fútbol y hockey patines del municipio. El jefe de la mafia rusa fue
enviado a prisión el pasado 28 de enero tras ser imputado por los
delitos de integración en organización criminal, blanqueo de capitales,
falsedad en documento mercantil y cohecho. El caso salpica al ex alcalde
de Lloret, Xavier Crespo, actualmente diputado de CiU en el Parlamento
de Cataluña, y al concejal Josep Valls, también de CiU.
CASO MERCURIO
El ‘Caso ITV’ y el ‘Caso Clotilde’ no son los únicos que afectan a
políticos catalanes, fundamentalmente de CiU y del PSC. A él hay que
sumar los casos Palau de la Música, Pretoria y el más reciente caso
Mercurio. Todo ello sin olvidar el ‘Pallerols’ -los tres dirigentes de
Unió que han sido condenados por financiación ilegal tras firmar la
conformidad de la acusación- y otros dos de UDC indultados por el
Gobierno del PP.
La ‘operación Mercurio’ ha apartado del cargo al emblemático alcalde de
Sabadell, el socialista Manuel Bustos, y al número dos del partido,
Daniel Fernández. Al primero se le achaca malversación y al segundo
tráfico de influencias. El juez investiga una presunta trama de cobro de
comisiones a cambio de contratos de servicios públicos en la ciudad en
la que están imputados el hermano, el tío y la pareja de Bustos, además
de empresarios.
CASO PALAU
Félix Millet y Jordi Montull están acusados del saqueo del Palau de la
Música que en la instrucción se cifra en más de 32millones de euros.
Según las investigaciones (entrada de los Mossos en el Palau en julio
del 2009), Millet presuntamente recibía comisiones de constructoras a
cambio de influir en la concesión de concursos públicos de los gobiernos
de CiU. Convergència mantiene su sede embargada por orden judicial al
estar considerado este partido responsable a título lucrativo del desvío
de 3,3 millones del Palau de la Música. En una causa paralela, están
imputados ex altos cargos del PSC por la permuta de fincas con Millet
para la construcción de un hotel frente al Palau.
CASO PRETORIA
Este caso de corrupción urbanística, acabó con una veintena de imputados
en 2009. A la espera de que se concluya la investigación y con más de
la mitad de los imputados iniciales ya sin acusación en la causa, el
caso Pretoria reveló supuestas tramas de corrupción con Santa Coloma de
Gramenet como eje. El entonces alcalde socialista, Bartomeu Muñoz, el
exconsejero de Jordi Pujol, Macià Alavedra y el ex secretario general de
la Presidència, Lluís Prenafeta, estuvieron en prisión preventiva.
CASO COOPERACIÓN
Gürtel y Nóos son los casos de corrupción más graves que afectan a la
Comunidad Valenciana pero tampoco son los únicos. Uno de los más sonados
es el ‘Caso Cooperación’ sobre el desvío en beneficio de una trama
mafiosa de ayudas de la Generalitat Valenciana al Tercer Mundo. Hay 27
imputados, entre ellos el exconseller de Cooperación y hombre fuerte del
PP valenciano, Rafael Blasco, dos altos cargos de la Generalitat
Valenciana y un empresario en prisión.
CASO EMARSA
La causa sobre el supuesto saqueo de los fondos públicos de la
depuradora de Pinedo, el denominado ‘caso Emarsa’, que puede alcanzar
los 40 millones de euros, va por los 38 imputados y 102 tomos de
diligencias cuando se han cumplido dos años de la presentación de la
querella que dio origen a la instrucción. La prolija causa judicial
investiga la gestión que entre 2004 y 2010 llevó a cabo la ahora extinta
Entidad Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), empresa pública
creada por el Ayuntamiento de Valencia y 17 municipios del área
metropolitana para gestionar esa depuradora y el saneamiento de aguas
residuales de Valencia. Están imputados el exalcalde de Manises y
exvicepresidente de la Diputación de Valencia, el popular Enrique
Crespo, entre otros.
CASO BRUGAL
Brugal es un acrónimo que viene de “Basuras RUrales Gestión ALicante” y
es un caso en el que se investigan delitos de soborno, extorsión y
tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en
concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras en varias
localidades gobernadas por el Partido Popular en la provincia de
Alicante. La investigación comenzó en el 2006, realizándose seis
detenciones en mayo del 2007, tres de las cuales terminaron en condenas
de cárcel. En julio del 2010 se retomó el caso con nuevos implicados.
Está imputado el expresidente de la Diputación Provincial, José Joaquín
Ripoll, y varios alcaldes; en total más de 30 militantes del PP
alicantino. En pieza separada, sobre la modificación del PGOU de
Alicante, están procesados la alcaldesa de Alicante y diputada
autonómica, Sonia Castedo, y el exalcalde de esta ciudad y también
diputado autonómico, Luís Díaz Alperi.
CASO CARLOS FABRA
La justicia ha procesado al expresidente de la Diputación de Castellón
por varios delitos contra la administración pública. Está imputado
judicialmente por diversos delitos de tráfico de influencias, por
cohecho y por el delito fiscal correspondiente al ejercicio de 1999. En
junio de 2011 dejó la presidencia de la Diputación de Castellón, después
de 16 años al frente de la misma. Entre otras cosas, está acusado de
simultanear su cargo público con un negocio de asesoramiento a través de
la empresa Camarcas S.L. dedicada a asesoría y consultoría entre 2000 y
2004. En la documentación de Hacienda se reveló que Fabra,
administrador único de Camarcas, cobró de por lo menos siete empresas
diferentes, algunas de ellas con contratos adjudicados de la
administración pública de Castellón, por un importe de 841.021 euros. En
enero de 2012, el juez del juzgado de primera instancia e instrucción
número uno de Nules acordó la apertura de juicio oral contra el
expresidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP
provincial, Carlos Fabra, y su exmujer, María Desamparados Fernández,
por el ‘caso Naranjax’, así como contra Vicente Vilar, administrador
único de la empresa, y su entonces mujer Montserrat Vives.
CASO UNIÓ MALLORQUINA
En Baleares, además del caso Nóos, la antigua cúpula de UM tiene varios
procesos abiertos. El juez de Palma investiga a los dirigentes del
partido por asociarse ilícitamente para obtener comisiones de contratos
públicos en varias instituciones. En el caso Can Domenge, se indagan
supuestas irregularidades en la venta de un solar público del Consell de
Mallorca, dirigido entonces Maria Antònia Munar fue condenada a cinco
años y medio de cárcel. Ha recurrido la sentencia ante el Supremo.
CASO VOLTOR
Se trata de un caso con varias piezas en que se indagan supuestos
desvíos de fondos entre el 2003 y el 2011 por parte de miembros de UM.
En noviembre de 2011, el promotor inmobiliario y dueño de medios de
comunicación de Mallorca, Jacinto Farrús, que fue detenido e imputado en
2010 por supuesta corrupción en las tramas de Unió Mallorquina (UM)
desde el Gobierno de Baleares, asumió ante la juez del caso Voltor, que
donó fondos y bienes de sus empresas a UM para sus campañas electorales.
Entre los imputados se encuentran el exconseller de Turismo Miquel
Nadal (UM) y el expresidente de UM Miquel àngel Flaquer.
CASO ANDRATX
Dividido en unas 70 piezas abiertas por corrupción urbanística, varias
de las cuales ya han sido juzgadas, llevó a prisión al que fuera
director general de Ordenación del Territorio del Govern de Jaume Matas,
Jaume Massot, y al ex alcalde de esta localidad mallorquina Eugenio
Hidalgo (PP).
CASO DE LOS ERE
Es el caso que trae de cabeza al Gobierno del PSOE en la Junta de
Andalucía. La denuncia de dos empresarios, a los que dos dirigentes de
Mercasevilla (Fernando Mellet y Daniel Ponce) les exigieron un soborno,
destapó cuatro casos de fraude. Una partida 647 millones de euros
destinada a ayudar a empresas en crisis sirvió para la inclusión de más
de 120 intrusos que cobraban prejubilaciones sin tener derecho a ellas.
También se concedieron grandes sumas de dinero en ayudas a empresas,
principalmente en la sierra norte de Sevilla, zona de origen del ex
director general de Trabajo, Javier Guerrero. Entre los imputados y
beneficiarios están varios alcaldes del PSOE y ex altos cargos de la
Junta de Andalucía, entre ellos el ex consejero de Empleo, Antonio
Fernández, y el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero. De los
647 millones, al menos 85 habrían sido defraudados. Guerrero calificó la
partida destinada a los ERE’s como el “fondo de reptiles”La Junta de
Andalucía ha admitido la existencia de 72 ‘polizones’ entre 1.569
trabajadores investigados de los 6.096 que recibieron ayudas públicas
entre 2001 y 2008. Entre ellos hay una decena de militantes o cargos
socialistas, pero también cargos del Partido Popular.
Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo de la Junta, es
el principal imputado. Él era el responsable de que los 647 millones de
euros que manejaba la Junta para estos conceptos tuviesen un destino
adecuado. También está imputado su superior, el exconsejero de Empleo
Antonio Fernández. La investigación está en manos de un juzgado de
Sevilla y no hay fecha para el juicio.
CASO MALAYA
Afecta a Marbella y se trata del mayor caso de corrupción en el seno de
un ayuntamiento. Juan Antonio Roca, ex asesor urbanístico del
ayuntamiento a las órdenes de los ex alcaldes Jesús Gil, Julián Muñoz y
Marisol Yagüe, gestionaba una red de licencias y favores urbanísticos a
cambio de cuantiosas comisiones. El dinero defraudado asciende a más de
240 millones de euros.
CASO MINUTAS
El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz (GIL), y el abogado y presidente
del Sevilla Club de Fútbol, José María del Nido, fueron condenados el
pasado mes de diciembre por la sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Málaga a siete años y medio de prisión y 15 de
inhabilitación absoluta cada uno. Su delito, haber malversado 2,86
millones de euros del Ayuntamiento de Marbella contratando servicios
jurídicos de forma irregular e injustificada. La Policía calcula que en
Marbella se defraudaron 670 millones de eurosDel Nido ha anunciado que
recurrirá, pero la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que los
condenados ingresen en prisión preventiva. El ‘caso Minutas’ es un
apéndice del caso Malaya, cuya fase judicial aún no ha concluido. La
policía tasa el dinero blanqueado en el ‘caso Malaya’ en unos 670
millones.
CASO ASTAPA
El exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), y varios miembros
de la corporación municipal han sido acusados de falsedad en documento
público y blanqueo de dinero. Barrientos pasó seis meses en prisión
preventiva por estos delitos. Se investiga el posible blanqueo de 8
millones de euros y el juez bloqueó 40 millones a los imputados, que
suman un total de 109 y 120 sociedades mercantiles.
CASO PONIENTE
El ex alcalde de El Ejido (Almería), Juan Enciso (PAL, una escisión del
PP), está acusado por malversación de fondos públicos. La trama giraba
en torno a la empresa municipal Elsur. La operación se cerró con la
detención de 20 personas por irregularidades de al menos 93 millones de
euros.
CASO CAJA CASTILLA LA MANCHA
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz reactivó en octubre la
investigación sobre la gestión de la anterior dirección de Caja
Castilla- La Mancha en la que supuestamente se aprobaron hasta veinte
préstamos y operaciones crediticias presuntamente irregulares que, según
un informe pericial del Banco de España, pudieron causar en la entidad
un agujero de 267 millones de euros. La causa se abrió en diciembre del
2010 contra el expresidente de la caja, Juan Pedro Hernández Moltó, y el
ex director general de la entidad, Ildefonso Ortega, por los presuntos
delitos de administración desleal, estafa y falsedad contable.
CASO UMBRA
El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia investiga
delitos de malversación, blanqueo, cohecho y otros, con el alcalde de la
ciudad, Miguel Ángel Cámara Botía, imputado por la presunta trama de
corrupción urbanística en la zona Norte del municipio. También están
imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; así como
el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa
de la Oficina de Gobierno Local de Murcia
