El Departamento de Servicios Jurídicos del BBVA ha enviado un escrito al juez Manuel García-Castellón, en el que desvela que en numerosas ocasiones la entidad financiera ha recibido amenazas por parte de funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para facilitar ilegalmente y sin orden judicial información confidencial de innumerables clientes.
«No son pocos los casos en los que los diferentes cuerpos policiales nos han manifestado su disconformidad con nuestra petición de aportación del oficio judicial», admiten los abogados del banco. «Llegando a solicitarnos incluso la identificación personal del empleado de BBVA que les ha requerido dicho oficio judicial al objeto de la apertura de las correspondientes diligencias policiales/judiciales».
El instructor del denominado ‘caso Tándem’, en el que se investiga al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a otros altos mandos por vender información policial a grandes empresarios, requirió hace unos días al BBVA para que detallara cuáles son sus protocolos en esta materia.
Su objetivo pasa por determinar si la responsabilidad penal en estos episodios es del banco por relajar los controles o si, por el contrario, se circunscribe exclusivamente a empleados aislados que actuaban por su cuenta.
La decisión la adoptó el juez García-Castellón después de acreditar que trabajadores de la entidad financiera habían facilitado datos de cuentas bancarias –llegando a realizar pantallazos de los depósitos– a destacados miembros de la Policía que, acto seguido, comercializaban la información en el sector privado a través de empresas de seguridad vinculadas a ellos.
En esta línea, por citar un ejemplo, un ex empleado de la entidad, César Bilbao, ya ha confesado que filtró datos confidenciales al inspector Constancio Riaño, que ha aflorado en la causa como una de las personas clave en el manejo y filtración de información sensible desde su puesto en la Comisaría General de Información de la Policía Nacional.
PRÁCTICA EXTENDIDA
Este modus operandi fue detectado en relación con el trasiego ilegal de datos del despacho Balder IP Law, creado por antiguos empleados del bufete Herrero y Asociados. Los propietarios de este último despacho contrataron a Villarejo con el objetivo de investigar al primero por si había podido incurrir en competencia desleal.
No obstante, a pesar de que las pesquisas sobre estos hechos se circunscriben a una de las piezas del sumario, la bautizada como Iron, durante las últimas semanas la filtración de información bancaria o telefónica confidencial desde las bases de datos policiales para su posterior venta por parte de altos mandos con empresas particulares se ha revelado como una práctica extendida y prácticamente institucionalizada en el seno del Cuerpo de la Policía Nacional.
Así, en relación con lo apuntado por el BBVA de que las exigencias de información se llevaban a cabo sin orden judicial y bajo la amenaza de abrir una investigación contra el empleado que se negara han sido numerosas, el propio Riaño confesó recientemente que filtraba datos a Antonio González Pacheco, conocido popularmente como Billy El Niño.
Paradójicamente este histórico miembro de la Brigada Político Social investigado por torturas en innumerables ocasiones, también dispuso de una empresa de seguridad con la que llegó a facturar 1,9 millones entre 2002 y 2016.
AUTORIZACIÓN JUDICIAL
El BBVA ha dejado claro en su contestación al juez que la ley obliga a que «cuando se solicite información relativa a movimientos y/o se solicite documentación contractual o una relación de posiciones de un determinado cliente, se solicitará que se aporte el correspondiente oficio del juzgado».
Es más, en él se debe «solicitar dicha información o autorizar a la Policía Judicial a realizar» la petición. Porque «en el caso de que se facilitara a un tercero la información de sus clientes se estaría incumpliendo la obligación de reserva relativa a los saldos, posiciones, transacciones y demás operaciones de los mismos».
En el marco de la investigación sobre el tráfico ilegal de datos bancarios, la defensa de uno de los mandos imputados, Enrique García-Castaño, ya ha solicitado al juez que requiera a la Policía todos los correos electrónicos del inspector Riaño para que afloren de forma exhaustiva todas las consultas que realizó sin que mediara la preceptiva orden judicial a petición de mandos policiales que se lucraban con empresas de seguridad.
El BBVA se encuentra investigado en este sumario, además, por contratar a Villarejo para investigar al grupo liderado por Luis del Rivero que intentó hacerse con el control de la entidad financiera. Por este espionaje el juez ya ha acordado que el banco tenga la condición de investigado en el procedimiento y acaba de acordar la imputación del ex presidente Francisco González.
ALD/ElMundo.es
