El presidente de EEUU, Joe Biden, ha desvelado este miércoles los detalles del plan fiscal que permitirá financiar los dos billones de dólares en inversiones de su ambicioso plan de infraestructuras, la segunda fase de su programa económico tras la aprobación del paquete de estímulos para superar la pandemia. El objetivo del plan es recaudar 2,5 billones durante los próximos 15 años mediante un aumento del impuesto de sociedades, un tipo mínimo del 15% sobre beneficios después de impuestos y animando a las grandes corporaciones que tributan fuera a repatriar sus beneficios.
Antilavadodedinero / elpais
La nueva fiscalidad de la Administración de Joe Biden se compone de tres pilares. El primero es el aumento del impuesto de sociedades, del 21% actual -fruto de la reforma fiscal de 2017 de Donald Trump- al 28%, un aumento porcentual de siete puntos que queda sin embargo por debajo del 35% vigente hasta la presidencia del republicano. El segundo es adoptar enérgicas medidas contra las empresas que tributan en otros países con un clima fiscal más favorable, como las Bahamas o Irlanda; es el caso de numerosas multinacionales, incluidas varias grandes tecnológicas. Es decir, aumentar los impuestos sobre sus ganancias en el extranjero, mientras introduce un tipo mínimo efectivo del 15% sobre los beneficios después de impuestos declarados en las cuentas de resultados consolidadas.
En tercer lugar, la Administración de Biden pondrá fin a los subsidios a las empresas de combustibles fósiles y reemplazarlos por incentivos para la producción de energías limpias, una medida en consonancia con la idea de una economía sostenible y verde, que define transversalmente su agenda política.
Las empresas que actualmente tributan fuera ya no podrán evadir el pago de los impuestos estadounidenses sobre los pagos que realicen a subsidiarias extranjeras. Un informe del Departamento del Tesoro prevé que ello obligará a las empresas a repatriar dos billones de dólares en beneficios durante la próxima década desde el extranjero.
Frente a la oposición de las grandes corporaciones, todos los republicanos e incluso algunos legisladores demócratas, Biden ha explicado uno de sus argumentos recurrentes para defender la subida de impuestos, “por qué no es aceptable que 91 de las 500 mayores corporaciones del país pagaran cero en impuestos federales en 2019”, desafiando al tiempo a sus críticos a señalar “qué partes de este paquete [fiscal] creen que no valen la pena”. Biden ha anunciado este miércoles que en las próximas semanas se reunirá junto con la vicepresidenta, Kamala Harris, “con republicanos y demócratas” para estudiar el plan, y que está dispuesto a escuchar las propuestas de los legisladores críticos, en “una negociación de buena fe”, a la vez que reiteraba su promesa de no subir los impuestos a los estadounidenses que ingresen menos de 400.000 dólares al año.
“El debate es bienvenido; el compromiso, inevitable, y los cambios [a la propuesta presentada este miércoles], seguros”, ha subrayado el mandatario en el discurso de presentación de la reforma tributaria. Los republicanos tendrán hasta finales de mayo para presentar enmiendas, ha indicado Chris Coons, un estrecho colaborador de Biden en el Senado.
Hace una semana, durante la presentación del plan de infraestructuras en Pittsburgh, Biden nombró directamente a Amazon como una de esas 91 compañías que han evitado durante años el pago de impuestos federales. La respuesta de Amazon no se hizo esperar, y este martes su fundador y consejero delegado, Jeff Bezos, dijo, sucintamente, que la tecnológica defiende “el aumento de la tasa corporativa”.
Según la última encuesta publicada, el Plan de Empleo Estadounidense -el nombre que recibe oficialmente el plan de infraestructuras, por su objetivo de crear millones de empleos a la vez que moderniza el país- cuenta con el apoyo del 73% de los votantes, sin distinción de ideologías (entre los republicanos lo respalda el 57%). Pero en el Congreso, donde la oposición al plan es feroz, los demócratas deberán emplearse a fondo para convencer a sus rivales políticos, que lo critican por no destinar la mayor parte de su dotación a la modernización o construcción de proyectos viarios como carreteras o puentes. El presidente considera más prioritario el gasto para modernizar la red hidroeléctrica -con especial énfasis en remediar la contaminación por plomo de muchas tuberías- y garantizar el acceso asequible a internet de banda ancha, sobre todo en zonas rurales.
Tras la reforma fiscal de Trump, en 2017 -la única iniciativa legislativa de calado de su mandato-, los ingresos federales por el impuesto de sociedades cayeron en picado. Si entre 2000 y 2017 equivalieron a al 2% del PIB, en 2018 y 2019 cayeron a la mitad, un 1%, mientras los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se situaban en una media de entre el 2,9% y el 3,1% durante esos mismos años. Mientras, los beneficios empresariales después de impuestos engordaron con relación a la economía del país. Pasaron de significar el 5,4% del PIB en el periodo 1980-2000 a suponer el 9,7% entre 2005 y 2019.
“”No hay la menor evidencia que demuestre que los recortes [de Trump] en 2017 incrementaron el crecimiento o la productividad “, ha dicho este miércoles la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, “y el hecho es que la estructura corporativa actual está rota”. La responsable de Comercio calificó de inaceptable el rechazo frontal del plan por parte de la Cámara de Comercio, el mayor grupo empresarial del país, y otros lobbies económicos, a los que instó a negociar y debatir en torno a la propuesta de la Casa Blanca.
En una tribuna publicada hoy en el diario The Wall Street Journal, la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, ha asegurado que el plan de subida de impuestos “es mutuamente beneficioso” para el país y las empresas. “La reforma tributaria no es un juego de suma cero, con las empresas en un lado y el Gobierno en el otro. Hay políticas que son mutuamente beneficiosas, auténticos win-win. Washington tiene una enfrente ahora mismo”, ha escrito Yellen.
