El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho públicas este miércoles sus primeras sanciones contra funcionarios y entidades sirias por supuestas violaciones contra los Derechos Humanos, en total ocho personas y diez sociedades han sido incluidas en la lista negra del Departamento del Tesoro.
Antilavadodedinero / ABC
«Las personas y entidades que estamos designando hoy han estado [involucradas en] graves violaciones de los derechos humanos, incluida la supervisión de la tortura y el asesinato de detenidos», ha explicado la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, Andrea M. Gacki.
Así, la OFAC ha informado de que entre los sancionados hay ocho centros de detención gestionados por los servicios de Inteligencia del Gobierno del presidente sirio, Bashar al Assad, pues consideran que han servido de espacios para cometer abusos de Derechos Humanos contra «presos políticos» y otros detenidos, así como «cinco altos funcionarios de seguridad» responsables de su funcionamiento.
Uno de esos centros de detención es la prisión militar de Saydnaya, con «un amplio historial bien documentado de graves abusos contra los Derechos Humanos». De acuerdo con las informaciones que maneja Estados Unidos, estas instalaciones «podrían contener entre 10.000 y 20.000 detenidos», mientras que «entre 5.000 y 13.000 personas» han sido ejecutados extrajudicialmente en prisión y enterrados en fosas comunes entre 2011 y 2015.
«El régimen de Al Assad ha librado una guerra despiadada contra el pueblo sirio, encarcelando a cientos de miles de sirios que piden reformas y cambios, de los cuales al menos 14.000 han sido torturados hasta la muerte. Según los informes, más de 130.000 personas siguen desaparecidas o detenidas a día de hoy, la gran mayoría de las cuales se presume muertas o detenidas sin representación legal», aventura.
Abusos contra la población civil
La OFAC también ha sancionado al grupo armado Ahrar al Sharqiya, que opera en el norte de Siria, y que habría nutrido sus filas con antiguos terroristas del Daesh, así como a dos de sus principales líderes. Washington les acusa de abusos contra la población civil, unos «horribles actos que agravan el sufrimiento de una población que ha sufrido repetidamente desplazamientos masivos».
«La milicia también se ha involucrado en secuestros, torturas y confiscaciones de propiedad privada de civiles, impidiendo que los sirios desplazados regresen a sus hogares. Al Sharqiya construyó y controla un gran complejo penitenciario en las afueras de Alepo, donde cientos han sido ejecutados desde 2018», cuenta el Tesoro.
Gacki afirma que con esta nueva batería de sanciones, Estados Unidos «demuestra el firme compromiso» que tiene contra aquellos que comenten abusos contra los Derechos Humanos en Siria, independientemente del autor.
