Dos hoteles, 11 vehículos, un predio empresarial y otros bienes y dinero por más de 800 millones de pesos secuestrados a narcos en Salta, Corrientes y el partido bonaerense de Pilar pasaron durante 2020 al dominio del Estado para hacer frente a la emergencia sanitaria ante la pandemia de Covid-19.
Antilavadodedinero / GrupoLaprovincia
Así se desprende del informe anual de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) del Ministerio Público de la Nación, al que accedió Télam, y en el que se consideró que el objetivo de estas medidas fue «destinar bienes que se encontraban en desuso para que el Estado pueda responder eficazmente a la situación».
A su vez, se destacó que «todos estos bienes habían sido cautelados en los respectivos procesos penales y se encuentran sujetos a decomiso por ser utilizados para la comisión de los delitos o por tratarse de las ganancias de la empresa criminal».
La Procuraduría de Narcocrimalidad produjo el informe de gestión anual 2020.
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En uno de los casos, ante el proceso de extinción de dominio respecto de los bienes del «Clan Loza», una banda dedicada al narcotráfico con base en Salta, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) entregó dos hoteles a esa provincia «para ser utilizados para el aislamiento de ciudadanos extranjeros que provengan de zonas afectadas por el Covid-19».
Una vez que estos hoteles dejaron de estar afectados a dicha tarea, «fueron entregados a Gendarmería Nacional para la instalación de unidades que garanticen el cumplimiento de las funciones propias de seguridad e investigación criminal en la provincia de Salta»
Además, según el informe de la Procunar, en este proceso civil en particular se persigue extinguir en favor del Estado Nacional el dominio respecto de 190 bienes y dinero obtenidos a partir de la actividad ilícita de esta organización criminal por un total 800 millones de pesos.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) entregó dos hoteles a esa Salta «para ser utilizados para el aislamiento de ciudadanos extranjeros que provengan de zonas afectadas por el Covid-19».
En el caso de Corrientes, en el marco de 13 causas por narcotráfico, se secuestraron 11 vehículos, un inmueble y 329.100 pesos que luego se destinaron «a la compra de insumos para afrontar la pandemia».
Uno de esos vehículo fue una camioneta secuestrada en mayo último con un cargamento de 77 paquetes de marihuana que pertenecían a una banda que fue desbaratada.
Por otro lado, el informe también destacó que la Justicia ordenó la entrega al Estado del predio de la sociedad «Pilar Bicentenario SA», en el marco de la causa que tiene como principal imputado al colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, sospechado de liderar una organización que lavó activos por 3,3 millones de dólares.
En este caso, la AABE dispuso que el predio «sea utilizado como centro de diagnóstico» de Covid-19 «con la finalidad de detectar casos de contagio y trabajar coordinadamente entre el municipio de Pilar, el Estado nacional y la provincia de Buenos Aires en la prevención de la propagación» del coronavirus.
Piedrahita Ceballos, quien estaba incluido en un listado de personas y empresas con señalamientos principalmente de narcotráfico, lavado de activos o terrorismo, será sometido a juicio junto a otras ocho personas.
Entre estos acusados por el juez federal de Morón, Néstor Barral, se encuentran el exfutbolista de Boca Juniors, Mauricio «Chicho» Serna, y la viuda del narcotraficante del Cartel de Medellín Pablo Escobar Gaviría y su hijo.
Se cree que la organización lavó dinero proveniente de la venta de drogas mediante inversiones inmobiliarias realizadas entre 2008 y 2017 en Argentina, entre ellas en el emblemático «Café de los Angelitos».
