Investigaciones realizadas por autoridades, activistas y periodistas revelan cómo los políticos mexicanos han aprovechado las debilidades del sistema de registro de bienes raíces en Estados Unidos para lavar dinero, pero también lo difícil que resulta descubrirlos.
Antilavadodedinero/ Semanario-Vanguardia
En julio de 2016, cuando un grupo de trabajo de autoridades federales de los Estados Unidos de Norteamérica, con sede en el Estado de Texas, confiscó millones de dólares en propiedades que los investigadores creían eran propiedad de cleptócratas mexicanos, la “Red de Control de Delitos Financieros” (FinCEN, por sus siglas en inglés), una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos responsable de combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros, decidió tomar medidas.
Según los fiscales, los funcionarios corruptos y los contratistas del gobierno utilizaron a empresarios de Texas para establecer sociedades de responsabilidad limitada, a través de las cuales canalizaron los fondos robados a los contribuyentes mexicanos para comprar docenas de lotes baldíos, casas y edificios comerciales. La FinCEN, con sede en Washington, DC, respondió a los hechos con una expansión de sus regulaciones inmobiliarias destinadas a detectar y disuadir el lavado de dinero en ciudades seleccionadas de Estados Unidos.
• Los fiscales federales llegaron a un acuerdo con el hijo del exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat en 2019. Habían alegado en una demanda civil que Reynoso Femat compró millones de dólares en bienes raíces del condado de Bexar, incluido este pequeño edificio de oficinas, con dinero robado. de las arcas del estado. Un abogado del hijo de Reynoso Femat dijo al San Antonio Express-News que había llegado a un acuerdo con el gobierno para vender la propiedad inmobiliaria, pero los registros de propiedad del condado muestran que todavía es propiedad de la empresa del hijo, R&S International Investments LP.
Pero había un problema.
Los fiscales federales acababan de alegar que encontraron bienes raíces esparcidos por todo Texas que fueron comprados con dinero robado a los contribuyentes mexicanos, pero en su respuesta los reguladores de la FinCEN decidieron centrarse en la propiedad residencial en solo una ciudad texana.
En 2001, el Congreso Estadounidense había ordenado a la rama del Departamento del Tesoro conocida como FinCEN que regulara la industria inmobiliaria. Pero no fue hasta principios de 2016 que la agencia experimentó por primera vez con la supervisión de las ventas de viviendas, inicialmente en Manhattan y Miami. La regulación, llamada “Orden de Focalización Geográfica”, o GTO, requería que las “compañías de títulos” (entidades privadas que en Estados Unidos realizan labores similares a las de los notarios mexicanos en el proceso de compra-venta de inmuebles) rastrearan ciertas transacciones residenciales. Si la compra era realizada por una empresa, si se realizaba en efectivo, o si superaba cierto monto, debía informarse a FinCEN.
A mediados de 2016, la agencia extendió el requisito al resto de la ciudad de Nueva York, así como a Los Ángeles, San Diego y San Francisco, ciudades costeras con propiedades inmobiliarias de alto valor económico que atraen a inversores extranjeros. En Texas, solamente San Antonio fue incluida en la lista.
• Una empresa de autoalmacenamiento pagó 11.45 millones dólares en una subasta del gobierno en 2016 por esta torre. Los fiscales federales confiscaron esta propiedad como parte de su investigación sobre decenas de millones de dólares robados al gobierno de Coahuila y blanqueados en Texas.
En mayo de 2021, el Texas Observer, en alianza con el Border Center, publicó una investigación en la cual se detalla cómo el gobierno de EE. UU. descubrió redes de empresas ficticias utilizadas por funcionarios públicos de cuatro estados mexicanos para lavar millones de dólares en Texas -entre 1998 y 2017- pero dejó en suspenso tales procedimientos. Esas investigaciones, denominadas “Operación Marea Verde” y “Operación Político Junction”, llevaron a la FinCEN a agregar la ciudad de San Antonio a sus regulaciones. El 29 de noviembre pasado, Semanario publicó un reportaje al respecto, titulado “Bancos de USA: ‘lavadoras’ de la cleptocracia mexicana” en el cual se detallan los hallazgos de las dos operaciones citadas.
Los fiscales alegaron que los cleptócratas mexicanos habían comprado medio centenar de propiedades inmobiliarias en Texas, valoradas en 58 millones de dólares en la actualidad. Pero solo 11 de estas, con un valor de menos de siete millones, habrían sido analizadas a través de las Órdenes de focalización geográfica, de acuerdo con un análisis de los registros judiciales relacionados. En 2018, FinCEN extendió su supervisión a Dallas y Fort Worth, pero dejó fuera a Houston -una ciudad largamente considerada un centro de lavado de dinero- y el Valle del Río Grande, la ubicación de casi la mitad de los fiscales de bienes raíces que intentaron realizar incautaciones durante las operaciones Marea Verde y Politico Junction.
• Otra propiedad comercial en la cartera del ex tesorero de Coahuila Villarreal Hernández. Este lavado de autos se encuentra en medio de cadenas de comida rápida y negocios locales junto a la Interestatal 69 en Brownsville. Los fiscales intentaron decomisarlo, pero finalmente acordaron dejar que la empresa de Villarreal Hernández, Peninsula South Padre LLC, se quedara con él.
Elise Bean, exdirectora de personal y abogada principal del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, dijo que las órdenes de selección existentes están “plagadas de agujeros cuando se trata de detener el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos. Los casos de Texas demuestran que los blanqueadores de dinero están felices de limpiar el efectivo utilizando propiedades comerciales en ciudades y pueblos más pequeños, donde pueden eludir fácilmente los informes de GTO “.
A principios de diciembre de 2021, más de cinco años después de que comenzara a regular los bienes raíces, FinCEN propuso nuevas reglas que podrían expandir masivamente su supervisión de la industria inmobiliaria. Los expertos en lavado de dinero están entusiasmados con las propuestas, pero se preguntan qué tan lejos y qué tan rápido se moverá el gobierno en esa dirección.
A principios del año, el Think Tank Global Financial Integrity -especializado en el análisis de flujos financieros ilícitos, corrupción, comercio ilícito y blanqueo de capitales- publicó un estudio exponiendo graves deficiencias en las regulaciones inmobiliarias de FinCEN. Los autores, Lakshmi Kumar y Kaisa de Bel, analizaron 56 esquemas para lavar más de 2 mil 530 millones de dólares en bienes raíces, en Estados Unidos, durante los últimos cinco años, incluidas las acusaciones detalladas en las operaciones Marea Verde y Político Junction.
• Los fiscales federales en San Antonio intentaron confiscar esta casa de 2,383 pies cuadrados en un lote de casi un acre con piscina en 2012, alegando que fue comprado con dinero robado del estado de Coahuila. Eventualmente retiraron su demanda como parte de un acuerdo de culpabilidad con el ex tesorero del estado, quien entregó millones de dólares en otros activos. Un miembro de la familia vendió la casa en 2017.
Los expertos descubrieron que más de la mitad de los esquemas de lavado de dinero identificados en los Estados Unidos involucraban a condados fuera de las 12 regiones cubiertas por Órdenes de Focalización Geográfica. En Texas, seis de los ocho condados donde los lavadores de dinero compraron bienes raíces no están cubiertos por la orden de monitoreo actual, que incluye solamente los condados de Bexar, Tarrant y Dallas, según el informe. Por ejemplo, en las operaciones Marea Verde y Politico Junction, los fiscales alegaron que los cleptócratas lavaron dinero comprando dos condominios en la Isla del Padre, nueve casas en un vecindario del norte de Brownsville y una mansión de 732 metros cuadrados en el Oeste de Austin, la capital texana.
Kumar, director de Políticas de Global Financial Integrity, calificó las regulaciones actuales como “una forma increíble de hacer políticas”. “El lavado de dinero de bienes raíces no es un problema de algunos centros”, dijo. “Es un problema nacional. Puede suceder en cualquier lugar. Porque se puede ganar dinero en todas partes”.
El informe también encontró que una cantidad significativa de dinero se lava a través de bienes raíces comerciales, lo que no está cubierto por la supervisión de FinCEN. En Operación Marea Verde, los fiscales alegaron que un exgobernador del estado mexicano de Tamaulipas usó dinero malversado para comprar 18.6 hectáreas de bienes raíces de primera clase, cerca de Shops at La Cantera una sección elegante de San Antonio. En Politico Junction, se descubrió que el ex tesorero del estado de Coahuila, Javier Villarreal Hernández, acordó perder un centro de striptease, una farmacia y una torre de almacenamiento, en San Antonio, cuando se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero.
Las seis propiedades inmobiliarias comerciales en el condado de Bexar que los fiscales intentaron incautar como parte de Operación Marea Verde y Politico Junction están valoradas hoy en 33 millones de dólares, casi cinco veces el valor de las 11 propiedades inmobiliarias residenciales de San Antonio que tenían como objetivo inicialmente.
Una propuesta de expansión de las reglas de la FinCEN fue anunciada este mes. Estas nuevas reglas, junto con la Estrategia para combatir la corrupción de la administración de Joe Biden que promete más recursos y nuevas tácticas para combatir la cleptocracia en el extranjero y el lavado de dinero en los Estados Unidos, podrían abordar directamente algunas de las deficiencias expuestas por las operaciones Marea Verde y Politico Junction. Entre las propuestas de FinCEN están la de requerir a la industria de bienes raíces reportes estandarizados a nivel nacional así como incluir a bienes raíces comerciales en las regulaciones contra el lavado de dinero.
Si FinCEN expande sus regulaciones necesita abordar más problemas, dijo Kumar: asegurarse de que los grandes acuerdos comerciales que involucren a múltiples inversionistas y aquellas transacciones que no involucren compañías de títulos también reciban escrutinio.
Una estrategia podría ser exigir a los abogados o agentes de bienes raíces que denuncien cualquier actividad sospechosa, dijo Kumar.
• La justificación de por qué los fiscales confiscaron esta casa de 3,300 pies cuadrados en los suburbios del centro de Texas permanece bajo sello. Era propiedad de una ex profesora de la Universidad Estatal de Texas vinculada sentimentalmente a Yarrington Ruvalcaba. La profesora nunca impugnó el decomiso y el gobierno de los Estados Unidos lo vendió en 2014 por 212,500 dólares.
Los registros judiciales de las operaciones Marea Verde y Politico Junction detallan las transacciones comerciales que involucran a muchos inversionistas. A fines de 2009, un testaferro de funcionarios y empresarios corruptos de Coahuila (Lorenzo Schuessler, quien es concuño de Javier Villarreal y se convirtió en “testigo protegido de la Fiscalía estadounidense) transfirió 18 millones de dólares, de cuentas bancarias de JP Morgan Chase a nombre de tres compañías de responsabilidad limitada (LLC por sus siglas en inglés) a la cuenta de su abogado, según una declaración jurada de orden de registro presentada por un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA). Un día después, el dinero se transfirió del banco del abogado a cuentas de dos nuevas LLC. Luego, esas empresas usaron el dinero para comprar bienes raíces, entre ellos un centro comercial en San Antonio, Texas, por 8 millones de dólares.
Álvaro Briseño II, el abogado de San Antonio cuya cuenta se usó en las compras de bienes raíces de 2009, no habló sobre las acusaciones en la orden de registro citando la confidencialidad abogado-cliente. Dijo que creía que sería una carga injusta para los propietarios de pequeñas empresas estar obligados a informar sobre actividades sospechosas, especialmente cuando los bancos, a menudo instituciones masivas con grandes divisiones de cumplimiento, ya están obligadas por el gobierno a monitorearlas.
“En términos generales, confiamos en el IRS (el equivalente del SAT en Estados Unidos) y los bancos”, dijo Briseño. “Una vez que el dinero está en las instituciones de Estados Unidos … hay un mayor nivel de confianza de que alguien ha examinado el dinero y está tratando con fondos legítimos”.
Como publicó Semanario en noviembre pasado, los empleados del Chase repetidamente hacían preguntas sobre el dinero involucrado en el caso de lavado de activos cuyo origen era Coahuila. Sin embargo, el banco continuó haciendo negocios con Héctor Javier Villarreal Hernández hasta que Estados Unidos confiscó sus cuentas, según muestran los registros judiciales.
• Una empresa controlada por el ex tesorero de Coahuila Héctor Javier Villarreal Hernández compró media docena de propiedades comerciales en Brownsville, incluida esta. Los fiscales en San Antonio presentaron una demanda para decomisarlo en 2012. Después de que Villarreal Hernández se declarara culpable, su compañía lo vendió a un tercero, según muestran los registros de escrituras.
En respuesta a una solicitud de entrevista, la oficina de prensa de la FinCEN remitió a los documentos publicados el 8 de diciembre en el Registro Federal en busca de opiniones del público sobre los planes para expandir la regulación de la industria de bienes raíces. “FinCEN entiende por varias agencias de aplicación de la ley que los datos de GTO de bienes raíces han sido muy útiles para la investigación de lavado de dinero y delitos financieros”, señaló la agencia.
Kumar calificó las regulaciones propuestas como un “momento decisivo” en la política contra el lavado de dinero.
El anuncio de diciembre se produjo después de que el Congreso ordenara a la FinCEN que mantuviera una lista de “beneficiarios reales” de las empresas que hacen negocios en los Estados Unidos, esencialmente rastreando a los seres humanos detrás de las empresas fantasma. Pero la nueva ley federal solo requiere que las entidades ya registradas con los gobiernos estatales se registren en FinCEN.
El registro de la FinCEN aún no se ha implementado, pero los expertos advierten que una ley de Texas lo debilitará. En 2009, la legislatura estatal enmendó el Código de Organizaciones Comerciales de Texas para permitir que las empresas extranjeras posean bienes raíces sin tener que registrarse con la Secretaría de Estado. Al hacerlo, Texas creó una laguna jurídica que podría permitir a los cleptócratas extranjeros comprar bienes raíces a través de empresas fantasma que no aparecerán en el registro de la FinCEN, dicen los expertos.
• Esta farmacia en el lado norte de San Antonio recaudó $ 8.8 millones de dólares cuando el gobierno de Estados Unidos la vendió en una subasta en 2016. Fue una de las propiedades que el ex tesorero de Coahuila, Villarreal Hernández, entregó después de declararse culpable de cargos de lavado de dinero.
“Esa exención abrió inmediatamente a Texas al lavado de dinero y la corrupción por parte de empresas fantasma extranjeras cuyos propietarios no tienen que revelar su presencia en el estado”, escribió Bean, el ex investigador del Senado, en un correo electrónico.
Nota del editor: Como se ha detallado en el reportaje “Bancos de USA: ‘lavadoras’ de la cleptocracia mexicana” y en este número de Semanario, el Estado de Texas fue escogido por múltiples funcionarios acusados de corrupción en Coahuila y otras entidades mexicanas para blanquear los capitales que habrían obtenido mediante prácticas de soborno y sobre costo en la asignación de obras públicas. La existencia de una legislación local que, en Texas, permitiría que el lavado de dinero realizado a través de la adquisición de propiedades inmobiliarias pase “por debajo del radar”, acaso siga produciendo historias como las que hemos reseñado en los últimos años, lo cual implicaría que la corrupción gubernamental en México siga desarrollándose “normalmente”.
• La unidad 1401 de esta torre de condominios frente al mar de 28 pisos se vendió en una subasta de gobierno por 640 mil dólares en 2013. Los fiscales federales en Brownsville habían alegado que el condominio fue comprado por un testaferro del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba. Yarrington Ruvalcaba se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavado de dinero en marzo de 2021.
