La trama desmantelada en la operación Tarantelo se nutría de alrededor de 2,5 millones de kilos de atún pescado furtivamente en aguas del Mediterráneo y enviado a España desde Italia y Malta.
Según la investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, los investigados desarrollaron una compleja estructura para introducir el pescado ilegal –y en muchas ocasiones en mal estado– falsificando la documentación necesaria y vendiendo grandes cantidades sin factura alguna.
Después había una segunda estructura de blanqueo de capitales para lavar los beneficios obtenidos en negro.
El conseguidor de la mercancía ilegal era Khalid Mouslim, empresario afincado en Valencia. El volumen de pescado ilegal que manejaba le hizo poner en marcha lo que se denominaban como la «nave B», en la que se almacenaba el atún de origen furtivo y que le reportaba grandes beneficios en dinero negro, de hasta 12 millones de eruos al año.
Uno de los informes de la Guardia Civil incorporados a la causa sostiene que Nelson Manuel Raposo, cómplice de Khalid Mouslim, era «la pieza fundamental en la recogida y distribución de grandes cantidades de dinero B que se intercambia entre los investigados».
Los agentes del Seprona añaden que no solo se encarga de «organizar el transporte de los ejemplares de atún rojo en la denominada nave B (…) sino que se encarga de recoger el dinero recaudado por la organización y hacérselo llegar con absoluta seguridad a D. Khalid Mouslim».
Las empresas controladas por estos investigados vendían el atún ilegal al resto de compañías investigadas, que tenían «conocimiento expreso» de la ilegalidad. La Guardia Civil sitúa en el epicentro de este segundo escalón al Grupo Ricardo Fuentes e Hijos, con sede en Cartagena y presencia en varios países, y acusa a su gestor, José Fuentes García, de haber creado «un complejo sistema de falsificación de documentos» parar dar «amparo a los ejemplares capturados furtivamente».
Se «confeccionaban» los documentos de trazabilidad el producto, albaranes y facturas para «dar una apariencia de legalidad al traslado y comercio de los ejemplares cuya procedencia es ilícita. Fuentes próximas al Grupo Ricardo Fuentes aseguran a ABC que su contacto con la trama de Khalid Mouslim fue solo circunstancial y niegan las acusaciones de la Guardia Civil.
El pescado se distribuía por toda España de forma clandestina. En una de las conversaciones interceptadas un miembro de la trama avisa a otro de que «los pescados que van a Madrid van sin documentación», por lo que no quiere que «el camión pare en varios sitios», por miedo a inspecciones.
Los investigados hablan por teléfono sin tapujos, como en una conversación del 20 de junio del año pasado sobre atunes que se vendían en Cádiz:«Jesús le dice que a Barbate van a venir tres barcos a vender (…) que cuando vengan, mitad pasadlo por la lonja, mitad por fuera». En otra intervención telefónica, «Paco dice a Alejandro que tiene pescado pero sin soporte, que ya no tiene papeles».
Triple fraude
Otra empresa que falsificaban documentación es Marfishval S.L. –asociada con Khalid Mouslim–, con sede en Beniparrel (Valencia). En concreto, los agentes del Seprona concluyen que «emitían documentos falsos para amparar el traslado, comercio y tenencia de ejemplares de atún rojo pescados furtivamente».
También usaban «documentos originales de ejemplares pescados legalmente para amparar otros pescados furtivamente» y utilizaban documentos de atún en pescados de menor calidad, «atún de aleta amarilla y patudo».
Se falsificaban las fechas de captura y las de caducidad, al tiempo que inyectaban en el pescado aditivos prohibidos que, obviamente, no figuraban en el etiquetado. Los beneficios se invertían en la compra de terrenos y vehículos y se invertían en empresas, todo ellos para blanquear el dinero. También destinaban una parte de las ganancias a «retroalimentar el negocio ilegal».
ALD/ABC
