A tres años seis meses de que Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción dieron a conocer la “Estafa Maestra”, derivado de auditorías hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ningún mexiquense ha sido castigado penalmente por estos hechos.
Antilavadodedinero / Adnoticias
En el esquema fueron involucradas ocho universidades públicas del país en la triangulación de 7 mil 670 millones de pesos del gobierno federal que fueron a parar a empresas fantasma, así como varios nombres de mexiquenses.
Entre las universidades está la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) y en las once dependencias federales había varios personajes de la entidad, aunque a la fecha no han sido responsabilizados, ni por el uso del extinto Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica (Fondict) en la contratación ilegal de empresas.
Uno de los actores mencionados en la investigación que hoy tiene el máximo cargo en la administración mexiquense fue el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, quien en ese tiempo fungía como titular de Banobras, una de las instituciones que firmó tres convenios por 491 millones de pesos con Fondict, que funcionaba de manera independiente a la UAEMex.
Quienes firmaron los contratos fueron el subdirector de Recursos Materiales de ese banco, Luis Efrén Ramírez García y el gerente de Servicios de tecnología de la Información, Gerard Pavón Luna.
Del Fondict signó los contratos Erick Harzaín Torres Mulhia quien era el director general. Uno de los convenios fue por 180.4 millones de pesos por servicios administrativos de Red LAN, Red Inalámbrica y telefonía IP para el banco, en noviembre de 2013, cuando era rector Jorge Olvera García.
Al ex rector se le señaló por haber firmado un convenio con la SEP por 230.4 millones, mientras a su ex secretario de Finanzas Javier González Martínez uno por 129.2 millones con FOVISSSTE; a los ex secretarios de Docencia Alfonso Guadarrama Rico y Janeth Valero otro con INEA por 9.5 millones de pesos, entre otros.
Los convenios iniciales se firmaron en los últimos años del rectorado de Eduardo Gasca Pliego, entre ellos uno con Sedesol y otro con Senasica que luego se modificaron con Jorge Olvera, administración en la cual se señaló a Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez y a Enrique Fitch como responsables de varios movimientos, entre ellos, de la venta de un servicio al gobierno de Oaxaca que cobraron y nunca ingresaron a la UAEMex, sin cumplir el contrato; por lo cual la universidad fue demandada y obligada a pagar tres veces el monto pactado. Por ese caso el primero fue denunciado, inhabilitado y detenido.
En ese tiempo fungió como contralor interno Ignacio Gutiérrez Padilla, quien no hizo observaciones y fue apoyado para seguir en el cargo, mientras la UAEMex litigaba un amparo para que la Legislatura no hiciera el nombramiento del titular del Órgano Interno de Control.
Padilla dejó el cargo meses antes que la justicia federal determinara que es legal el nombramiento del contralor por el Legislativo, pero a la fecha, la UAEMex mantiene su propio órgano de control, con un titular nombrado por el actual rector, Alfredo Barrera.
Cuando se hicieron convenios con Sedesol estaba al frente Rosario Robles y en una de las subsecretarías el actual secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez. En la SCT estaba Gerardo Ruíz Esparza.
En su momento Jorge Olvera negó tener responsabilidad y señaló que las observaciones de la ASF correspondían a la administración de su antecesor Eduardo Gasca, y en especial, al secretario Administrativo, Jaime Jaramillo Paniagua, quien se fue con Gasca a Sedagro.
El secretario Administrativo de Jorge Olvera, Javier González, reconoció que a su llegada al cargo firmó extensiones de convenios que se habían pactado y los cuales debía signar para no caer en responsabilidad, ni obstruir el avance de un acuerdo en marcha, pero eso, dijo, no significa que él haya robado recursos. Las observaciones que le correspondía atender se solventaron.
Eduardo Gasca se ha negado a hablar del tema, al igual que sus colaboradores.
De todos las personas señaladas por el mega fraude nadie del Estado de México ha sido vinculado a proceso, ni castigado penalmente. Tampoco se ha logrado dar con los responsables de las empresas fantasma.
