El hallazgo en Brasil, en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, de 1,1 toneladas de cocaína ocultas en un camión que transportaba guantes quirúrgicos, pone en evidencia que el narcotráfico se amolda siempre al cambio de circunstancias: los cierres fronterizos dificultan los envíos, pero la dedicación de las fuerzas del orden a fumigaciones y otras actividades de emergencia puede reducir la vigilancia.
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El episodio, ocurrido el 13 de marzo, también subraya el papel de Brasil como país fundamental en la salida de la cocaína producida en Perú y Bolivia y en menor medida Colombia, países con los que en conjunto tiene una frontera más larga que la que separa Estados Unidos y México.
Brasil es un «significativo país de tránsito y destino» de cocaína, según lo define el Informe de Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos del Departamento de Estado norteamericano.
Si bien la mayor parte de la cocaína originada en Colombia viaja a EE.UU. o Europa, a través Centroamérica y México –muchas veces partiendo desde Venezuela, y en menor medida desde Ecuador– o del Caribe, la mayor parte de la que se produce en Perú pasa a Bolivia y la de ambos países viaja sobre todo a Brasil, tanto para la exportación a Europa –en ocasiones a través de África– como para el consumo de un creciente mercado propio (también el consumo ha aumentado en Argentina).
Segundo mayor consumidor
Precisamente ese aumento del consumo en Brasil es destacado por el último informe del Departamento de Estado norteamericano. «Brasil sufre de un importante y creciente problema de consumo interno de drogas. Brasil es el segundo mayor consumidor de cocaína del mundo», después de Estados Unidos, «y probablemente el mayor consumidor de productos derivados de la cocaína».
La violencia vinculada al narcotráfico constituye la principal amenaza a la seguridad en Brasil, donde casi una cuarta parte de la población reclusa cumple condena por crímenes relacionados con las drogas (150.000 internos), más que por ningún otro tipo de crimen. En abril de 2019 el Gobierno aprobó una nueva Política Nacional de Drogas, que estableció una nueva estructura institucional para la lucha contra este problema. En junio, el presidente Bolsonaro firmó la nueva Ley contra las drogas.
El informe estadounidense, en cualquier caso, avala la lucha antinarcóticos brasileña e indica que no ve indicios de implicación de autoridades públicas en ese negocio ilícito:
«Hay poca evidencia que sugiera que altos funcionarios del gobierno están involucrados en tal actividad. Si bien hubo varias denuncias y ejemplos de corrupción política en todo Brasil en 2019, no hubo vínculos directos entre la corrupción política y el narcotráfico a nivel nacional»
Conexión con el yihadismo
El papel de Brasil como centro operacional sur del narcotráfico de la región (como México es el centro operacional norte) lo destaca la investigadora italiana Maria Zuppello en un reciente libro. Zuppello subraya cómo el puerto de Santos (la salida al mar de Sao Paulo) se ha convertido en «el nuevo hub del comercio mundial de narcóticos», del cual sale casi el 80% de las drogas de Latinoamérica con destino a Europa.
Zuppello establece que en el negocio del narcotráfico convergen las redes del crimen organizado, como es el caso del poderoso PCC (Primeiro Comando da Capital), y también del terrorismo islámico, cuya presencia en Brasil documenta. Precisamente su libro, «Tropical Jihad», rastrea esas conexiones con el radicalismo islamista y advierte que, debido al gran negocio de la cocaína, América Latina podría «acabar siendo el nuevo cajero automático para financiar la Yihad global».
En Latinoamérica, según Zuppello, «narcotráfico y terrorismo aparecen cada vez más próximos y aliados que nunca (similar al patrón en Afganistán con el mercado de la heroína)».
Habitualmente ha sido señalada la Triple Frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, como lugar de presencia de elementos de Hezbolá y de Al Qaida. Zuppello también se refiere a otros dos puntos fronterizos del «nexo crimen-terrorismo». Uno de ellos es el paso entre la ciudad uruguaya de Chuy y la brasileña de Chuí, y el otro, el paso entre la población paraguaya de Pedro Juan Caballero y la brasileña Ponta Pora. Este último paso transfronterizo, según Zuppello, «se ha convertido en la tierra de nadie del tráfico de drogas», pues se encuentra en una de las rutas de transporte que llevan la cocaína desde Perú y Bolivia hasta el puerto de Sao Paulo.
