Según la policía colombiana, el plan estuvo coordinado con el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil. Los agentes creen que los sicarios recibieron unos 500.000 dólares para asesinar al fiscal Marcelo Pecci.
Antilavadodedinero / Elpais
El asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en el Caribe colombiano ha revelado los vasos comunicantes del crimen organizado en todo el continente. Por el homicidio, que ocurrió el 10 de mayo pasado en una playa de la isla de Barú, a 45 minutos de Cartagena, mientras Pecci disfrutaba de su luna de miel, se han capturado a cinco personas. Ahora, según informaron las autoridades de Colombia, están tras los pasos de una sexta.
“Esa persona vinculada al hecho es Gabriel Carlos Luis Salinas y se habría fugado hacia Venezuela”, dijo el director de la Policía de Colombia, el general Jorge Vargas y anunció la expedición de una circular azul de Interpol para capturarlo. “Aunque no hay tanta colaboración con la oficina de Interpol de ese país les hemos pedido que lo busquen y detengan”, agregó el general, que ha dirigido un trabajo conjunto con la policía de Paraguay.
La captura en Medellín de cinco involucrados, incluido el hombre que disparó tres veces contra el fiscal después de bajar de una moto acuática, ha sido el primer paso para conocer detalles sobre los autores intelectuales del homicidio. “Las investigaciones indican que existió un plan para asesinar al fiscal Pecci en Paraguay o en cualquier país por un acuerdo entre organizaciones criminales internacionales, todo coordinado con el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil”, indicó Vargas.
Paraguay es hoy el principal productor de marihuana de la región, y el mayor corredor de cocaína desde Bolivia a Europa. La coca boliviana se mezcla en Paraguay con precursores químicos ilegales en otros países. Después se oculta en camiones, y contenedores de barco para ser transportada hasta África y Europa. Cabo Verde y Rotterdam son los principales puertos de destino según la secretaria antidrogas de Paraguay (Senad).
El país se ha convertido entonces en un espacio fértil para las más variadas organizaciones delictivas y Pecci era Fiscal Especializado contra el Crimen Organizado de Paraguay, que tenía a su cargo varios de los más importantes casos de narcotráfico y lavado de dinero de ese país. Una de las principales investigaciones era contra el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, uno de los grupos mafiosos más poderosos de Sudamérica, que tiene presencia en las ciudades fronterizas de Pedro Juan Caballero y Ponta Porã, puntos calientes del narcotráfico internacional
“Seguimos trabajando de la mano de la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos). La inteligencia de esta agencia antidrogas ha sido clave. El crimen podría estar relacionado narcotráfico a nivel mundial sin descartar que esté vinculado a su vez con terrorismo radical”, explicó Vargas.
Pecci también había investigado a una estructura de Hezbollá. En 2019, entregó a agentes de la DEA al libanés Nader Mohamad Farhat, pedido en extradición por el Tribunal del Distrito Sur de la Florida por lavado de dinero. En ese mismo caso están investigados Mahmoud Ali Barakat (extraditado en 2018) y Kassed Mohamad Hijazi, un ciudadano brasileño de origen libanés.
También estaba detrás de la investigación del Operativo A Ultranza Py, que dejó varios detenidos por tráfico internacional de drogas y el asesinato del empresario Mauricio Schwartzman; y llevaba el caso de San Bernardino, en el que fueron asesinadas una modelo y un presunto delincuente en un concierto de cumbia que reunía a más de 20.000 personas.
Como ocurrió hace décadas en Colombia, la narcopolítica se ha convertido también en un fenómeno en Paraguay. “Es muy difícil encontrar un caso en donde no esté vinculado un político. Varios de los que Pecci llevaba como fiscal también tenían como sospechosos o imputados a políticos que están en prisión”, explicaba días antes a este diario Juan Martens Molas, doctor en criminología y director del Instituto Comparado en Ciencias Sociales y Penales Inecip.
Un exmilitar entre los capturados
Durante la audiencia judicial de los involucrados se conoció que por el homicidio del fiscal antimafia pagaron 2.000 millones de pesos colombianos (unos 500.000 dólares), que se preparó en una plaza de mercado de Envigado, una ciudad aledaña a Medellín; y que los sicarios se guiaron también por la información que se publicaba en redes sociales.
“Los delincuentes dijeron que estuvieron perdidos en muchos momentos, pero por las redes sociales lograron ubicar dónde estaban Pecci y su esposa”, dijo también el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa. La pareja mostró por Instagram los detalles de su viaje y la alegría por el bebé que esperan.
La Fiscalía asegura que las más de 200 pruebas, como 2.500 horas de video, 67 interceptaciones y la reconstrucción técnica de las comunicaciones de los involucrados, dejaron sin piso a la defensa de los capturados. De los cinco detenidos, cuatro aceptaron los cargos. Solo Francisco Luis Correa Galeano, que la Fiscalía considera el “articulador” del crimen, se negó a hacerlo. “Sabemos que Correa fue el que estructuró la operación con unos sicarios que llegaron a la ciudad de Cartagena”, explicó Barbosa.
Los otros investigados son el venezolano Wendre Still Scott Carrillo, quien habría disparado contra el fiscal; Eiverson Arrieta, supuesto responsable del transporte y Marisol Londoño y su hijo, presuntos involucrados en seguimientos.
Correa es un exmilitar colombiano que ha pasado dos veces por la cárcel, tiene una condena por abuso sexual y pertenece a una estructura criminal llamada ‘Los Paisas’. Le encontraron una pistola 9 milímetros, dinero y comprobantes de pago. Su caso recordó la participación de otros exmilitares en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Aún no es claro si Correa negociará con la Fiscalía, pero su testimonio sí sería clave para saber quién ordenó el asesinato.
