Muchas jurisdicciones han implementado leyes de denuncia de irregularidades para aumentar la cantidad de informes sobre casos contra corrupción, fraude, mala conducta y otras actividades ilegales.
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Actualmente, se están debatiendo estrategias similares en Brasil, un país que está siguiendo a otros miembros de la OCDE en la protección de los denunciantes.
Sergio Moro, Ministro de Justicia, fue nombrado en 2019 por el nuevo presidente de Brasil y tiene la tarea de cambiar el panorama de denuncias de Brasil. En su primer año en el cargo, presentó un paquete contra el crimen (Proyecto de ley No. 10,372) con 19 puntos para enmendar varias leyes, incluida la Ley 13,698 de 2018, para proporcionar más incentivos y protecciones para los denunciantes.
En diciembre de 2019, la Cámara de Representantes de Brasil aprobó el paquete contra el crimen de Moro, pero eliminó 11 de las 19 enmiendas. Una enmienda no eliminada por la Cámara se refiere a protecciones e incentivos monetarios para los denunciantes.
En virtud del proyecto de ley 10.372 en desarrollo, el artículo 15 modifica la Ley 13.698 para proporcionar protecciones e incentivos financieros a los denunciantes de manera similar a la mayoría de los países de la OCDE en tres formas clave:
Primero, la enmienda garantiza que cualquier persona tenga derecho a informar información sobre delitos contra la administración pública, infracciones administrativas o cualquier acción u omisión que sea perjudicial para el interés público.
En segundo lugar, la enmienda brinda protección total contra represalias y exención de responsabilidad civil o penal en relación con el informe, a menos que el denunciante haya proporcionado información o evidencia falsa a sabiendas.
Tercero, confidencialidad: el denunciante tendrá derecho a permanecer en el anonimato.
Sin embargo, la enmienda va más allá y ofrece incentivos financieros de hasta el cinco por ciento del monto recuperado.
Más adelante este año, el paquete contra el crimen irá al Senado de Brasil. Si se aprueba, Brasil estará un paso más cerca de tener un régimen de denuncias equivalente a sus pares de la OCDE.
