La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de hacer negocios con la empresa española Acciona Energía, una socia de Odebrecht que ha sido indagada y sancionada por haber cometido actos de corrupción en países de Latinoamérica y Europa.
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La acusación señala que una compañía mexicana vinculada al mandatario panista, Enerxiza Wind, se asoció con Acciona Energía para, de manera ventajosa, ganar en 2016 la licitación para la construcción y operación del parque eólico El Cortijo, que genera energía limpia para después venderla a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La adjudicación tuvo lugar en septiembre 2016, un mes antes de que Cabeza de Vaca asumiera la gubernatura de Tamaulipas. Sin embargo, de acuerdo con la UIF, las negociaciones encaminadas a ganar el negocio eólico comenzaron tiempo antes, en el marco de la aprobación de la Reforma Energética, cuando el panista se desempeñaba como senador de la República.
Según la investigación, Cabeza de Vaca tiene participación en Enerxiza Wind a través de un presunto prestanombres identificado como Baltazar Higinio Reséndez Cantú, que funge como accionista de la compañía.
Reséndez Cantú es un empresario de origen tamaulipeco que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, fue fichado por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) -la UIF estadounidense- por lavado de dinero.
La acusación forma parte de la información aportada por la UIF a la Fiscalía General de la República (FGR) para sustentar la solicitud de desafuero del gobernador Cabeza de Vaca, quien es señalado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
El prestanombres del gobernador
En 2012, antes de ganar el contrato, la empresa Enerxiza Wind, en colaboración con la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), promovió la instalación de una torre anemométrica para hacer estudios eólicos, a fin de determinar la viabilidad de construir un parque en la comunidad de El Cortijo.
La certificación de factibilidad de la obra llegó un año después, con lo que se determinó procedente la construcción y se declaró una Temporada Abierta para que los licitantes presentaran sus propuestas.
Enerxiza Wind no sólo logró hacer viable el proyecto, sino que ganó la licitación para su construcción en sociedad con Acciona. Actualmente, el parque eólico es operado totalmente por la empresa española.
Los nexos de Enerxiza Wind con el gobernador tamaulipeco no sólo conducen a su presunto prestanombres -Reséndez Cantú-. Conforme la acusación de la UIF, esta compañía señala su domicilio fiscal en el Ejido de La Retama, en Reynosa, donde comparte sede con otra empresa de la familia Cabeza de Vaca, cuyo nombre no fue indicado.
“De la información obtenida, se sabe que una de las empresas familiares de Francisco ‘N’ adquirió prácticamente la totalidad del Ejido de La Retama”, señala.
El empresario Reséndez Cantú es una pieza central en la acusación contra Cabeza de Vaca por operaciones con recursos de procedencia ilícita, base para la solicitud de su desafuero.
Según la UIF, el presunto prestanombres también es accionista de las empresas que participaron en el esquema de corrupción utilizado para “comprarle” en 2019 al gobernador un departamento en Santa Fe por 42.1 millones de pesos, un valor 300% superior al precio en que lo adquirió el panista tres años antes.
Negocios con un socio incómodo
El proyecto de El Cortijo es el quinto parque eólico operado por Acciona en México y se terminó de construir en septiembre de 2018. Se trata de una instalación de 168 megavatios (MW) de potencia y ha significado una inversión de 235 millones de dólares.
Acciona Energía suscribió un contrato con la CFE para venderle, durante 20 años, energía limpia (CELs) producida en El Cortijo.
Ese tipo de contratos han sido cuestionados por la actual administración, que acusa altos costos para el erario. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que en 2016 la CFE perdió 1 mil 031 millones de pesos por comprar energía renovable más cara a los proveedores privados.
La española Acciona está bajo investigación de la Fiscalía de Ecuador por sospechas de corrupción en un contrato que ganó en consorcio con Odebrecht en 2015 para construir un tramo del Metro de Quito, por un monto de mil 500 millones de dólares. A su vez, la Fiscalía de Colombia indaga a ambas firmas por presuntamente haber simulado competencia en una licitación en ese país.
En 2019, el Banco Mundial vetó por dos años y medio a una filial de infraestructura de Acciona en Bolivia por cometer irregularidades en una oferta y mentir sobre los avances de una obra. Y en Europa, la justicia española ha multado y encarcelado a exdirectivos de la empresa y exfuncionarios por un escándalo de corrupción relacionado con una obra pública en la comunidad autónoma de Aragón.
