Luego de saber que le será retirado el fuero constitucional, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, explicó que las acusaciones que pesan en su contra se deben a la operación financiera relacionada con la compra-venta de un departamento.
Antilavadodedinero / animalpolitico
La noche de este lunes, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados notificó al gobernador sobre la solicitud de declaración de procedencia.
Cabeza de Vaca es acusado por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
En una carta, Cabeza de Vaca señala que la acusación de defraudación fiscal se debe “a un supuesto impago de contribuciones fiscales, derivadas de la venta de un departamento”.
El gobernador asegura que esa propiedad había sido previamente reportada tanto en sus declaraciones patrimoniales, como en las de su esposa, a finales de 2019.
“La imputación de lavado de dinero proviene de que el dinero de la venta del departamento fue canalizado a través del sistema financiero, mientras que la presunta comisión del delito de delincuencia organizada se sostiene en la supuesta participación de varios integrantes de mi familia”, explica Cabeza de Vaca.
El gobernador asegura que todas las acusaciones en su contra serán desmentidas durante el procedimiento.
Acusa que en la solicitud presentada por el Ministerio Público existen suposiciones y especulaciones contenidas en otras denuncias “que nada tienen que ver con las conclusiones que, para efectos del desafuero, se someten a consideración en la Cámara de Diputados”.
También dice que en la solicitud no existe un solo elemento que compruebe que la investigación está relacionada con la actuación de autoridades de Estados Unidos.
El gobernador añade que nunca se le han imputados delitos relacionados con el robo de combustibles, crimen organizado o narcotráfico y que desde el momento en que se dio a conocer la investigación, él solicitó una comparecencia para responder a las acusaciones, sin que se le brindara ese derecho.
“Reitero mi disposición a aclarar las sospechas que se han sembrado en mi contra, con propósitos políticos y electorales”, expresa el gobernador.
El monto de la operación irregular, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera y la FGR, es de 42 millones de pesos que depositaron a una cuenta Cabeza de Vaca a finales de 2019 y que luego se dispersaron a cuentas de familiares.
Según la investigación de la UIF-FGR, este dinero podría tener un origen ilícito, además de que no se habrían pagado impuestos por él.
En entrevista para la periodista Carmen Aristegui, Alonso Aguilar Zinser, abogado de Cabeza de Vaca, detalló que según el expediente, en la operación de compra-venta del departamento que refiere el gobernador estaría implicado un presunto contratista del gobierno de Tamaulipas.
La acusación señala que dicho contratista envió dinero a la persona que compró el departamento antes de que ésta efectuara la operación.
La hipótesis de la parte acusadora es que a través de un tercero, el contratista hizo llegar el dinero a Cabeza de Vaca.
Sin embargo, la defensa del gobernador asegura que esto es mentira. Incluso, dicen, el comprador del departamento lo hizo porque tiene otro inmueble en el mismo edificio.
El abogado aseguró comprobarán que no hay relación alguna entre el comprador y el contratista señalado.
De acuerdo con la defensa de Cabeza de Vaca, el departamento fue comprado por el gobernador en 2013, “casi en obra negra”, y vendido en 2019 por un monto de 42 millones.
