Las cajas de ahorro y comunales en Ecuador enfrentan nuevas exigencias legales. La Junta de Regulación Financiera exige que se formalicen en los próximos 12 meses ante el aumento de irregularidades, riesgos de sobreendeudamiento y posibles delitos financieros. Entérese de lo que deben hacer.
Una figura creada para fomentar la autogestión financiera entre vecinos, gremios o comunidades está saliéndose de control. Se trata de las cajas de ahorro y cajas comunales, que son mecanismos tradicionales y legales mediante los cuales grupos con un vínculo común—como vecinos, trabajadores o miembros de una comunidad—pueden juntar dinero entre sí para ahorrar o prestarse mutuamente.
Pero en la práctica, muchas de estas cajas están actuando como verdaderas cooperativas de ahorro y crédito sin serlo: captan dinero de terceros que no son parte del grupo, otorgan préstamos por miles de dólares, se promocionan en redes sociales, tienen sedes llamativas y ofrecen servicios financieros como si fueran bancos o cooperativas formales.
Esta distorsión preocupa a gremios y autoridades. En su momento, Édgar Peñaherrera, gerente de la Red de Integración de Cooperativas (Icored), ya ha advertido que muchas de estas cajas están sobreendeudando a las personas y podrían estar siendo usadas para lavado de dinero.
El crecimiento de estas cajas se disparó especialmente desde 2022, cuando decenas de cooperativas pequeñas del segmento 5 (aquellas con activos menores a $1 millón) perdieron su estatus legal por no alcanzar el capital mínimo exigido ($200.000) y debieron convertirse en cajas de ahorro o comunales
Hoy, existen 572 cajas de ahorro y comunales, una cifra que supera a las 398 cooperativas de ahorro y crédito que operan legalmente. El problema es que estas cajas no son supervisadas ni controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (Seps). Solo están obligadas a registrar su nombre y operar bajo un sistema de autocontrol.
La Junta de Regulación Financiera pone orden: cajas de ahorro y comunales en Ecuador deberán formalizarse
La Junta de Política y Regulación Financiera acaba de emitir una resolución que redefine el marco legal para estas entidades. Ahora, todas las cajas de ahorro y comunales deberán registrarse como personas jurídicas ante la Seps y obtener autorización para operar.
Además, tendrán que demostrar que existe un vínculo común real entre sus socios, contar con estatuto social, mecanismos de solución de conflictos, un representante legal y límites claros en su actividad.
Estas son algunas de las nuevas reglas que deberán cumplir:
- Tener activos de hasta $400.000 como máximo.
- Conceder préstamos solo a sus socios, sin exceder el 5 % de los activos de la caja por persona.
- No promocionar sus servicios al público ni operar más allá de una oficina física.
- No recibir depósitos de terceros ni manejar dinero ajeno al grupo.
Además, los depósitos en estas cajas no estarán cubiertos por el seguro de depósitos, y tampoco podrán participar en el Fondo de Liquidez, como sí ocurre con las cooperativas de ahorro y crédito.
noticias
