Un presunto líder de una mafia rumana que supuestamente operaba una red masiva de clonación de tarjetas en cajeros automáticos de la costa del Caribe mexicano y otros destinos turísticos, fue detenido el jueves por agentes de la Fiscalía General de la República.
Antilavadodedinero / sunsentinel
La fiscalía confirmó que se trata de Florian Tudor, ciudadano rumano a quien se le acusa de los delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado. Según indicó este departamento en un comunicado, la orden de aprehensión se ejecutó en cumplimiento de una petición de extradición del gobierno de Rumania.
Un agente de la fiscalía intentó impedir el arresto y el abogado de Tudor agredió a golpes a la policía. La nota de prensa indica que los dos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público pero no aclara si el agente que intentó ayudar al sospechoso era uno de los movilizados para su captura o alguien que estaba con Tudor.
El escándalo que rodea a este empresario, apodado “El Tiburón”, incluye, además de la red de clonación de tarjetas, contactos con funcionarios de alto nivel mexicanos.
En febrero, Santiago Nieto —titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el departamento encargado de rastrear operaciones sospechosas de lavado de dinero— informaba que “por acuerdo del gabinete de seguridad nacional” bloquearon “a 79 personas físicas y morales de un grupo delictivo con personas de nacionalidad rumana y mexicana que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en los destinos turísticos”.
Semanas después, el 3 de marzo, Tudor fue recibido por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, porque había solicitado una audiencia al considerarse inocente y víctima de una persecución política. “Nuestro trato fue como a cualquier ciudadano, de escucharlo, pero no dimos ninguna opinión al respecto”, indicó entonces Rodríguez tras aclarar que ese tema estaba en manos de la fiscalía pero que no existía ninguna orden de captura en su contra.
Sin embargo, las acusaciones de la UIF contra Tudor eran contundentes e implicaban movimientos sospechosos por unos 25 millones de dólares. Según los datos ofrecidos por este departamento en febrero, la red criminal ya se había expandido del Caribe a otros destinos turísticos del Pacífico, como Los Cabos, la Riviera Nayarita o Puerto Vallarta. Operaba mediante la alteración de cajeros automáticos instalados en hoteles turísticos a los que les instalan dispositivos para clonar las tarjetas y, después, hacer retiros. Posteriormente, ese dinero era ingresado al sistema financiero a través de empresas fachada.
La Agencia Federal de Investigaciones estadounidense (FBI, por sus siglas en inglés) colaboró con la UIF en este caso en el que también se detectó que había funcionarios públicos facilitando estas transacciones ilícitas.
Tudor dijo a través de sus redes sociales que era víctima de un complot orquestado por el exjefe de la policía de Quintana Roo, donde está Cancún y la Riviera Maya, y el propio gobernador del estado, que habían pagado millones a la prensa para calumniarle.
La prensa local registró también otro incidente en 2018 cuando otro rumano, supuestamente miembro de un grupo contrario al de Tudor, fue encontrado muerto cerca de la casa del sospechoso. Las circunstancias de ese crimen no han sido aclaradas.
